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¿Qué pasa con la Ley de Justicia y Paz?

¿Qué pasa con la Ley de Justicia y Paz?

En medio del escándalo generado por las explosivas declaraciones -todavía no valoradas judicialmente- de Rafael García, antiguo jefe de Sistemas del DAS y ex amigo del ex director Jorge Noguera, que salpican -sin que todavía sepamos hasta dónde- a muchas personas cercanas al Gobierno, no se le ha dado todo el alcance a recientes hechos que ponen de manifiesto el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, en relación con el mal llamado ‘Proceso de Paz con los Grupos Paramilitares’.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
12 de abril 2006 , 12:00 a. m.

Para comenzar, hubo muchos cuestionamientos sobre la forma como el Parlamento aprobó la Ley 975. Ausencia de quórum, normas negadas en la comisión de asuntos constitucionales, que luego fueron aprobadas en la que se ocupa de asuntos agropecuarios, transformación del concierto para delinquir (crimen de los paramilitares) en delito político, tal como lo solicitaban de tiempo atrás abogados de la mafia, son apenas algunas de las críticas que ahora revisa la Corte Constitucional. Ya se habla inclusive de una ponencia que tumbaría toda la ley por haber sido tramitada como ordinaria cuando tenía el carácter de estatutaria.

No ha habido claridad sobre el número de desmovilizados, o la manera que se han producido los ‘desarmes’. Al iniciarse la actual administración se hablaba de la existencia de diez mil paramilitares. Cuatro años después se dice que hay más de veinticinco mil ‘desmovilizados’. ¿De dónde salieron los otros quince mil? Tampoco se sabe con exactitud el número y clase de armas entregadas. En muchos casos se entregaron, por ejemplo, trescientos ‘combatientes’ y aparecieron solamente cien armas. A propósito de la supuesta entrega del ‘Cacique Nutibara’ se especuló sobre incorporaciones recientes de delincuentes para presentarlos como miembros de las autodefensas.

La propia comisión de la OEA, ha señalado que las estructuras paramilitares de intimidación no se han desbaratado. Al parecer en esas regiones su poder sigue intacto. Es diciente el hecho, no desmentido, de que nada menos que uno de los carros asignados a la seguridad presidencial haya terminado por intermediación del Director del DAS en manos de ‘Jorge 40’.

Estudios de la Contraloría y de la Universidad de Los Andes, hablan de por lo menos tres millones de hectáreas en manos de los paramilitares, de las que fueron despojados muchos campesinos, hoy integrantes de ese millonario contingente de desplazados. Como un gesto de ‘generosidad’ uno de esos comandantes anuncia la devolución de apenas cien mil hectáreas. Y ahora se viene a saber que en el Meta esas tierras se las están entregando a los mismos ‘paras’, algunos de los cuales tenían orden de captura. El Incoder no ha sabido responder a estas irregularidades, hasta el punto que su director Luis Ortiz, se le aceptó una renuncia que él no había presentado mientras se encontraba en vacaciones en el paradisiaco balneario de Varadero, en Cuba.

La ley -que entró a regir en julio- todavía no se le ha aplicado a ningún paramilitar. No se ha acabado de crear la unidad respectiva en la Fiscalía, y tampoco se han designado a los magistrados. No se conoce de procesos sólidos contra los autores de terribles masacres. Los llamados ‘comandantes’ no están en la cárcel, sino paseándose como Pedro por su casa en sus regiones de influencia.

La misma ley creó la denominada ‘Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación’ dirigida por el político Eduardo Pizarro León Gómez. ¿Dónde despacha?, ¿qué ha hecho?, ¿ha impedido las tropelías de los paramilitares?, ¿sabía lo que estaba ocurriendo en Incoder?, ¿conocía que algunos paramilitares han seguido delinquiendo? El país tiene derecho a que se le resuelvan estos interrogantes, antes de que se le siga vendiendo la idea de que se está desmontando el paramilitarismo

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