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SE MANTIENE CONTRATO DE LOS GALIL

SE MANTIENE CONTRATO DE LOS GALIL

Los Mosqueteros -que confiaban en presionar la suspensión del contrato para la adquisición de piezas y ensamblaje de fusiles Galil en Colombia- fallaron en su empeño. Ayer, en el marco del publicitado debate sobre el contrato de los Galil, el Gobierno notificó a las cámaras que mantendrá en firme la negociación y fabricará en Colombia los fusiles.

Fernando Botero Zea, ministro de Defensa, subrayó la transparencia del proceso de licitación y adjudicación de los fusiles realizada por su antecesor, Rafael Pardo, y dijo que dar marcha atrás significaría exponer a la Nación a demandas que podrían costarle 40.000 millones de pesos.

La crisis económica por la que atraviesan las fábricas importantes de armamento en el mundo -sostuvo Botero- justifica precisamente la necesidad de tener nuestro propio mercado.

La fábrica nacional impide la intervención de otros países en asuntos de Colombia. Además esta iniciativa trae beneficios laborales, ya que genera empleo en Indumil y en las empresas nacionales que participarán en el proyecto .

En medio de un debate matizado por una exhibición de armamento en pleno salón elíptico de la Cámara, el ministro respondió uno a uno los interrogantes que le plantearon los representantes Carlos Alonso Lucio, Ingrid Betancourt, Guillermo Martínezguerra y María Paulina Espinosa, organizadores del debate.

Los cuatro representantes y en particular Martínezguerra e Ingrid Betancourt no fueron cuestionados por otros parlamentarios, pese a que se aguardaba que alguien los instara a explicar sus presuntos conflictos de intereses.

Martínezguerra mostró una certificación que le extendió la Registraduría para probar que quien le acusa de tener nexos con la firma Colt -una de las derrotadas en la licitación de los fusiles- no existe legalmente.

Las descargas lanzadas por los cuatro mosqueteros no hicieron mella en el contrato que convertirá a Colombia en productor de fusiles Galil.

El gobierno no dará marcha en la negociación que le permitirá al país, con el apoyo de la industria militar israelí, ensamblar y producir 105.000 armas de este tipo durante los próximos cinco años.

Decretar la terminación unilateral del contrato expondría a la Nación a una demanda que, según el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, le obligaría a pagar 40.000 millones de pesos.

No podemos caer en una irresponsabilidad de esta naturaleza , dijo Botero al replicar los argumentos de Los Mosqueteros , como se han hecho llamar los representantes Ingrid Betancourt, María Paulina Espinosa, Carlos Alonso Lucio y Guillermo Martinezguerra.

El gobierno fijó oficialmente su posición en desarrollo de una sesión que duró casi siete horas, las dos primeras a puerta cerrada.

Los mosqueteros descargaron su artillería en tres frentes: las posibles inconsistencias jurídicas, económicas y de inconveniencia social de una negociación que representará gastos por cerca de 50 millones de dólares.

No se presentó el debate que durante cuatro semanas estuvieron preparando febrilmente sus promotores. La plenaria no reaccionó con argumentos a favor o en contra cuando Ingrid Betancourt dijo que la negociación tenía mucho de chantaje para el país.

Tampoco cuando presentó una relación de cifras sobre el mercado de las armas, según las cualesla Industria Militar pretende fabricar fusiles Galil a 900 dólares, cuando en el exterior los de la marca AK47, según ella más efectivos, se consiguen a 200 dólares.

Sin interpelaciones, Ramiro Lucio reforzó argumentos con esta reflexión política: Seguir con la negociación significaría que durante los próximos 7 años -lapso de ejecución del contrato- no podría haber paz negociada con la guerrilla o aceptar de hecho que el Ejército es incapaz de ganar la guerra .

Al ministro de Defensa le bastó con la lectura de pequeños apartes de dos conceptos jurídicos para voltear los argumentos a su favor y para rebatir una acusación según la cual Indumil violó el régimen de contratación, incurrió en celebración indebida de un negocio tan cuantioso y cayó en una preadjudicación al comprar un lote de fusiles Galil antes de convocar la licitación para su ensamble en el país.

Barras y fusiles Con todo, la sesión tuvo ciertos toques de espectacularidad. El ministro Botero se hizo acompañar, además de sus asesores, por 15 mujeres suboficiales del Ejército y la Fuerza Aérea que portaban, a manera de exhibición, fusiles producidos por las tres casas que se inscribieron para la Licitación.

Incluso les hizo repartir entre los congresistas proyectiles de calibres 7.62 y 5.56, mientras hablaba -apoyado con recursos audiovisuales- de las bondades del Galil.

Los cuatro mosqueteros llevaron sus propias barras que cada cierto tiempo se hicieron sentir con trepidar de aplausos.

A juicio de varios de los asistentes, el debate traicionó las expectativas sobre una posible actitud crítica de la Cámara frente los presuntos intereses personales atribuidos a los citantes.

El tema solo mereció una alusión, casi tangencial, durante una discusión previa y secreta.

Allí Guillermo Martinezguerra, acusado de tener vínculos con los representantes de la firma Colt -derrotada en el proceso de adjudicación- presentó una constancia que le extendió la Registraduría, en el sentido de que Orlando Zafra Corredor, el misterioso personaje que sacó a la luz pública comprometedoras cartas, no existe legalmente.

Según el documento, la cédula con la que se identificaba Zafra corresponde a otra persona.

Al final, y antes de despedirse efusivamente del ministro, Los Mosqueteros se declararon insatisfechos con las explicaciones del gobierno.

Anunciaron que esta misma semana impugnarán el contrato ante el Consejo de Estado.

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