Nadie pone en duda el invaluable aporte de nuestras centrales de riesgo, DataCrédito de Computec S.A., y la Cifin de Asobancaria. La operación de estos bancos de datos ha contribuido por décadas a generar una cultura de manejo y a consolidar un historial de crédito a nivel nacional. Puede inclusive afirmarse que las centrales de riesgo han cimentado también la confianza en este instrumento de interés general, esencial para la evaluación objetiva del riesgo financiero, fundamentadas en información veraz, completa, imparcial y actualizada de los usuarios de crédito en Colombia.
El meollo del asunto es que en Colombia todavía nos encontramos a medio camino por la ausencia de una legislación reglamentaria de la operación de los bancos de datos, especialmente en lo atinente a la permanencia de la información de crédito, con tanto celo almacenada. Los principios generales de los códigos de conducta y de autorregulación que rigen autónomamente a las centrales de riesgo en Colombia se derivan de sentencias de la Corte Constitucional, resultantes de distintas acciones de tutela de los derechos fundamentales de usuarios de crédito. Su esencia legal se fundamenta en el Artículo 15 de la Constitución Nacional, norma que consagra el derecho de cada persona a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Los anteriores derechos fundamentales se denominan hábeas data, a lo cual se añade la expiración de la información negativa, es decir, aquella que contiene los datos de los clientes morosos.
La doctrina de la Corte Constitucional desde 1992 se pronuncia a favor de establecer un término razonable de caducidad del dato financiero, con el fin de proteger el derecho al olvido, frente a eventuales abusos del poder informático. Es más, la Corte sostiene que le corresponde al Congreso Nacional promulgar la ley estatutaria que estime razonable dentro del marco de la Constitución, la cual podrá incluir una caducidad especial en los casos en que la obligación se extingue por prescripción. La Corte advierte sin embargo que la ortodoxia en el manejo financiero requiere un acervo adecuado de información en materia de evaluación de riesgo.
Sorprende que pese a la existencia de una sólida y antigua jurisprudencia, Colombia no tenga una ley estatutaria para el manejo y el control de la información financiera como existe en otros países. En los Estados Unidos la legislación (Federal Fair Credit Reporting Act) sobre la información de crédito establece, entre otras cosas, que los datos de crédito negativos de más de 7 años (10 años en caso de quiebra) no se reportan.
Para llenar este vacío legal, desde finales del año pasado se viene cocinando en la Cámara de Representantes la conciliación de dos proyectos de ley que reglamentan la operación de los bancos de datos, y en particular la permanencia de la información financiera y de crédito en las centrales de riesgo.
El proyecto de Ley Estatutaria No. 214 de 2005 establece, entre otros temas, que la información positiva podrá mantenerse indefinidamente, y en los casos de datos negativos, por 5 años después de que se extinga la obligación principal. Este es un valioso aporte que pretende reglamentar una actividad de interés público que requiere el apoyo, el control y la vigilancia de la Super Financiera. ¡En hora buena!