12 FUNCIONARIOS EN EL BANQUILLO

12 FUNCIONARIOS EN EL BANQUILLO

La Oficina de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación recomendó ayer la suspensión de dos alcaldes, cuatro concejales, una diputada y cinco funcionarios de Armenia, Quindío, Sevilla y Valle por participar en política durante las pasadas elecciones. Igualmente, está investigando, por hechos parecidos, a los gobernadores de Quindio, Cesar y Chocó.

27 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

El Ministerio Público recibió 664 quejas por participación en política de funcionarios del Estado.

De estas, 484 están en etapa preliminar, 41 fueron objeto de averiguación preliminar disciplinaria, 14 contienen pliego de cargos, seis expendientes han sido respondidos y cinco se encuentran en etapa probatoria.

Los gobernadores acusados de participación en política son los del Quindío, Alberto Restrepo Jaramillo; del Cesar, Abraham Romero Ariza, y de Chocó, María Dolores Ramírez Mosquera.

Al gobernador del Quindío el Ministerio Público le abrió pliego de cargos por haber removido y promovido a algunos docentes, el 24 de septiembre y el 9 de octubre, sin contar con la autorización del Ministerio de Gobierno.

Igualmente, por haber nombrado 102 supernumerarios entre ellos 46 aseadoras y 35 mensajeros sin existir disponibilidad presupuestal y por destinar el gasto público a rubros distintos de los asignados originalmente.

El otro Gobernador implicado es el de Cesar, acusado de irrumpir en el Centro de Computación Electoral de su departamento desafiando a la Fuerza Pública, y de presionar a las autoridades electorales para evitar la publicación de los boletines con resultados parciales. Asimismo, por negar la entrada en ese lugar de personas acreditadas debidamente.

El proceso abierto por la Prucuraduría contra el Gobernador se encuentra en indagación preliminar y el abogado asesor de la Procuraduría Primera Delega para la Vigilancia Administrativa, Rodrigo Vega Calderón, solicitó la apertura formal de averiguación disciplinaria contra el implicado.

A María Dolores Ramírez, gobernadora del Chocó, la Procuraduría le abrió pliego de cargos por haber declarado insubsistente en época preelectoral el nombramiento de 38 empleados vinculados a la administración.

Por otra parte, la Comisión Electoral recibió quejas por participación en política de los alcaldes de Florida (Valle), Marino Hormaza Potes; Arauca, José Gregoria González; Circacia (Quindío), Yolanda Duque Naranjo; La Estrella, María Eugenia Carmona Espinosa; de Copacabana (Antioquia), y del alcalde de Talaigua Nuevo (Bolívar).

Contra los de Florida y Talaigua Nuevo hay solicitud de suspensión de parte de la Comisión Electoral.

Contra el primero hay indicios que indican que participó en la campaña a la gobernación del Valle de Federico Rengifo Salcedo, repartió propaganda y licor durante las manifestaciones.

El segundo, el alcalde de Talaigua, fue señalado de cancelar con dinero del erario público vallas de publicidad por 350.000 pesos a favor de David Turbay, candidato al Senado; Augusto Salas, a la Cámara, y Eduardo Piñeres a la Gobernación.

De otra parte, Duque Naranjo fue acusada de la destrucción de pasacalles de grupos políticos abversarios, ofrecimiento de lotes por votos, entrega de credenciales de salud para otorgar servicios médicos a quiene voten por un determinado grupo político, ofrecimiento de becas, nombramiento de supernumerarios y el mal uso de vehículos oficiles.

Aunque la Procuraduría no recomienda por ahora la suspensión del cargo de la funcionaria, dice que la mayoría de las acusaciones contra Duque están debidamente probadas y que por lo tanto en los próximos días se pedirá la apertura de la investigación.

Contra los alcaldes de La Estrella y Copacabana hay quejas sobre orientación política. Para ambos se dispuso la apertura formal de averiguación disciplinaria.

Otros de involucrados, el Alcalde de Arauca, fue señalado de haber contratado a aproximadamente 1.800 personas y de haber participado en la inscripción irregular de cédulas.

Según la Procuraduría se está estudiando la posibilidad de nombrar una comisión especial para realizar la investigación.

El informe de la Comisión Electoral señala que las 667 quejas recibidas durante las pasadas elecciones las más comunes se refieren a la participación directa de funcionarios en reuniones y actividades políticas (190), la utilización de dineros, bienes y servicios de uso público con fines electorales (141), utilización del cargo para favorecer candidatos (126) y patrocinar la inscrpción de listas (27).

Otros implicados en participación política son: el secretario de obras públicas de Armenia, Carlos Eduardo Ospina y el secretario de Fomento de esa localidad, Carlos Alberto García.

Por compra de votos están comprometidos el gerente de la Lotería La Sabanera, Fernando Antonio Vergara y la gerente (e) de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sincelejo, Leonor Sierra.

Contra el ex gobernador de Boyacá, Ricardo Alberto Mendieta Rubiano, fue abierta apertura de investigación por suscribir contratos de consultoría sin contar con el concepto favorable del Consejo de Gobierno y ordenar el pago de auxilios contraviniendo una orden del Presidente de la República.

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