¡108 Liberal, el número de la transparencia!

¡108 Liberal, el número de la transparencia!

Sobra presentarla. Los bogotanos ya la conocen. Se trata de María Victoria Vargas Silva, una de las mujeres que ha estado 15 años en el Concejo de Bogotá, desde donde ha librado una lucha frontal contra la corrupción, sin ningún tipo de titubeo.

11 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

Así lo establece su hoja de vida, en la que reposan denuncias, debates y proyectos que lograron desenmascarar a varias entidades y personajes, protagonistas de varios escándalos y hechos deshonestos.

Por eso, esta liberal se identifica con el lema “¡la llave de la transparencia!”, pues a través de su empuje, los capitalinos saben que tienen la posibilidad de seguir contando con alguien serio y que defiende sus derechos, pero esta vez en la Cámara de Representantes por Bogotá.

Lo único que tienen que hacer es marcar la ‘ele’ del Partido Liberal colombiano y el número 108 en el tarjetón verde, un número que ella escogió y que tiene un valioso significado: (1) una mujer de carácter para Bogotá; (0) cero corrupción y politiquería, y (8) ocho propuestas para la ciudad.

“La corrupción es un cáncer que está enquistado en las diferentes instituciones públicas y privadas. De ahí que ayudar a erradicarla será una de mis principales tareas durante este periodo”.

Duras amenazas María Victoria Vargas se ha distinguido como una mujer franca y abierta.

Así la caracterizan sus seguidores y hasta sus más duros detractores, quienes la han visto en el ‘campo de lucha’ defendiendo su causa o, mejor, la causa de los capitalinos.

Pero también esto se refleja en su decidido compromiso con la ciudad, el cual la ha llevado a ganarse enemigos públicos y hasta duras amenazas contra su vida por poner el dedo en la llaga en varios asuntos de gran peso.

Un ejemplo muy claro se vio en el magistral debate que hizo sobre el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito -entidad que administra los recursos de seguridad de los bogotanos- “porque se estaban robando la gasolina de los vehículos del Distrito y de la Policía Metropolitana”.

Este asunto se comprobó cuando algunos de los automotores en mención, que se encontraban varados o dañados en el taller, aparecían como los primeros beneficiarios del gasto diario del combustible.

Igualmente demostró sobrecostos en la adquisición de algunos bienes y servicios por parte de esta misma entidad. Según sus propias palabras, “compraron seis unidades básicas de inteligencia, pero quién sabe para qué, pues nunca las utilizaron luego de tener un sobrecosto de 150 millones de pesos, cada una. Esto fue demandado ante la Fiscalía”.

Tampoco le faltaron fuerzas para denunciar a la Policía Metropolitana (que recibe transferencias de la Secretaría de Gobierno para el sostenimiento de los policías bachilleres) por haber utilizado parte de estos recursos para la remodelación de los casinos de oficiales, dándole una destinación diferente a lo pactado en el convenio.

Así mismo, descubrió una presunta red de servidores públicos, conformada por los familiares del Contralor, de la gerente del Fondo de Vigilancia y de la Gobernación de Cundinamarca, que pretendía extorsionar contratistas y recibir pagos de comisiones para la adjudicación de contratos.

Ante esta situación, no solo hizo un estricto control político, mediante la citación a los funcionarios correspondientes, sino que formuló los denuncios penales.

También defendió, desde el Concejo, el medio ambiente de la ciudad.

Especialmente se opuso a la construcción de vivienda en los cerros, por considerar que es un crimen ecológico y ambiental.

Finalmente, se opuso a la construcción de ciclorrutas en el humedal de Córdoba, ya que la idea es proteger a cada una de las especies de fauna y flora que habitan en esta zona.

Contra la corrupción Sin embargo, quizás una de las denuncias más fuertes formuladas por María Victoria Vargas fue la corrupción e ineficiencia en la Empresa de Acueducto de Bogotá, que logró el cambio de dos gerentes. Al primero de ellos, Alberto Merlano, lo puso contra la pared al descubrirle contratos de asesores que cobraban como un taxímetro (8.100 pesos por minuto), pues no más a un abogado se le pagaron 186 millones de pesos, por 10 meses de servicio que, además, no correspondía al objeto del contrato.

El otro asunto que puso a temblar al Acueducto fue la pérdida de 46 mil millones de pesos que, aparentemente, fueron utilizados para el nuevo sistema de facturación de la empresa con la firma Sap Andina y del Caribe, contrato que inicialmente tuvo costo de 7.800 millones de pesos y, por aspecto de consultoría, luego ascendió a 12.782 millones de pesos, para un valor total de 20.625 millones de pesos. Luego de un tiempo, la suma se incrementó a 46 mil millones de pesos, es decir, el 127 por ciento más.

Estas son apenas algunas de las batallas enfrentadas por esta liberal que ahora quiere defender los derechos de los bogotanos, pero desde la Cámara de Representantes, desde donde cumplirá con el lema que la identifica: “¡Abramos la llave de la transparencia y cerremos la llave de la corrupción!”.

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