Llama la atención cómo los demás candidatos, salvo las entrevistas de rigor, no se han pronunciado a profundidad sobre esta propuesta y sobre las prioridades de los tributos y de la inversión hacia el futuro. Esta es una muy buena oportunidad para abrir la discusión sobre un tema tan importante como la seguridad y sobre cómo se va a financiar.
En el tema de la seguridad hay que reconocer que el país ha avanzado mucho, que en los últimos tres años la violencia homicida se redujo en un 38,5 por ciento, al pasar de 28.837 homicidios en el 2002 a 17.728 en el 2005.
Igualmente, es importante reconocer que los demás delitos han disminuido y que hoy es más seguro recorrer el país. Pero hace falta mucho camino para considerar que Colombia es un país seguro y, por tanto, competitivo.
Hoy no se puede caer en el falso dilema de algunos candidatos que plantean, ante la insistencia del actual gobierno en el tema de seguridad, que se debe, hacia el futuro, concentrar esfuerzos en lo social. Es decir que se debe pasar de la época de la seguridad a la época de lo social, cuando lo que hay que hacer son las dos cosas, hacerlas bien y con recursos. Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar.
En materia de prioridades, hay que complementar la política de seguridad democrática con la definición de una política clara y precisa de convivencia y seguridad ciudadana, que atienda los hechos cotidianos de violencia y delincuencia que afectan al ciudadano y no únicamente centrar el esfuerzo en el conflicto armado, en la guerra en contra del narcotráfico y la manera como se puede enfrentar el terrorismo.
Con este escrito no se pretende desconocer que es prioritario y urgente seguir enfrentando estos grandes problemas, lo que se quiere es llamar la atención sobre la necesidad de que el país tenga una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. No se puede seguir creyendo que con sólo desactivar el conflicto armado y reducir el narcotráfico, los hechos de delincuencia y violencia vayan a disminuir, cuando lo que podría suceder es lo contrario, como aconteció en algunos países centroamericanos.
Se requiere una política integral de Estado que fortalezca y apoye a los alcaldes y gobernadores para que asuman el papel que les corresponde en estas materias y que promueva la elaboración de planes municipales y departamentales de seguridad y convivencia, en donde, además de fortalecer a la Policía y otros organismos de seguridad y justicia, se promuevan programas de carácter preventivo como la atención a grupos vulnerables, defensa y promoción de los derechos humanos, atención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, resolución pacífica de conflictos, recuperación del espacio público, reducción de la accidentalidad vial, desarme y fortalecimiento de la participación ciudadana en estos temas. Esta es una muy buena oportunidad para diferenciar la seguridad del Estado de la seguridad de los ciudadanos.
El problema es cómo se van a financiar estas nuevas prioridades. No puede ser con un impuesto por una sola vez, hay que estudiar una fórmula que garantice recursos frescos y permanentes. Los candidatos deben saber, si quieren seguir mejorando la seguridad de todos los ciudadanos, que se necesitan recursos para invertir en este tema y también en lo social. Lo seguro o lo social de un gobierno no se refleja en los discursos, se refleja en los presupuestos y en las acciones, y para eso se requieren nuevos recursos.
* Ex subsecretario de Seguridad de Bogotá