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DE LA INCAPACIDAD A LA IMPUNIDAD

DE LA INCAPACIDAD A LA IMPUNIDAD

Hace apenas tres años algunas conductas consideradas delitos fueron degradadas, convirtiéndolas en contravenciones, en virtud de la Ley 23 de 1991 con el fin específico de descongestionar los juzgados y lograr -ese era el propósito- imprimirles más agilidad a los procesos de mayor envergadura. Ahora se está pensando lo contrario, es decir, tipificar nuevamente ciertas conductas, para evitar -como muchos lo consideran- que por no tener la categoría de delitos, queden impunes. Han sido muchas las modificaciones que últimamente han afectado nuestro ordenamiento penal. En algunos casos con mala suerte para importantes esfuerzos que han tenido muy corta vida jurídica, como ocurrió con la Ley Antisecuestro. Con la Ley 58 del año pasado se suprimieron los jurados de Derecho, que tan sólo dos años atrás se habían previsto para los delitos de homicidio de que conocen los jueces de circuito.

La Ley 81, también del año pasado, introdujo reformas al nuevo Código de Procedimiento Penal de 1991 al contemplar, entre otros aspectos, la rebaja de penas por colaboración con la justicia. La misma ley de contratación -Ley 80 de 1993- sirvió para que se agravara la sanción punitiva para el servidor público que incurra en algunas de las conductas tipificadas como delitos. En el mismo año también tuvieron origen la Ley 104 para extender por dos años la vigencia de algunas medidas dictadas durante la conmoción interior, y el Decreto 2535 relacionado con la tenencia y porte de armas, municiones y explosivos, sólo para citar algunas de las iniciativas que se han promovido recientemente.

Se habla nuevamente de más modificaciones al estatuto represor para introducir mayor drasticidad a ciertas penas. Sin embargo, casi nada se ha dicho acerca de los recursos y mecanismos que se asignarán a la Administración de Justicia para que las tan anheladas penas cumplan, además de su función retributiva, su función preventiva, protectora, y sobre todo, resocializadora.

Otro aspecto que hay que considerar cuando se habla de castigar delitos, es el relacionado con el aparato investigador. No importa cuántos delitos existan en el Código, ni qué tan drásticas sean las penas que se impongan, si los organismos del Estado encargados de llevar a cabo las investigaciones no cuentan con los suficientes recursos tecnológicos y humanos -idóneos- para cumplir su función. La impunidad se combate con la obtención técnica y oportuna de las pruebas que le permitan al juez juzgar y sancionar.

Se espera que el nuevo Fiscal General de la Nación, cuya elección por parte de la Corte recayó felizmente en un hombre probo y honesto como Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien tiene las ganas y la inteligencia para lograrlo, trabaje intensamente en el fortalecimiento de la capacidad acusadora para minar la génesis de los delitos, que es la impunidad.

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