SE AMPLÍA EL DEBATE SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL INEXEQUIBILIDAD NO ES LA ÚNICA OPCIÓN

SE AMPLÍA EL DEBATE SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL INEXEQUIBILIDAD NO ES LA ÚNICA OPCIÓN

La suerte de la Asamblea Constitucional no está echada, pese a que los seis integrantes de la sala que proyectó la sentencia proponen a la Corte declarar inexequible la norma que prepara el camino para su convocatoria. La decisión, prevista en principio para el próximo jueves, podría ser aplazada merced a una solicitud planteada ayer por varios magistrados de la Corte interesados en estudiar más a fondo el Decreto 1926 e incluso en evaluar el cúmulo de opiniones que se produce en medio de la expectativa pública.

03 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

Fuentes cercanas a la Corte revelaron, incluso, que algunos miembros de la corporación integraron un equipo espontáneo de estudio para explorar más a fondo la tesis inhibitoria, planteada en su concepto fiscal por el procurador Alfonso Gómez Méndez y otras fórmulas que no necesariamente coinciden con la opción de inexequibilidad.

El aplazamiento, si es aprobado, no excedería el término legal de veinte días hábiles del que dispone la Corte para pronunciarse. Ese plazo comienza a ser contado a partir del momento en que se registra el proyecto de Sala Constitucional, hecho que en este caso ocurrió el miércoles 26 de septiembre.

Si el presidente de la corporación, Jorge Carreño Luengas, quien debe refrendar el orden día para Sala Plena, acoge la petición, mañana se produciría un estudio preliminar.

EL TIEMPO conoció en esencia los argumentos que han llevado a algunos juristas a considerar la posibilidad de adherir a la propuesta de inhibitoria y apartarse del proyecto adverso.

Como está planteado en el concepto fiscal, los partidarios de esta fórmula piensan que el decreto es solo formalmente de estado de sitio y que su contenido material tiene un indudable carácter político, pues recoge el clamor popular expresado en las urnas el 27 de mayo.

A su juicio, aquel día la llamada séptima papeleta suscitó un verdadero plebiscito que no requiere prueba, pues se trató de un acto masivo y público.

De acuerdo con las bases de su estudio en marcha, coinciden también en que el artículo 218 de la Constitución, que define el procedimiento para reformar la Carta por vía legislativa, obliga al Congreso de la República, en su calidad de constituyente delegado, mas no al pueblo, como soberano constituyente primario .

Tal estudio, que bien podría convertirse en un proyecto disidente cuando la Corte vaya a pronunciarse de manera definitiva, recuerda que en su fallo de marzo la propia Corte expuso ese criterio.

Entonces, el alto Tribunal dijo, en la parte pertinente, bajo el subtítulo de Corolario , lo siguiente: En fin, el decreto que se revisa, por una parte ordena a la organización electoral que contabilice los votos sobre la posibilidad de integrar la Asamblea Constitucional, para realizar la Reforma a la Constitución, y por otra parte hace una invocación al pueblo para que se manifieste sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Constitucional, lo cual constituye un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza y sobre el cual la Corte no encuentra ningún reparo de constitucionalidad.

Por esta razón, la Corporación no ve la necesidad de adentrarse en analizar las competencias del constituyente primario y el alcance de las mismas. En este sentido lo dicho no se contrapone ni desconoce el artículo 218 de la Constitución Nacional, preceptiva que se refiere al constituyente secundario y que es otra hipótesis jurídica .

El análisis transcribe también otro aparte de la sentencia producida en mayo, en la que la Corte acepta que el país ha venido reclamando el cambio institucional, aunque dentro de los cauces del orden jurídico, y ante el fracaso de los órganos del Estado responsables del mismo, ha venido pidiendo la conformación de una Asamblea Constitucional que pueda realizarlo .

(...) Es más, el no acceder a este clamor del pueblo será, sin ninguna duda, un factor de mayor desestabilización del orden público .

La solicitud de aplazar el fallo se produce en momentos en que los movimientos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) saludan la integración de la Comisión de Notables, el establecimiento de la Veeduría Internacional para el proceso de paz y califican la Asamblea Constitucional como el gran escenario para las reformas.

También ayer se ventiló, en circulos académicos, la posibilidad de que la Corte establezca que para que la Asamblea tenga validez, la votación del próximo 9 de diciembre debe sumar, como mínimo, la mitad más uno del numero total de ciudadanos habilitados para sufragar.

Así por ejemplo, si el potencial electoral es de catorce millones, la Asamblea se consideraría convocada si votan a su favor siete millones de colombianos y uno más. Ese resultado, según los académicos, conformaría entonces un verdadero plebiscito. El más reciente antecedente de inhibitoria de la Corte frente a temas ligados al de la reforma data del 15 de septiembre de 1988, ante una demanda que pedía declarar inexequible la expresión solo contenida en el artículo 218 de la Constitución.

Tal expresión se refiere a que la Constitución únicamente podrá ser reformada por un Acto Legislativo.

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