CONDENA EN CASO CASTRO GIL

CONDENA EN CASO CASTRO GIL

Más de 100 millones de pesos tendrá que pagar la Nación -a través de la Policía Nacional- de indemnización como consecuencia del asesinato del juez Tulio Manuel Castro Gil, quien tenía a su cargo la investigación por la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Castro Gil fue atacado a tiros por varios encapuchados que se movilizaban en un automovil, el 23 de julio de 1985 a la altura de la calle 47 con Avenida Caracas de la capital del país.

17 de agosto 1994 , 12:00 a.m.

Era para entonces el Juez Primero Superior de Bogotá y había sido nombrado magistrado del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo.

En tres oportunidades el juez Castro Gil renunció al servicio de escoltas, pues tenía que respsonder por el transporte y la alimentación de sus guardaespaldas.

Por esa razón,el rechazo de la protección, la Sección tercera del Consejo de Estado redujo en un 20% el monto de condena El Consejo de Estado advirtió que la Nación es responsable por la seguridad e integridad de los funcionarios oficiales y jueces, aun cuando éstos decidan de manera voluntaria renunciar a su sistema de protección y al servicio de escoltas.

Los consejeros condenaron a la Policía al concluir que no se tomaron todas las medidas necesarias para salvaguardar al juez primero superior Castro Gil.

A juicio de los magistrados, el Estado incurrió en una evidente falla en el servicio, por cuanto permitió que Castro renunciara a su servicio de escoltas y no hizo nada para mantener su vigilancia, pese a tener el proceso por el crimen de Lara Bonilla.

El pronunciamiento lo hizo la Sección Tercera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. De la decisión, no obstante, se apartó el consejero Julio César Uribe, quien no compartió la tesis de sus tres compañeros de sala.

La Nación es responsable del crimen de Castro porque no le brindó la suficiente y eficiente protección al funcionario judicial , explicó un consejero.

A juicio de la corporación, el Estado debe velar por la seguridad de sus funcionarios y, en especial, la de aquellos que tienen a su cargo asuntos de suma trascendencia o gravedad para los intereses oficiales.

En estos casos, explicó el Consejo, es cuando las autoridades deben reforzar los sistemas de protección de los agentes estatales. Lo contrario equivale, señaló, a una evidente falla en el servicio que debe ser suplida con la equivalente indemnización.

En el caso del juez Castro, los consejeros señalaron que sus familiares han sufrido perjuicios morales por su asesinato, ante lo cual procede el pago de la condena.

Según el proceso, Castro decidió de manera voluntaria renunciar a su servicio de escolta por cuanto no tenía plata para cancelar ni su trabajo, su alimentación, mi mucho menos su auxilio de transporte.

El hecho de haber renunciado a su servicio de escoltas, dijo el Consejo, no es motivo para que el Estado sea eximido de su responsabilidad.

Sin embargo, por este hecho, el Consejo de Estado redujo en un 20 por ciento el monto total de la indemnización para la esposa e hijos del juez Castro.

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