¿Qué derechos tiene la industria si financia la investigación médica?

¿Qué derechos tiene la industria si financia la investigación médica?

El Dr. Aubrey Blumsohn se quedó mudo de asombro: los resultados de una investigación habían sido presentados a una reunión científica con su nombre, aunque el especialista británico en osteología (estudio de los huesos) insistió en que no escribió ni revisó el informe e incluso dijo que ni siquiera estaba seguro de que las conclusiones fuesen correctas.

30 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

El incidente derivó en una disputa pública cuando el especialista acusó a la empresa farmacéutica estadounidense que había financiado el estudio de rechazar sus intentos por analizar personalmente los datos. Es el episodio más reciente en una serie de controversias sobre el control de la industria farmacéutica sobre las investigaciones médicas, desde los riesgos ocultos de los antidepresivos hasta el recuento inexacto del número de ataques cardíacos en un estudio crítico sobre el analgésico Vioxx. Quienquiera que pague por las investigaciones médicas -no necesariamente los científicos que ejecutan el proyecto- controla la información que reciben los médicos y el público sobre sus resultados. Las publicaciones científicas, incluyendo una que presentó algunos de los informes cuestionados por Blumsohn, están esforzándose por garantizar la publicación de los resultados completos.

“Este es un gran problema, tanto para los investigadores como para las publicaciones científicas”, dijo el Dr. Joseph Lorenzo, de la Sociedad Estadounidense para Investigación Osea y Mineral, que ha conformado un grupo de tareas para considerar si se necesitan medidas extra como protección contra los “prejuicios ocultos” en las investigaciones financiadas por la industria.

Es una cuestión importante, teniendo en cuenta que la industria farmacéutica aporta un 70 por ciento de la financiación para los estudios sobre medicamentos en E.U. Los interrogantes sobre esas investigaciones empezaron a acaparar titulares en el 2004, cuando un nuevo análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los estudios de la industria sobre los antidepresivos concluyó que estos medicamentos a veces aumentan el riesgo de suicidio en los niños. Luego, el laboratorio Merck & Co. retiró del mercado su analgésico Vioxx para la artritis, después de que una investigación halló que su uso a largo plazo duplicaba el riesgo de ataques cardíacos. Los críticos dicen que dichos riesgos habían sido subestimados hasta entonces.

En diciembre, la publicación New England Journal of Medicine reveló que había publicado un estudio de Merck del año 2000 que no reveló algunos ataques cardíacos, lo que dio la impresión de que el medicamento era menos riesgoso de lo que se determinó después. Acosada por la publicidad negativa, la industria de los laboratorios farmacéuticos prometió mejorar sus procedimientos para revelar los resultados de las pruebas clínicas.

Importantes publicaciones médicas intentaron forzarlos a hacerlo, al declarar que no publicarían más los resultados de estudios que no hubiesen sido inscritos en un registro público. Y el senador republicano Charles Grassley promueve un proyecto de ley que obligaría a revelar completamente los resultados de dichas investigaciones. Pero Blumsohn, en una visita al Capitolio convenida por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental (Government Accountability Project), de vigilancia cívica, ha planteado interrogantes sobre influencias más sutiles, que a su vez son disputadas por Procter & Gamble, la compañía que financió su trabajodel. Su laboratorio en la Universidad de Sheffield fue contratado por P&G para estudiar datos de miles de mujeres que habían usado su medicamento Actonel para la osteoporosis. El objetivo era determinar qué tasa de reconstitución ósea otorga la mayor protección contra las fracturas. El investigador dijo que P&G le negó pleno acceso a los datos hasta meses después de que los resultados fueron presentados en su nombre a la sociedad ósea. Blumsohn finalmente le dio un breve vistazo al informe en julio del 2003 y concluyó que faltaba un 40% de los datos, lo que alteraba los resultados, según dijo

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