JUSTICIA ANTITERRORISTA AL BANQUILLO

JUSTICIA ANTITERRORISTA AL BANQUILLO

A las puertas del siglo XXI, el diagnóstico de los expertos en asuntos de Justicia es que sin programas más eficaces contra la pobreza y políticas de prevención del delito y resocialización de delincuentes, la Justicia --por especializada o gigante que sea-- está virtualmente sentenciada al fracaso. Y con ella, las estrategias de orden público y las políticas de persecución y castigo del crimen. Las conclusiones forman parte de un estudio realizado por la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas del ministerio de Justicia sobre la operatividad de la juridicción de orden público. El documento es actualmente uno de los parámetros determinantes del vuelco que el nuevo ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel, se propone dar a la Justicia Especializada en Colombia.

28 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

La Oficina de Investigaciones compiló la gestión del 81 por ciento de los juzgados de Orden Público y el Tribunal Especial de esa misma jurisidicción, desde su efectiva estructuración en 1988 y hasta el 15 de febrero pasado.

El balance de 17 meses de gestión evidenció la crisis que confrontan el sistema especializado de Justicia y la relativa operatividad de los auxiliares de jueces y magistrados: el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, el Departaento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijin).

Para empezar, la Justicia antiterrorista, integrada en la cúpula por 12 magistrados y 59 jueces de los 90 que en principio creo la Ley, ha terminado fallando, en esencia, casos de tráfico de armas y posesión de prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En conjunto, esos delitos, en segunda instancia, representan el 55 por ciento de los procesos que adelanta la Justicia de Orden Público.

Solo el seis por ciento de los casos están relacionados con terrorismo y apenas el cinco por ciento se adelantan por homicidios con fines terroristas.

En concepto de los investigadores, ello implica un desgaste injustificado del aparato judicial. En especial, porque en muchos casos, las circunstancias demuestran que no se trata precisamente de delitos que pongan en peligro la estabilidad del sistema político. Otras caras Otros resultados de la investigación no son más alentadores. Del total de investigaciones preliminares que, en algún momento estuvieron en poder de los jueces de Orden Público: 6.942, solo en 381 casos existía plena identificación de los responsables del hecho.

La situación respecto de los procesos abiertos, aquellos en que efectivamente se inició la investigación y llegaron a etapa de juicio, es aún más dramática.

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones Socio-Jurídicas, al 15 de febrero, la Justicia de Orden Público adelantaba efectivamente 2.648 procesos y había producido un total de 530 sentencias. En estos, jueces y magistrados habían condenado a 475 personas y absuelto a 594.

Sin embargo, una vez cruzada esa información con los registros de la Dirección Nacional de Prisiones sobre número de detenidos y condenados bajo el Estatuto Antiterrorista en los 176 establecimientos carcelarios del país el resultado mostró que solo habían 311 presos. Y que de estos, solo 23 (el siete por ciento) se encontraban pagando condena.

En el caso de las otras 288 personas (el 93 por ciento), detenidas por violación al Estatuto Antiterrorista, todas estaban en calidad de sindicados.

Lo irónico del balance es que, a diferencia de otros estudios sobre la operancia de la administración de Justicia, en este caso, la Jurisdicción de Orden Publico muestra altos índices de diligencia en la mayor parte de los casos.

Los jueces habían producido hasta el 15 de febrero, 4.473 indagatorias, recibido 32.721 declaraciones y dictado 1.116 autos de detención. De los cuales, solo 150 han sido revocados. La otra cara, es que la mayor parte de los jueces solo habían practicado, mensualmente, un promedio de tres inspecciones judiciales.

Así, en la práctica, observan los expertos, un porcentaje alto de las investigaciones está sujeto a trabajo de escritorio.

En últimas, una prueba contundente de que el vuelco a la Justicia avanza por el camino correcto. En particular en lo que hace a trasladar a los cuerpos técnicos de Policía Judicial la responsabilidad de la investigación.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.