Fallo de tribunal que impide a Uribe firmar TLC divide a Consejo de Estado

Fallo de tribunal que impide a Uribe firmar TLC divide a Consejo de Estado

Los jueces no pueden a través de una acción popular interferir en la función privativa y exclusiva del Presidente para dirigir las relaciones internacionales. Y porno tienen competencia para impedir la celebración de tratados.

28 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

La tesis es de un grupo de consejeros de Estado partidario de dejar sin efectos la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó, el pasado 12 de diciembre, al presidente, Álvaro Uribe, no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Otro bloque de consejeros, sin embargo, comparte la decisión del Tribunal y así lo argumentará al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno y la Procuraduría contra la providencia adoptada, en primera instancia, por una sala conformada por tres magistrados, de los cuales uno salvó su voto.

Para este último sector, el TLC compromete derechos colectivos de los ciudadanos. Es más, estos magistrados estiman que la acción popular sí es la vía para prevenir daños que padecerían, con el convenio, la economía y los ciudadanos.

No obstante, el primer grupo piensa, además, que la corporación debe trazar pautas específicas para aclarar hasta dónde pueden ir los jueces en aras de proteger los derechos colectivos, como la libre competencia económica y las garantías de los consumidores y usuarios.

El mismo bloque piensa que el juez popular carece de competencia para suspender o interrumpir un proceso de negociación internacional, por cuanto la medida preventiva es improcedente porque la acción es inapropiada, carece de sustento probatorio y atenta contra la dignidad del Jefe de Estado.

PORTAFOLIO estableció que la división de criterios constituye el preámbulo del debate del Consejo de Estado sobre el TLC, el cual empezó con una petición de un sector de juristas ante la plenaria: Estudiar el tema no en una sección de cinco o cuatro integrantes sino en la Sala de lo Contencioso Administrativo conformada por 23 magistrados.

Hay incluso un sector radical partidario del control hacia el Ejecutivo y promotor de todo lo que signifique la defensa de los trabajadores.

Aun cuando mantienen la reserva para evitar prejuzgar y ser recusados, cada consejero tiene su tesis para exponer en la discusión jurídica.

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* Los tres controles sobre el TLC.

Según la Constitución de 1991, mientras el Congreso de la República es el encargado de tramitar la ley aprobatoria de los tratados internacionales, la Corte Constitucional debe proceder a su respectiva revisión previa y automática. En la práctica, en el caso del TLC con Estados Unidos habrá tres controles: el de las cámaras legislativas, el de la Corte Constitucional y el del Consejo de Estado, este último por la vía de la acción popular. En esos términos, el debate legal sobre el tratado se augura largo y dispendioso.

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