En un discurso en la universidad de Georgetown, en Washington, OConnor se fue lanza en ristre contra varios miembros del Partido Republicano, a los que acusó de usar sus mayorías en el Congreso para restar poder y autonomía al sistema judicial del país.
La denuncia es significativa pues la ex magistrada, que prestó servicio en la Corte Suprema por casi 25 años, es republicana y fue nombrada en 1981 por un presidente de este mismo partido: Ronald Reagan.
Los ataques de algunos líderes republicanos se están convirtiendo en una amenaza directa contra nuevas libertades constitucionales, dijo O'Connor.
Se refería a figuras como el representante a la Cámara Tom DeLay o el senador John Cornyn, que han salido a criticar públicamente decisiones de las Cortes de Justicia en temas sensibles como el aborto, el derecho a la oración o la eutanasia.
Según afirma OConnor, el problema no está en disentir sino en politizar las decisiones al punto de orquestar retaliaciones contra los jueces que no concuerden con su ideología.
'Debate sí, retaliación no' OConnor mencionó que también hay planes para sacar adelante una reforma judicial que permitiría hacerles juicios de destitución a los mismos jueces, recortaría la jurisdicción de las cortes o eliminaría la financiación de jueces para castigarlos en el caso de encontrar fallas en sus conductas.
Estos temas serían hasta debatibles afirmó OConnor mientras no sean una retaliación por decisiones con las que los líderes políticos no coinciden. A lo que me opongo es a una reforma guiada por razonamientos partidistas... Nuestra efectividad como jueces depende de la noción de que no seremos víctimas de retaliación por nuestras acciones judiciales.
'Alimentan la violencia'.
De acuerdo con la magistrada, estos ataques solo están alimentando una oleada de violencia que se viene registrando contra jueces en el país.
De nada ayuda cuando un líder del Senado sugiere que la violencia contra los jueces en Estados Unidos está relacionada con decisiones de la Corte con las que el senador no está de acuerdo, sostuvo OConnor, que citó el asesinato en plena corte de un juez en Georgia y la familia de otro juez en Illinois, que fue asesinada dentro de su propia casa.
La jurista apeló a los Fundadores de la Patria, alegando que los principios de la democracia que con tanto cuidado edificaron, otorgaron al poder judicial el rol de protector y garante de los derechos ciudadanos frente a posibles injerencias de las otras ramas del poder. Las experiencias de países en vías de desarrollo o de países comunistas demuestran que la interferencia con la independencia judicial ha permitido el florecimiento de las dictaduras. Debemos estar muy vigilantes frente a aquellos que quieren amordazar el poder judicial.
Se necesita de una gran degeneración antes de que un país caiga en una dictadura, pero debemos evitar ese fin evitando este comienzo, dijo OConnor, cuyos comentarios fueron catalogados por la prensa como muy fuertes e inusuales dada su envergadura.
ES MEJOR PREVENIR...
Se necesita de una gran degeneración antes de que un país caiga en una dictadura, pero debemos evitar ese fin evitando este comienzo.
Sandra Day O'Connor, ex magistrada de la Corte Suprema.
PODERES PRESIDENCIALES, IN CRESCENDO.
Paralelo a la camisa de fuerza que, según la ex magistrada Sandra Day OConnor le están poniendo al aparato judicial, en los últimos años también se ha evidenciado un fortalecimiento del poder presidencial en Estados Unidos. cuya justificación ha sido la guerra contra el terrorismo. Algunos ejemplos.
El Acto Patriota, aprobado por el Congreso el 2001 y reautorizado este año, otorgó a los aparatos de inteligencia al servicio del Estado una serie de instrumentos que han sido denunciados como violatorios de los derechos civiles.
La detención ilimitada, sin beneficio de hábeas corpus, de una persona de la que se sospeche tenga vínculos con organizaciones terroristas.
El espionaje a las comunicaciones de ciudadanos extranjeros e incluso estadounidenses, sin que exista una orden judicial previa.
El establecimiento de prisiones o centros de detención en el extranjero a los que se lleva a sospechosos para interrogarlos.
El monitoreo de estudiantes extranjeros y la posibilidad de revisar el material consultado por los estadounidenses en las bibliotecas.
Los abusos o torturas cometidos en estos interrogatorios en prisiones como las de Abu Ghraib en Irak y de la base de Guantánamo, en Cuba.
El uso de información clasificada para desprestigiar a rivales políticos, como sucedió con el caso del ex embajador Joseph Wilson y su esposa, Valerie Plame.
La presión contra la prensa para que revele sus fuentes en casos sensibles, como el de Plame, una espía de la CIA cuyo nombre terminó filtrado a la prensa.
La destitución de funcionarios públicos que hayan filtrado información a la prensa, como sucedió esta semana con una operaria de la CIA a la que se le acusa de haber sido la fuente de The Washington Post en el caso de las prisiones de Estados Unidos en el exterior.
