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GUASCA SE DESMORONA

GUASCA SE DESMORONA

El valle de Guasca, a una hora de Bogotá, se desmorona lentamente, palada tras palada. A pesar del deterioro ecológico que han originado cuatro empresas extractoras de arena y gravilla, 12 licencias están en trámite en el Ministerio de Minas y Energía. En estos momentos, según el Ministerio de Minas, las empresas utilizan cerca de 10 hectáreas para extraer material de construcción, de las cuales casi dos son ahora profundos huecos. De aceptar las nuevas solicitudes, las compañías tendrían derecho a explotar 3.400 hectáreas aproximadamente.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
18 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

Estos trabajos no solo afectan el patrimonio arqueológico de la región allí habitaron los muiscas, sino el entorno de la Capilla de Siecha, declarada, en marzo de este año, patrimonio nacional, junto con las 457 hectáreas de su ámbito natural. Así lo establece un estudio del Instituto Colombiano de Antropología (Ican), en julio de este año.

Siete de las 12 solicitudes, según el Ministerio, serían para operar dentro del área de influencia de la Capilla y todas violarían el Plan de Ordenamiento Físico del municipio, que entró en vigencia en octubre del año pasado, en donde no se permite un uso diferente del agropecuario, debido a que la tierra es reconocida como una de las más productivas de la región.

Para evaluar el impacto ambiental de las explotaciones de arena y gravilla, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) inspeccionó el área, a finales del año pasado, y concluyó que la explotación iba en detrimento de las condiciones ambientales y de las actividades agrícolas del valle de Guasca.

El informe señala que la gravillera Agregados de la Sabana ha hecho extracciones directas del río Siecha y ello ha modificado su profundidad y causado el ensanche del cauce en varios lugares.

Esa explotación hizo que las orillas se desplomaran y se destruyera la vegetación nativa, compuesta principalmente de alisos.

En cercanías de la Capilla de Siecha, dice el informe, Congravas dejó los terrenos más próximos al río Siecha en condiciones de deterioro total. El terreno presenta excavaciones agrega el documento sin ninguna adecuación, con aguas estancadas al lado de desechos amontonados .

Hoy, los 13.000 habitantes del municipio piden que se cumplan las normas vigentes e impidan que se aprueben las licencias en trámite, pues ya hay contaminación del agua, contaminación auditiva y contaminación visual, y pérdida de recursos naturales por su mal manejo. Negligencia oficial Las veredas de San José y San Isidro, las más pobladas de todo el municipio, situadas en cercanías de las gravilleras, son las más perjudicadas, debido a que sus habitantes aprovechan directamente las aguas del río Siecha.

Según el certificado del médico del pueblo, uno de los hijos de Graciela Cortés de Sarmiento sufrió erupciones en la piel por tomar agua contaminada.

La familia utiliza las aguas del río Siecha que pasan por las gravilleras de Agreandes e Ingegravas. Pero ni el Ministerio de Minas ni la Corporación Autónoma de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez (CAR) ni el alcalde de Guasca, encargados de vigilar el funcionamiento de las gravilleras, han obligado a las empresas a que se ciñan a la ley para no perjudicar el ambiente.

Por eso, la comunidad invitó, el 8 de noviembre, al procurador delegado en lo Civil y Protección del Interés Público, Luis Felipe Arrieta, y al procurador delegado para Asuntos Agrarios, Luis Augusto Cangrejo, para que corroboraran las denuncias que han hecho los habitantes desde hace años.

En la visita estuvieron representantes del Ministerio de Minas, la CAR, Colcultura y el Himat, que respondieron las preguntas de la comunidad sobre el funcionamiento de las gravilleras.

Hugo Duque, jefe de la Sección de Protección del Medio Ambiente del Ministerio de Minas, dijo que este solo respondía por lo sucedido después del 23 de junio de 1989, porque antes el control y vigilancia le correspondían a la CAR.

Aunque reconoció que hay abuso en el uso del agua , dijo que hace falta un estudio que determine si está o no contaminada y si en verdad los daños ambientales son causados por las gravilleras. El funcionario desconocía el estudio del Agustín Codazzi.

Por su parte, Guillermo Acevedo, de la sección de permisos de recursos no hídricos de la división de evaluación técnica de permisos de la CAR, negó que el agua estuviera contaminada, pero reconoció que sí había un cambio en su olor y color. Reconoció que no se ha hecho un control estricto del funcionamiento de las gravilleras.

Según el procurador delegado Arrieta, en la reunión, los miembros de las entidades reconocieron que sí bajaron los niveles de los pozos profundos, que sí hay contaminación del agua y que no se están ejerciendo los controles necesarios con las gravilleras. Las cosas están bien en la parte formal, pero no se están haciendo los controles de calidad . Más contaminación Cuando las empresas comenzaron sus trabajos, acordaron con la comunidad y la Alcaldía que las labores de excavaciones se harían durante ocho horas diarias. Pero desde hace un año, a raíz de los problemas con la comunidad, los gravilleros inician trabajos a las 6 de la mañana y concluyen hacia la medianoche.

Los habitantes, especialmente las veinte familias que viven en cercanías de las gravilleras, aseguran que el ruido es insoportable. Ya no hay tranquilidad, dicen. Por eso, quieren que el Estado, conforme al artículo 80 de la Constitución, garantice el desarrollo de los recursos naturales, su conservación, restauración o sustitución. Además, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Mañana, en las instalaciones de la Procuraduría Delegada en lo Civil y Protección del Interés Público, funcionarios del Ministerio de Minas, la CAR, Himat, Colcultura y el Consejo de Monumentos se reunirán para establecer los impactos ambientales y de salubridad que han causado las gravilleras y la responsabilidad de las entidades para su correcto funcionamiento.

El mismo día, un comité técnico hará un recorrido de inspección por la zona para evaluar si las industrias están cumpliendo o no con las normas exigidas.

La Constitución le está dando a la gente el derecho fundamental de tener un ambiente sano. Por ese motivo, vamos a intervenir y a solicitar al Ministerio de Minas que pare el trámite de la concesión de esas licencias, ante la alarmante situación que causan los gravilleros a la comunidad. Vamos a hacer lo posible, como voceros de la comunidad, de parar eso. Pero el Ministerio es el que toma la decisión , dijo el procurador delegado Arrieta. Gravilleras en funcionamiento Solo una de las tres gravilleras que funcionan en Guasca inició los trabajos de excavación conforme a la ley.

Congravas S.A, según la comunidad, comenzó los trabajos hace tres años, a 250 metros de la capilla. Hoy están paralizados. El Ministerio de Minas desconoce cuánto hace que dejó de funcionar.

De nuevo, está solicitando licencia para reanudar sus trabajos en 27 hectáreas dentro del área de influencia de la Capilla.

Agregados de la Sabana es la más antigua. Lleva cerca de 15 años explotando la tierra. También está dentro del área de influencia de la Capilla, pero la licencia fue otorgada antes de ser declarada monumento nacional.

Tiene 1.600 hectáreas para excavar cuya licencia está en trámite, de las cuales 600 estarían dentro del área de influencia.

Agregados de los Andes (Agreandes) funciona desde hace tres años. Inició su proceso en la CAR, en 1988, pero solo en febrero pasado obtuvo la licencia de funcionamiento del Ministerio para explotar 62 hectáreas. Las excavaciones se hacen a 250 metros de la Capilla.

Aunque el Código Minero de 1988 trasladó la adjudicación de permisos al Ministerio de Minas, la CAR autorizó la explotación de 77 hectáreas más ya que venían tramitándose con anterioridad a la puesta en vigencia del Código, sin tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Físico, vigente por acuerdo 012 de octubre de 1990.

Ingeniería de Gravas (Ingegravas) se instaló desde finales del año pasado, pero no tiene licencia del Ministerio. Según esta cartera, contaba con autorización de la Alcaldía. La CAR ordenó su cierre en abril de 1991 y el Ministerio, en octubre de este año.

Según la Procuraduría, los trabajos debían cesar el 9 de noviembre, pero el alcalde, Pablo Pedraza, no ha hecho efectiva la medida. La Procuraduría lo investiga.

Ingegravas tiene en trámite cerca de 15 hectáreas.

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