Corte ordena agilizar fallos sobre Upac

Corte ordena agilizar fallos sobre Upac

Los deudores de crédito de vivienda adquirido bajo el sistema Upac y que hoy enfrentan procesos de cobro ejecutivo hipotecario iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, no tendrán que esperar más tiempo para conocer su suerte.

22 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

A través de un fallo de tutela, la Corte Constitucional decidió que esos procesos judiciales deben declararse terminados por los jueces competentes para proceder a su archivo definitivo.

“Todos los procesos ejecutivos hipotecarios -dijo la Corte- que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, han debido someterse al trámite de la reliquidación automática del crédito y, seguidamente, declararse terminados o concluidos por el juez competente, procediéndose en consecuencia a su archivo definitivo sin consideración alguna”.

Es decir, insistió la Corte: “La única tesis admisible respecto al procedimiento de suspensión y terminación de procesos ejecutivos en curso a diciembre 31 de 1999, es la que señala que una vez aportada la reliquidación de los créditos al expediente, éstos deben ser terminados y archivados sin más trámite”.

Con estos criterios, la Corte aclaró las dudas de jueces, deudores y bancos sobre la continuidad o no de estos procedimientos judiciales, cuyo objeto es obtener el pago de los créditos otorgados bajo el sistema anterior a la UVR.

Y lo hizo, al conceder, de modo simultáneo y en una providencia, cinco acciones de tutela presentadas por miembros de familias que se atrasaron en el pago de las cuotas de vivienda, pidieron la suspensión de sus causas judiciales, y que, pese a ello, hoy aún están encartados en los juzgados civiles. La corporación les protegió su derecho a una vivienda digna, en conexidad con el debido proceso.

Por ello, la Corte Constitucional acumuló en un solo expediente esos recursos y dejó sin efectos cuatro providencias de la Corte Suprema de Justicia: dos de la Sala de Casación Civil y dos de la Sala de Casación Laboral. Y, adicionalmente, 'tumbó' un fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga. Todas las decisiones habían negado en su momento las tutelas.

La sentencia la proyectó el magistrado Jaime Córdoba Triviño y la aprobaron sus colegas Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, integrantes de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. (Sentencia T-144/2006).

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* Las condiciones.

La Corte explicó que para acudir con éxito la acción de tutela en estos casos es necesario cumplir dos condiciones: 1) Que los procesos ejecutivos con título hipotecario -objeto del beneficio ofrecido por la Ley 546 de 1999- se hubieren iniciado antes del 31 de diciembre de 1999.

2) Que la actitud del deudor haya sido diligente, esto es, que haya desplegado alguna actividad procesal ante el juez de conocimiento del proceso ejecutivo para lograr la terminación de éste.

“Ciertamente, afirmó la Corte- el demandado dentro del proceso ejecutivo hipotecario deberá haber asumido y adelantado una posición activa al interior de dicho proceso, haciéndose parte del mismo e igualmente ejerciendo su derecho de defensa solicitando la terminación de su causa”.

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* Declarada la nulidad y el archivo de los expedientes.

En el mismo fallo, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado dentro de cada uno de los cinco procesos ejecutivos hipotecarios cuestionados vía tutela.

Y, además, ordenó a cada uno de los juzgados civiles, objeto de la controversia, declarar la terminación del proceso y ordenar el archivo del expediente.

En la sentencia, la Corte deja en claro que en ningún momento ha revivido la procedencia de la tutela contra sentencias.

Lo que pasa, explicó, es que la tutela, de modo excepcional, sí procede contra providencias cuando el juez ha incurrido en una vía de hecho -arbitrariedad- y no existe otro mecanismo de defensa judicial para amparar el derecho fundamental sometido a violación o prejuicio grave. Ello sucedió en este caso.

Unos y otros criterios de la Corte son el epílogo de una polémica originada por la manera de interpretar un aparte de la Ley 546 de 1999, expedida tras el fin del sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante, Upac, relacionado con el modo de concluir los procesos ejecutivos hipotecarios.

La Corte recordó que esta ley buscó solucionar la crisis generada como resultado del incremento excesivo en las deudas hipotecarias adquiridas en Upac, las cuales se hicieron impagables y originaron cientos de causas judiciales.

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* Si hay mora, no se reanudará antiguo proceso.

La Corte señaló: “De la jurisprudencia constitucional existente se desprende de que la interpretación del Parágrafo 3º del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999 es aquella según la cual los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999 han debido ser suspendidos para que las entidades financieras realizaran la reliquidación del crédito ya fuere por petición de parte o de oficio, posteriormente han debido terminarse y archivarse por parte del juez, sin hacer consideración adicional y la nueva mora puede dar lugar a un proceso nuevo, pero no a la reanudación del anterior”.

En consecuencia, dijo la corporación, la terminación no depende de la etapa en que se halle el proceso, de la cuantía del abono sobre el crédito, ni de que exista o no convenio entre deudor y acreedor sobre reliquidación ni acuerdo sobre reestructuración de la acreencia.

A juicio de la Corte, aquellas decisiones judiciales que ordenen continuar con el proceso alegando la ausencia de acuerdo entre el deudor y la entidad crediticia sobre la reestructuración del crédito, o la existencia de un saldo insoluto luego de aplicado el alivio, están fundadas en un entendimiento errado del citado artículo.

“Ello implica -dijo el alto tribunal- que las autoridades judiciales que decidan no dar por terminados esos procesos incurren en una vía de hecho por dos defectos sustantivos: por error en la interpretación del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y por desconocimiento del precedente judicial en la materia sentado por la Corte Constitucional”.

Y agregó: “Sin embargo, esa actuación per sé no es suficiente para hacer procedente la acción de tutela, es necesario que tal cuestión haya sido alegada dentro del proceso ejecutivo, dado que en principio es al juez ordinario a quien corresponde resolver sobre las reclamaciones que se realicen dentro del proceso”.

Solamente, dijo la corporación, es procedente la intervención del juez de tutela cuando pese a la utilización de las herramientas previstas en el ordenamiento procesal, ellas han resultado inanes y la violación del derecho persiste.

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* Polémica de jueces, deudores y banca.

En esencia, el origen del debate entre jueces, deudores y bancos radica en un fallo dictado por la Corte Constitucional el 26 de julio del 2000, que dejó sin efectos una serie de reglas relativas a cómo poner fin a esos pleitos.

En esa ocasión, la Corte dijo: “En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito”.

Y ahora, seis años después, la Corte afirmó: “Al abrigo de esa interpretación, en los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esa norma, una vez aportada la reliquidación, el paso a seguir es la terminación de éstos”.

No obstante, la Corte les puso los puntos sobre las íes a aquellos jueces que aún no han aplicado esa interpretación y por eso tienen encartados a deudores de créditos de vivienda. “A pesar de lo decidido por la Corte en esa oportunidad respecto a la suspensión, terminación y archivo de los procesos, algunos jueces de la República no han aplicado el Parágrafo 3º del artículo 42 y han desconocido la jurisprudencia sobre el punto”, sentenció el alto tribunal.

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