Cruzada por el desarme

Cruzada por el desarme

La propuesta de consulta popular del alcalde Lucho Garzón para preguntar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con el porte de armas en Bogotá puede terminar siendo un canto a la bandera. O puede servir para poner sobre el tapete de discusión un polémico tema que está detrás de buena parte de los homicidios que ocurren en la ciudad. El ocurrido el lunes, cuando fue asesinada la joven Alejandra Trigos en un bar cercano a una universidad bogotana, obliga también a revisar la conveniencia de que este tipo de sitios de entretenimiento estén en el vecindario de los centros educativos.

10 de marzo 2006 , 12:00 a.m.

Todo lo que se haga para luchar contra la alarmante proliferación de armas ilegales es poco. Fueron las causantes del 75 por ciento de las 1.670 muertes violentas que ocurrieron el año pasado en la ciudad por armas de fuego. Los esfuerzos de desarme, que arrancaron en la alcaldía de Jaime Castro y continuaron en las de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, contribuyeron a bajar significativamente el índice de homicidios con armas de fuego. Sin embargo, el mercado negro sigue intacto.

Es de tal magnitud el volumen de las armas que circulan en Bogotá, que las autoridades decomisan cada día más de 50 pistolas y revólveres. En el 2005 fueron incautadas 24.500. Y, según la Secretaría de Gobierno, el 72 por ciento de los homicidios ocurridos el año pasado en Bogotá fueron cometidos con armas de fuego. Preocupa, sí, que mientras las amparadas legalmente son incautadas, a menudo por infracciones como la de no haber renovado el salvoconducto, o conducir embriagado, las ilegales, en su gran mayoría, no caen en manos de las autoridades. De las 3.261 decomisadas en la ciudad entre el primero de enero y el 3 de marzo pasados, 429 eran ilegales y el 75 por ciento tenía origen legal.

La propuesta del Alcalde, que busca dar un impulso más rotundo al empeño del desarme, seguramente revivirá el debate entre quienes piensan que el derecho a la defensa y a la protección de sus bienes debe prevalecer, y quienes sostienen que el monopolio de las armas debe ser del Estado. Debate particularmente complejo en una sociedad como la nuestra, en la que campean el crimen y la violencia.

En favor de ambas posiciones obran argumentos de peso. Los defensores del desarme sostienen que, al aplicarse la restricción en forma general, es más fácil controlar el porte ilegal y conseguir que bajen los delitos. Los opositores arguyen que la ciudadanía de bien quedaría desamparada frente a un hampa que siempre se las arreglará para armarse. En todo caso, es claro que la solución no está en ninguno de los dos extremos, sino en un control que conduzca a la drástica reducción de las armas ilegales en circulación, y que podrían ser el 60 por ciento del millón en que se estima el total. Es decir, una cantidad casi igual a los 1,3 millones de las registradas en todo el país.

Las armas ilegales deben ser perseguidas, pues los únicos que ganan con el fatídico mercado negro en el que se negocian son los delincuentes que las usan y las mafias que las ‘administran’. En estos días se desmanteló un tenebroso negocio. Se trata de una ‘oficina’ de alquiler de armas que la Dijín descubrió en un campo de tejo del barrio Fátima, donde cualquier delincuente podía alquilar un revólver por 200 mil pesos o una pistola con silenciador por un millón. Con el agravante de que al retornarlos se les borraban las ‘huellas digitales’ que dejan en los proyectiles, o se les cambiaban los percutores para impedir la identificación de un arma homicida.

Como si esto fuera poco, la Policía ha detectado otros lugares que, además, alquilan a sus ‘clientes’ motos o carros por uno o varios días.

A pesar de esta horripilante realidad, la iniciativa de llevar el tema a una consulta popular no va a estar exenta de polémica, como lo estuvieron las propuestas de desarme lanzadas en las administraciones distritales anteriores. Hubo resistencia del Gobierno Nacional y, especialmente, del Ministerio de Defensa, preocupados por la seguridad de quienes reclaman el derecho, con buenas razones, de portar armas legalmente. Nada de esto, sin embargo, debería impedir el examen reposado y consciente de la propuesta del desarme. Lo que ella plantea, en último término, es un dilema de fondo sobre el tipo de sociedad que queremos: una basada en la ley del revólver, o una en la que se imponga el respeto a la vida como el valor primordial que legaremos a las futuras generaciones

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