El Grupo fue incluido en la lista Clinton el 10 de mayo del 2005, por sindicaciones de narcotráfico. Pocos días después la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio sobre unos activos valorados en unos 250.000 millones de pesos.
A mediados de junio de 2005 la Dirección Nacional de Estupefacientes recibió en administración los bienes del Grupo Grajales.
Los operativos de intervención de los bienes se llevaron a cabo en La Unión sede del grupo-, Toro, Tulúa, Roldadillo, municipios en el norte del Valle del Cauca y Bogotá.
Los rumores sobre estas operaciones venían desde mediados del 2004, luego de la detención de Lorena Henao, viuda de Iván Urdinola Grajales, jefe del cartel del Norte del Valle; pues durante la operación que concluyó con su captura en Panamá, en enero de ese año, las autoridades hallaron documentos que la vinculaban a la organización de los Grajales.
De acuerdo con el depositario de los activos del grupo Grajales, Oswaldo Pérez, quien fue nombrado por el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Vives, esas empresas, líderes en la producción agroindustrial, venían con problemas estructurales pues en ellas se estaba dando un manejo gerencial primario en donde no había suficiente planeación ni se aprovechaban factores como el controlar cerca de la mitad de la producción nacional de fruta para regular precios.
Una de las fallas más protuberantes y sobre las cuales la Superintendencia de Sociedades ha realizado exigencias, es la falta de un sistema de información contable que permita apreciar la situación real del grupo, pues se encontraron estados financieros equívocos y cuentas entre compañías sin un manejo ortodoxo.
Los señalamientos de la justicia de Estados Unidos, que estuvieron acompañados del bloqueo de cuentas bancarias, suspensión de pagos y la intervención de los organismos colombianos, agravaron el panorama para unas 15 empresas principales, que a pesar de todas las restricciones para su operación, en la mayoría de los casos mantienen sus actividades productivas, aunque en algunos casos hay riesgo de que se pierdan empleos. Luego de la divulgación de la Lista Clinton varias entidades financieras como Megabanco, Bancolombia, Banco de Occidente e Inversora Pichincha cancelaron su relación comercial con las empresas del grupo por temor a las represalias del Gobierno de Estados Unidos. Lo mismo sucedió con clientes como Postobón, y proveedores como Cartón de Colombia y Peldar, sólo por mencionar unos cuantos.
En unos casos la relación no se volvió a reactivar como sucedió con la proveedora de cajas Cartón de Colombia, en otros las gestiones tanto de las autoridades de la DNE y de personas particulares, hicieron que Postobón volviera a comprar fruta. En otros casos las compras se han realizado con intermediarios.
En materia financiera las gestiones del Gobierno también lograron que el Banco Agrario permitiera que las empresas abrieran una cuenta en la entidad a través de la que únicamente se puede consignar y retirar. No hay acceso a cupos de crédito y mucho menos de sobregiros.
No obstante y a pesar de que la entidad financiera estatal hace presencia en 700 municipios del país, no cuenta con una oficina en el municipio de La Unión, principal centro de acopio y sede de las más importantes empresas, por lo que los traslados de recursos de nómina, que ascienden a cerca de 1.500 millones de pesos mensuales, deben realizarse con frecuencia desde Pereira (a una hora de camino por carretera), con los riesgos y costos que dicha operación implica.
Según información la Superintendencia de Sociedades, Grajales la principal compañía productora de frutas del grupo, registró el año pasado una utilidad de 1.215 millones de pesos y al cierre del primer trimestre del 2006 arrojaba unas pérdidas de 98 millones.
Los activos totales crecieron el año pasado en 8,3 por ciento hasta los 31.448 millones de pesos y el patrimonio de la compañía cerró el año anterior en 23.085 millones de pesos.
Agronilo, la otra compañía dedicada al cultivo, presentó el año pasado un saldo en rojo de 61 millones de pesos.
El área sembrada por las dos empresas al cierre de marzo era de 1.721 hectáreas, con una caída de 7 por ciento frente al mismo período del 2005.
Sin embargo, se presentó un incremento en el volumen mensual de ventas en toneladas que pasó de 4.343 a 4.962 toneladas entre un período y otro y lo mismo sucedió con el valor de dichas ventas, que pasaron de 4.497 a 4.566 millones de pesos.
No obstante, un informe de la DNE hizo reparos al funcionamiento de las dos empresas productoras pues considera que estas se dedicaron a competir para apoderarse del mercado lo que impidió que pudieran mejorar los precios de las diferentes variedades frutales a pesar de tener una posición dominante en el país.
Una de las muestras del manejo poco empresarial con el que se operaban compañías del grupo agroindustrial lo constituye Transportes del Espíritu Santo, que el año pasado perdió 14 millones de pesos.
Esta compañía, con una flota de 23 camiones, era considerada más como una unidad de servicios y no como un negocio que debería arrojar utilidades.
"El grupo Grajales sólo puede operar con el Banco Agrario y se han perdido proveedores como Cartón de Colombia.
Ex trabajadores comienzan a demandar Uno de los problemas que a raíz de la intervención del grupo empresarial se está comenzando a destapar es la gran cantidad de demandas laborales de ex empleados en varias ciudades y municipios a quienes no se les estaban reconociendo pagos a la seguridad social.
Esta situación se acentuó luego de que la administración de la DNE iniciara un proceso gradual de acceso a la seguridad social del personal temporal, que estaba totalmente desprotegido.
El número de nuevas afiliaciones que se han realizado desde mediados del año pasado es de 355 personas y el proceso con todos los que faltan terminará de hacerse en el 2007.
