QUÉ PASÓ CON EL GOBERNADOR DE ARAUCA

QUÉ PASÓ CON EL GOBERNADOR DE ARAUCA

A finales de diciembre del año pasado, la Unidad Investigativa (U.I.) de este diario denunció el despilfarro de regalías, la contratación irregular y el giro de auxilios por parte del gobernador de Arauca, Alfredo Colmenares Chía. Estas denuncias permitieron a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones respectivas, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales. Luego de 8 meses de investigación la responsable de este expediente, Alexandra Baquero, encontró que el funcionario había incurrido en manejos presupuestales dolosos y, por lo tanto, solicitó la destitución del gobernador el 23 de junio de este año.

24 de agosto 1994 , 12:00 a.m.

Dicha solicitud fue enviada al despacho del procurador Carlos Gustavo Arrieta, desde el 11 de agosto sin que hasta la fecha se haya confirmado el concepto de la Procuraduría Delegada. Para el secretario privado del Procurador, Edgar Téllez, no se ha tomado ninguna determinación porque ese proceso es muy complicado y está en estudio ya que es una investigación muy dispendiosa y con muchos folios .

Paralelamente, los procesos penales contra Colmenares que adelanta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia también se encuentran paralizados.

El proceso 655 contempla once delitos entre los cuales cabe mencionar: peculado, prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y pánico económico. Este expediente lleva año y medio en la Fiscalía sin que se haya tomado una sola determinación a pesar de que se anexaron al proceso las respectivas pruebas en la denuncia.

Alfredo Colmenares rindió indagatoria el 4 y 5 de enero de este año y hasta la fecha el fiscal delegado encargado de investigar al Gobernador, Gustavo Morales Marín, no ha definido su situación jurídica a pesar de que el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal lo obliga hacerlo dentro de los diez días siguientes a la indagatoria. Es decir, que han trascurrido 7 meses sin que la Fiscalía cumpla con los términos que exige la ley.

Por estas circunstancias, el Procurador Tercero Delegado ante lo Penal le solicitó, en oficio fechado el 21 de julio de 1994, que resolviera la situación jurídica del Gobernador.

Pese a ello, el fiscal encargado del caso, Gustavo Morales Marín, hizo caso omiso a esta petición y le remitió el expediente de Colmenares al Centro Técnico de la Fiscalía para que rindiera un concepto sobre la legalidad de las contrataciones departamentales cuando, según el Estatuto Orgánico de la Fiscalía, a este organismo solo le corresponde practicar pruebas de carácter técnico tales como las de balística, y criminalística. Otro proceso más a punto de prescribir y que engrosaría las listas de la impunidad.

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