A juicio, ex senador Juan J. García

A juicio, ex senador Juan J. García

“¿La contratación cómo la repartimos? ... Te voy a decir cómo estamos trabajando con Jaime. El treinta y tres por ciento neto es de Jaime, el treinta y tres por ciento es de la política y el treinta y tres por ciento de nosotros”.

30 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

Este es un aparte de una grabación en la que el ex senador Juan José García Romero le dice a Francisco José Martelo –quien iba a asumir el cargo de gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena (Telecartagena)– la forma en que se venían repartiendo las ganancias por comisiones de contratos con Jaime Luis Hernández, quien dejaba el cargo en la empresa.

Estos hechos, revelados en el 2000, fueron conocidos como el ‘miti-miti’ de Cartagena, en los que uno de sus principales protagonistas fue García, considerado un importante cacique polítoco en La Heroica.

La Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía encontró pruebas para llamar a juicio a García y a Martelo bajo cargos de peculado e interés ilícito en la celebración de contratos.

Junto a ellos fueron acusados Daniel Enrique Sanjuán León, subgerente de operaciones de Telecartagena y Nicolás Cabarcas Vega, profesional de planta externa.

El proceso Los acusados negaron los cargos. Ayer este diario buscó la opinión del ex senador, pero al cierre de esta edición no fue posible contactarlo.

La Fiscalía descubrió que durante 1999 en la empresa Telecartagena se presentaron sobrecostos en el mantenimiento y suministro de las redes por más de 1.000 millones pesos.

Al mismo tiempo, Martelo fue la persona que divulgó la grabación con el ex congresista Juan José García Romero en la que este último le da presuntas recomendaciones sobre la forma como debía repartir los contratos.

La Fiscalía ya había cerrado la investigación en el 2001 y acusó a Martelo y a Hernández de interés ilícito en la celebración de contratos en concurso con peculado. Al ex senador García se le acusó como determinador de estos delitos.

Pero el 10 de septiembre del 2002, un fiscal ante la Corte Suprema decretó la nulidad de la resolución de acusación por violación al debido proceso y el derecho a la defensa.

En su criterio los cargos debían ser objeto de debate y contradicción en la etapa investigativa. Por ello recobraron su libertad.

Ahora, el expediente pasará ahora a manos de un juez quien determinará finalmente la responsabilidad de los acusados.

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