R A Z O N E S J U R I D I C A S

R A Z O N E S J U R I D I C A S

De acuerdo con las informaciones que han trascendido a la prensa, el señor procurador sostiene, en lo que seguramente es un concepto a fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1926 de 1990, dos tesis: Una relacionada con la falta de conexidad entre el mencionado decreto y la perturbación del orden público, y otra, sobre el contenido material --de carácter eminentemente político-- del acto sometido a revisión de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo sentido había emitido concepto el señor procurador cuando se refirió al decreto 927 de este mismo año, y debemos reconocer que al jefe del Ministerio Público le asiste la razón jurídica en su dictamen que, aunque no tiene carácter obligatorio, significa un aporte conceptual que no debe ser desechado ligeramente por la Corte. Esta vez, los ilustres magistrados de nuestro más alto tribunal de justicia deberán ponderar con mayor cuidado los argumentos del fiscal de la nación para que la sentencia misma adquiera más solidez y trascen

04 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

Nosotros, en abundantes escritos, hemos sostenido la tesis de la inhibición de la Corte, con argumentos semejantes a los esgrimidos por el procurador. Hemos dicho que así se haya escogido la vía tortuosa del estado de sitio para dictar los decretos 927 y 1926, el contenido de ellos los define como actos políticos que, por su naturaleza, escapan al pronunciamiento jurisdiccional de la H. Corte, reservado a los actos jurídicos de que trata el artículo 214 de la Constitución Nacional.

Hemos dicho, además, que la tesis de la inhibición se debe abrir paso por cuanto si la H. Corte Suprema de Justicia entra a estudiar el nuevo decreto puede encontrar que hay en él la consagración de un nuevo procedimiento para reformar la Constitución política, por fuera del artículo 218, disposición que para la Corte, según el texto de la sentencia sobre el decreto 927, se encuentra vigente. Y con el fin de no entrar en evidentes contradicciones y en forzados argumentos para deducir una conexidad del acto de gobierno con el estado de sitio, mejor sería que reconociera el carácter político del decreto 1926 y procediera como procedió cuando se demandaron los decretos que convocaron el plebiscito de 1957, inhibiéndose...

Pensamos, además, que por la vía del estado de sitio no puede suspenderse la vigencia del artículo 218 de la Constitución y que los únicos mandatos que pueden esgrimirse como superiores al de las normas adoptadas por el Congreso son aquellos que emanan del constituyente primario, o sea de la nación, como titular de la soberanía. En este sentido, la propia legitimidad del proceso de convocatoria de la llamada constituyente no surgirá de la sentencia de la Corte sino de la voluntad expresada el 27 de mayo y de la que surja del referéndum del 9 de diciembre.

Consideramos, finalmente, que el concepto del procurador habla muy bien del oficio del Ministerio Público, como intérprete del pensamiento de la nación. No importa que la propia Asamblea haya sido proyectada con limitaciones de las facultades que son propias de una verdadera constituyente, porque pensamos que una vez reunida asumirá la auténtica vocería del pueblo que le fue otorgada en el amplio mandato del 27 de mayo.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.