El talante presidencial

El talante presidencial

No tardó el presidente Uribe en reclamar que la liberación de dos policías secuestrados por las Farc “se dio gracias a las garantías dadas por su gobierno”. Pero, en cambio, hace una semana no quiso asumir ninguna responsabilidad cuando la falta de esas garantías había impedido la entrega de los policías, dejando la vocería del Gobierno al general Ospina, quien dijo que “no había sido informado sobre liberación alguna”.

28 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

Si el Presidente estaba en desacuerdo con la entrega de los secuestrados a un candidato presidencial, pues debió ser claro con el país y decir que aun cuando la legislación internacional le impone al Gobierno la obligatoriedad de aceptar la acción humanitaria, de todas maneras deja explícito su rechazo a la entrega en esas condiciones. Y con esa actitud no solo les notificaba a los colombianos que mantenía su convicción de no permitir la entrega de secuestrados a cualquier costo, sino que también le habría evitado a la Cruz Roja un desgaste de recursos y esfuerzos, y a las familias les habría ahorrado una nueva frustración.

Sin embargo, el Presidente no sólo aceptó que la entrega de los secuestrados se produjera, sino que también autorizó expresamente para que a la entrega asistieran exclusivamente la Cruz Roja, el padre Gabriel Izquierdo y el candidato Álvaro Leyva. De hecho, la Cruz Roja no se podía movilizar en ayuda humanitaria sino con el consentimiento de ambas partes (que para el caso eran las Farc y el Gobierno). Y cuando la liberación estaba en curso, los autorizados se encontraron con la sorpresa de que tropas movilizadas con anterioridad desataron combates que frustraron la entrega. El Gobierno había incumplido con el deber de aceptar la acción humanitaria.

Pero no es la primera vez que el Presidente se aparta de las reglas del juego político e institucional. Ni tampoco la primera vez que contradice sus afirmaciones, como cuando se sabe que ahora está buscando el apoyo de grupos políticos a los que apenas hace unos días había cuestionado. Para encubrir el error, el Presidente extiende la “convocatoria” de apoyo al Polo Democrático y al Partido Liberal. El asunto es tan crítico que el editorial de EL TIEMPO, por primera vez, se atreve a plantear la existencia de “un posible desliz ético”.

El Presidente no parece consciente del efecto demostración que tienen sus actuaciones. El respeto a la ley se constituye en el principio básico sobre el que se puede mantener con vida a la democracia, el Estado y las instituciones públicas. Y es él quien debe acoger ese principio con mayor rigor. Sobre todo en un país en el que incumplir la ley es la norma de comportamiento. Y más en una coyuntura en la que –como la actual– la crisis de valores se expresa en que los ciudadanos ya no pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.

En este contexto, adquiere un mayor valor que candidatos como Antanas Mockus hayan comenzado a marcar distancias cuando, frente a la propuesta de linchar a los corruptos, Mockus resaltó “la inconveniencia de invitar a pensar que el castigo ejercido en caliente por la población es más efectivo que el Estado de Derecho” y que “es una incitación a la gente buena a que haga lo que le dé la gana con tal de restablecer lo que es justo, sin importar a través de qué medios”.

Poner el cumplimiento de la ley, no como eje de un debate electoral sino como una norma de comportamiento político e institucional, no hace otra cosa que recordarle al presidente Uribe la sentencia de Erasmo de Rotterdam cuando, en la Educación del príncipe cristiano, escribía que “Si quieres entrar en competencia con otros príncipes, no creas haberlos vencido porque les has quitado su parte del dominio. Los vencerás realmente si eres menos corrupto que ellos, menos avaro, arrogante, iracundo, impulsivo que ellos”.

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