Hacia la ‘federalización’ en la jurisdicción administrativa

Hacia la ‘federalización’ en la jurisdicción administrativa

La inminente puesta en funcionamiento de los jueces administrativos ha suscitado no pocos temores en especial en lo concerniente a los asuntos de su competencia y al virtual salto de una justicia administrativa colegiada a una justicia administrativa unipersonal, dadas las amplias atribuciones que aquellos tendrían. (VER GRAFICO)

01 de junio 2006 , 12:00 a. m.

Sin embargo, poco se ha dicho de los riesgos que entraña en materia de unificación jurisprudencial, en la medida en que de acuerdo con los artículos 16 de la Ley 472 y 3 de la Ley 393 de 1997 cuando ello suceda la primera instancia de estas acciones constitucionales (se discute si ello también sucedería con las acciones de grupo) recaería en los jueces administrativos y la segunda instancia correspondería a los distintos Tribunales Administrativos.

Esta situación comporta un riesgo grave de “federalización” de la jurisprudencia, ya que desaparecería la competencia transitoria asignada por dichas leyes al Consejo de Estado, lo que entrañaría abocarnos a criterios jurídicos disímiles según el ámbito territorial de cada corporación judicial, en franca contradicción con la seguridad jurídica y, por qué no, del propio modelo unitario de nuestro Estado.

Aunque nadie discute las bondades que comportará la implantación de los jueces unipersonales para un mejor desempeño de la justicia administrativa, como una de las soluciones a la delicada congestión que ésta acusa, es necesario crear instrumentos que le permitan al Consejo de Estado continuar siendo órgano de cierre en los juicios populares y de cumplimiento.

Así hay quienes proponen una suerte de ‘revisión eventual’ por parte del Consejo de Estado de los fallos que se profieran en todo el país, de modo que se replique la experiencia de la Corte Constitucional en materia de tutela. Sin embargo, no deben perderse de vista los riesgos constitucionales de una medida de esta naturaleza en razón a que esta figura no estaría prevista -como sí sucede con el amparo- en el texto constitucional y una modificación legal en este sentido podría también atentar contra la cláusula general de igualdad dada la enorme discrecionalidad que su implantación podría entrañar. A su vez, voces tan autorizadas como la del Ramiro Saavedra Becerra, actual Presidente del Consejo de Estado, estiman que se impone establecer -no sólo para estos efectos- una suerte de recurso de ‘casación administrativa’ de modo que sea el Consejo de Estado quien en últimas defina el criterio que sobre estas materias deba seguirse en todo el país, o la creación de instancias intermedias entre los Tribunales y el Consejo de Estado (Cortes de apelación como sucede en Francia), que sirvan de filtro a este último, para que dicha Corporación conserve la orientación final en los grandes temas que le competen.

En todo caso, es preciso tener en cuenta que la ley 472 adolece de grandes falencias en su concepción, lo que ha generado controversias nada pacíficas en el seno de la jurisprudencia, de ahí que, como ya lo advirtió la Consejera de Estado Ruth Stella Correa Palacio, en el pasado encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se impone una intervención eficaz y coherente del legislador, en orden a emprender una audaz reforma de este maltrecho marco normativo.

Un primer paso en la dirección correcta lo ha dado el Senador Germán Vargas Lleras al presentar el proyecto de Ley 270 de 2006, sobre cuyo contenido y alcance debe abrirse un amplio debate que trascienda la discusión parlamentaria y permita que el asunto se ventile desde la academia, la Jurisdicción, la Defensoría del Pueblo, los abogados litigantes y la comunidad en general.

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