El contrato que enredó a Apolinar

El contrato que enredó a Apolinar

El contrato 015, adjudicado por el alcalde de Cali Apolinar Salcedo el 4 de febrero del 2005 para la modernización de la Dirección de Hacienda de la ciudad, podría ser el que más advertencias haya recibido en todo el país para que no se firmara. Pero hoy, por no oír esas voces, Salcedo enfrenta siete cargos disciplinarios que podrían incluso causar su destitución.

19 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

La Contraloría municipal, la Procuraduría Regional, el Concejo y las veedurías ciudadanas le pidieron suspender el proceso. Hasta la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda (DAF) le escribió una carta en la que advertía sobre los riesgos de entregar a terceros la gestión tributaria de Cali.

El negocio que enreda a Salcedo Caicedo también compromete a su directora de Hacienda, María del Rosario Peña.

Los dos sostienen que actuaron de buena fe y que el arreglo con Sí Cali le garantiza a la ciudad unos ingresos que no estarían tan seguros si las cosas hubieran seguido como venían. Y la firma dice que su actuación se ha ceñido en todo momento a los parámetros legales.

Además del proceso disciplinario, el caso está siendo investigado por la Fiscalía y pendiente de un fallo del Tribunal Superior de Cali, ante el que la misma Procuraduría pidió la nulidad del contrato.

¿Contratación dirigida? El promedio de recaudo de impuestos locales en Cali llega a los 300 mil millones de pesos cada año. Y la administración sostenía que la obsolescencia de sus equipos tecnológicos y la falta de personal (28 funcionarios de planta y 70 más por contrato de servicios) le hacían imposible atender a 540.000 contribuyentes.

Con esos argumentos, el Concejo de la ciudad le dio a ‘Polo’, como se le conoce al Alcalde, facultades por seis meses para contratar el recaudo.

Y allí se cometió una de las irregularidades que hoy lo tienen contra las cuerdas.

Las facultades expiraron el 4 de febrero del 2005, pero el contrato con Sí Cali, después de una suspensión preventiva pedida por la Procuraduría para ajustar la licitación a los términos legales, se firmó el 11. Es decir, cuando ya ‘Polo’ no podía hacerlo.

Pero los previos también fueron duramente cuestionados. La Procuraduría sostiene que las condiciones de la licitación habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva que deben regir todas las contrataciones oficiales.

El cuestionamiento tiene que ver con requisitos que fueron exigidos para participar en el negocio y que, según el organismo disciplinario, podrían encajar en el ‘direccionamiento de contratos’, una de las modalidades más usadas para violar el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80).

Por ejemplo, algunas de las exigencias sobre el objeto social de los proponentes coincidían casi totalmente con el de la firma Links, de Bogotá, que es una de las asociadas en la Unión Temporal que se quedó con el contrato. Los otros socios son Ingos y CKC Net, de Barranquilla, y una firma de Bucaramanga: Sistemas y Cómputos.

Otra condición puso fuera de combate a Tallion, una empresa internacional que quería participar en el negocio y que tiene amplia experiencia en soluciones de información pública y privada en países como Venezuela, Argentina y Brasil.

El pliego licitatorio obligó a que la firma elegida acreditara experiencia en “contratos referidos a la gestión tributaria pública municipal celebrados con el Municipio o distritos de Colombia y cuyo objeto sea específico”.

Al final del proceso, tanto Tallion como Fesa, la otra firma interesada en el contrato, decidieron retirarse argumentando falta de garantías.

Negocio redondo Tampoco quedó claro por qué la negociación le dio ventajas tan amplias al contratista privado. Incluso si no supera los recaudos de años anteriores, a Sí Cali se le reconoce un porcentaje de hasta el 3 por ciento sobre la plata de los impuestos. Es decir, aunque no produzca mejores resultados para la ciudad entraría ganando. Pero si supera el promedio anual de 300.000 millones de pesos, recibirá un porcentaje de hasta el 6 por ciento.

El contrato, además, tiene una vigencia de 15 años. La duración máxima permitida por la Ley para este tipo de concesiones, sin embargo, es de cinco años. Y la administración comprometió vigencias futuras, que van mucho más allá de su período, sin contar con ninguna autorización.

Desde el viernes, el alcalde Apolinar Salcedo tiene diez días hábiles para demostrar su inocencia en el caso. Por lo pronto, tiene para mostrar las cifras de recaudo en el segundo semestre, que señalan que los ingresos del municipio se incrementaron en 36.000 millones de pesos.

MUCHOS PROBLEMAS La administración de ‘Polo’ se ha caracterizado por los sobresaltos.

En octubre pasado lo envolvió un escándalo educativo. Se envolataron 16.000 millones de pesos que tenían como destino la ampliación de la oferta educativa para los estudiantes más pobres de la Cali. Doce personas fueron arrestadas, entre ellas dos concejales y un asesor de la Secretaría de Educación.

En el 2004 autorizó la venta de pólvora y se descubrió que uno de los asesores de la Secretaría de Salud era el hijo del dueño de una polvorería.

A comienzos del 2006 estuvo a punto de ir a la cárcel por desacato a una tutela interpuesta por un urbanizador que quería construir en una zona prohibida.

VEEDURÍA AL ALCALDE Betty de Borrero Veedora ciudadana “El Alcalde cada vez pierde más autonomía e independencia para dirigir los asuntos del municipio. Está quedando sometido a las directrices del Gobierno Central”.

7 billones de pesos, según las proyecciones de la Alcaldía, recaudará Cali durante los 15 años del contrato con la Unión Temporal Sí Cali. El negocio también fue cuestionado porque la póliza de cumplimiento se suscribió por apenas 100 millones de pesos. Ese valor ya fue reajustado. Quedó en 194.831 millones.

''Espero esbozar las pruebas que me permitan justamente desvirtuar los cargos que me hacen en el expediente de la Procuraduría”.

Apolinar Salcedo Caicedo, alcalde de Cali, sobre el proceso en su contra

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