DIÁLOGO DE PAZ, RESERVA EXCLUSIVA DEL GOBIERNO

DIÁLOGO DE PAZ, RESERVA EXCLUSIVA DEL GOBIERNO

El Gobierno no quiere los diálogos regionales con la guerrilla, pero no está seguro de poder eludirlos. Esta situación quedó clara ayer luego de escuchar al ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, en su discurso ante los gobernadores elegidos popularmente el pasado 27 de octubre.

22 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

El Gobierno sabe que si bien no le conviene una explosión de diálogos regionales con la guerrilla, lo cual podría debilitar su política de paz, tampoco puede cerrar totalmente las puertas a esa posibilidad.

De un lado, el ministro De la Calle fue enfático en manifestar que las conversaciones con los grupos alzados en armas están reservadas exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno y la Consejería Presidencial para la Paz .

Pero luego de advertir que ningún otro funcionario público del nivel central, regional o local está facultado para adelantar conversaciones con voceros de la guerrilla hace la excepción: Salvo que estén expresamente autorizados por el Ministro o el Consejero .

Esta advertencia de la limitación en las conversaciones con los subversivos la hizo el Gobierno ante la posibilidad que han visto algunos comandantes guerrilleros de aprovechar la autonomía de los gobernadores para entablar diálogos por separado.

La posición gubernamental en este sentido consulta de todas maneras el espíritu de la nueva Constitución, que faculta al Presidente de la República para manejar el orden público en todo el país, pero no niega a los gobernadores y alcaldes la competencia que tienen de intervenir en sus respectivas jurisdicciones para resolver problemas sobre la materia.

Las autorizaciones a un gobernador o a un alcalde, para que entre en conversaciones con una organización guerrillera, se daría eventualmente para resolver situaciones concretas (un secuestro, o una entrega de armas, por ejemplo), pero de ninguna manera para mantener una interlocución permanente.

El Gobierno estima que la autorización de un diálogo regional permanente con la guerrilla podría dar origen a situaciones de apaciguamiento que en nada contribuirían a una paz cierta y duradera.

Considera, además, que un diálogo al margen de los criterios establecidos por la política oficial de paz del Gobierno podría crear situaciones de cohabitación de la guerrilla con algunos intereses regionales, sin poner fin a la violencia generalizada de las organizaciones subversivas.

El Gobierno lo que busca es la superación definitiva del conflicto armado, y esto solo es posible cuando al interior de las conversaciones está siempre presente el hecho de que el diálogo debe tener como objetivo final la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil , dijo el Ministro de Gobierno.

Dijo, además, que los diálogos no pueden tener como objetivo la convivencia con la guerrilla ni la posibilidad de que ésta, a través del protagonismo que implica una conversación con los mandatarios seccionales, recupere credibilidad ante la comunidad por la vía de presentarse como los intermediarios que logran obras concretas del Gobierno .

El Ministro, más bien, pidió a los gobernadores estimular las acciones populares que impliquen el aislamiento de la guerrilla.

En este punto fue claro. Dijo que las manifestaciones de la sociedad civil, orientadas a crear un clima de convivencia, deben encontrar en los gobernadores posibilidades de repudio a los métodos terroristas que afectan al patrimonio de todos los colombianos .

Y fue más enfático, sobre este aspecto. Pidió que esas expresiones de repudio a la violencia guerrillera encuentren apoyo en la organización de eventos que permitan que la subversión entienda que no es por la vía de la utilización de los métodos violentos como se van a resolver los problemas económicos, sociales y políticos de los colombianos .

Los conceptos expuestos por el Ministro de Gobierno fueron interpretados por la mayoría de los mandatarios seccionales como un buen propósito del Ejecutivo nacional. Contralores, en el limbo Paipa Las contralorías departamentales seguirán en el limbo jurídico debido a la interpretación que se le ha dado a la elección de titulares para esas dependencias.

El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, respondió, en el Hotel Sochagota de Paipa, interrogantes de los gobernadores electos en torno a conflictos que se presentan en los departamentos con la elección de contralores.

De la Calle dijo que la incertidumbre se basa en que la Constitución no contiene una norma imperativa que ordene la elección de contralores por las Asambleas. A los contralores no se les revocó el mandato, tal como ocurrió con los congresistas , dijo el funcionario.

Hasta el momento tampoco hay un concepto jurídico que ponga fin a esa incertidumbre, agregó. El problema es el siguiente: hay contralores elegidos recientemente, que ocuparán el cargo durante el mismo período del gobernador, y hay otros elegidos con anterioridad a la expedición de la nueva Constitución, que terminarán su período en diciembre del próximo año.

Esa situación ha originado distanciamientos entre los gobiernos seccionales y los entes fiscalizadores. El Ministro de Gobierno dijo que el problema se prolongará mientras no haya un mandato de la rama jurisdiccional.

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