JUECES SIN ROSTRO CONTRA SENDERO

JUECES SIN ROSTRO CONTRA SENDERO

De acuerdo con la nueva legislación antisubversiva, un tribunal de jueces sin rostro sentenció a un terrorista del grupo Sendero Luminoso a 12 años de prisión, en el primer juicio de este tipo realizado en el centro penitenciario Canto Grande de la capital peruana. Con el mismo procedimiento, se encuentran en proceso de ser juzgados otros 300 inculpados de sedición, afirmó un magistrado.

09 de septiembre 1992 , 12:00 a.m.

El sistema consiste en que los jueces se sitúan en un habitáculo separado por vidrios polarizados de la sala donde están los inculpados, su abogado y el fiscal. De esta manera se protege la identidad del juez.

Además, y también para resguardar su identidad, los magistrados impusieron en la resolución un código secreto de cinco cifras que los identifica y sustituye sus nombres y firmas.

Estas medidas están destinadas a impedir que los acusados puedan identificar e intimidar a los jueces, ya que esta práctica, bastante común en Perú, obstruía los procesos por terrorismo al punto de que muchos jueces se negaban a realizarlos.

Con este cambio en las normas jurídicas, se encuentran en espera de ser juzgados próximemente dos senderistas identificados como Juan Carlos Quispe Gutiérrez y Edilberto Marcalupú García, los cuales afrontan el riesgo de una condena a cadena perpetua en el juicio a que serán sometidos bajo el fuero militar.

Ambos están acusados de traición a la patria por haber asesinado a un capitán de la Policía Nacional en agosto pasado.

A raíz del nuevo sistema, los movimientos que defienden los derechos humanos en el país alertaron sobre los riesgos de cometer posibles injusticias en casos no probados.

Citaron como ejemplo a los periodistas Magno Sosa, radicado en Ayacucho y detenido esta semana en Lima, y José Ramírez García, recluido en la cárcel del Cusco semanas atrás, acusados por la policía de colaborar con Sendero Luminoso.

La Asociación Pro Derechos Humanos ha protestado por el error de confundir a profesionales que por tener información clasificada de la subversión producto de su trabajo sean implicados sin mayores pruebas en actos subversivos , dijo el abogado Jorge Cautti, del Instituto de Defensa Legal.

La esposa de Wilfredo Terrones Silva, abogado penalista defensor de personas acusadas de terrorismo, denunció la desaparición de éste desde fines de agosto.

Ella acusó como presuntos autores del secuestro a personas vinculadas a grupos paramilitares o las propias fuerzas policiales.

Por otra parte, ayer las autoridades informaron que al menos cuatro personas fueron asesinadas por grupos subversivos en los últimos días, y comunicaron que las Fuerzas Armadas y Policiales fueron puestas en alerta roja ante el marcado rebrote de la violencia terrorista en la capital peruana.

Después de los mortales atentados con coches bomba del último fin de semana en dos puntos de esta ciudad de ocho millones de habitantes y que mataron al menos a 15 personas, tanquetas militares y policiales incrementaron su patrullaje.

Pese a ello, un ex soldado del Ejército fue muerto a balazos la noche del lunes por un comando de Sendero Luminoso cerca de Lima.

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