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Por fin habrá jueces administrativos

Por fin habrá jueces administrativos

Desde que existe en Colombia y hasta hace unos años, la contenciosa administrativa fue una jurisdicción centrada en su especialidad y pequeña en tamaño, obedeciendo a unas circunstancias de complejidad del Estado y de la misma sociedad muy diferentes a las actuales. (VER CUADRO: PRESUPUESTO JUDICIAL)

Sin embargo, esta situación varió en forma sustancial, tanto en cuanto a la diversidad de competencias como al volumen mismo de asuntos, dado el auge del derecho administrativo, lo que se tradujo en un dramático aumento de la demanda de justicia en esa jurisdicción.

La anterior situación marcada en forma determinante por el desarrollo de una altísima litigiosidad en relación con la actividad del Estado, vino a desbordar del todo la capacidad de respuesta de la jurisdicción y a plantear la necesidad imperiosa de fortalecer el aparato que la compone.

Así, se fue conformando año tras año un gran inventario acumulado de procesos que condujo a la congestión de la jurisdicción y produjo alarmantes niveles de atraso en la resolución de los conflictos; sólo en 2004, y a pesar del sostenido aumento en la productividad por parte de los tribunales que la conforman, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se presentó un índice de acumulación del 17 por ciento, es decir, pudo evacuar mucho menos de lo que en el mismo período recibió, todo lo cual comportaba sin duda una situación a corto plazo insostenible.

Así las cosas, el legislador de 1998 (ley 446) optó - a mi juicio sabiamente - por tomar ejemplo de la jurisdicción ordinaria y ampliar el aparato judicial en esa jurisdicción, pero en la base, creando allí los jueces administrativos a imagen y semejanza de los jueces de circuito, con lo cual se obtendrían claros beneficios adicionales como el de hacer llegar la justicia contenciosa a más lugares del territorio nacional, haciendo presencia institucional y facilitando el acceso a la administración de justicia, a la vez que se conformaba una estructura de justicia administrativa más acorde frente a los diferentes niveles de la administración pública.

Existiendo entonces un mandato legal de por medio para la puesta en funcionamiento de los juzgados administrativos y, aún más, una decisión (18 de julio de 2002) del propio Consejo de Estado - máxima instancia de esa jurisdicción - que ordenó el cumplimiento de dicha ley, y luego de varios años de discusiones con el Ministerio de Hacienda sobre el monto de los recursos necesarios para ese cometido, como Presidente del Consejo Superior me correspondía tomar la iniciativa y emprender la tarea de lograr el consenso necesario en la Rama Judicial, para luego convencer al Gobierno Nacional de la urgencia que había de fortalecer la jurisdicción contenciosa; y la forma ya dispuesta en la ley era necesariamente la implementación de los juzgados administrativos.

Y así se hizo. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, donde tienen asiento los Presidentes de las cuatro Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, produjo una carta dirigida al Presidente de la República y a la Presidencia del Congreso, exponiendo la situación de la Rama Judicial y, en lo que respecta a la jurisdicción contenciosa, pidiendo específicamente el suministro de los recursos necesarios para la puesta en funcionamiento de los jueces administrativos.

Esta carta fue atendida inmediatamente por el propio Presidente quien citó a una reunión con los ministros del Interior y de Justicia y de Hacienda, por cuyo concurso se logró la adición correspondiente en el presupuesto de la Rama Judicial, adición que posteriormente fue aprobada por el Congreso de la República dentro de la Ley de Presupuesto, todo esto dentro de un esfuerzo conjunto de colaboración armónica de los poderes públicos que vale aquí resaltar.

Más allá de los avatares y traumas propios de todo proceso de cambio como el que significa esta reestructuración de la jurisdicción contenciosa, la desconfianza per se en jueces unitarios y jerárquicamente inferiores carece en mi parecer de fundamento razonable.

En primer lugar, porque Colombia tiene una larga tradición en materia de jueces unitarios confiables con temas muy importantes en sus manos (piénsese, por ejemplo, en las trascendentales competencias que se aglutinan en cabeza de los jueces civiles del circuito, a más de la competencia residual que se dejó en sus manos con un claro sustento de confianza).

Y, en segundo lugar, porque esa posición inferior en la estructura jerárquica del Poder Judicial en manera alguna significa una inferior calidad, si se observa que las políticas aplicadas por el Consejo Superior al proceso de convocatoria y selección a través de concurso de méritos, tienen un claro y definitorio componente de especialidad, de manera tal que el que llegue a ocupar cargos en los juzgados administrativos no sólo será necesariamente personal especializado en el derecho administrativo como rama del derecho (que deberá, además, haber acreditado un tiempo de experiencia específica y relacionada con esa materia, de donde se puede claramente inferir que su procedencia mayoritaria es la propia rama judicial y el litigio en esa materia), sino que serán los mejores en esa área en cuanto y tanto concursaron y ganaron el concurso, y aprobaron el curso de ingreso, por sobre muchos otros aspirantes, naturalmente por haber acreditado idoneidad para ejercer tan importante cargo.

Pero si lo anterior fuera poco, basta recordar que el sistema de controles dispuesto por el legislador está concebido para que las competencias de única instancia que van a tener estos jueces sean realmente pocas y de menor entidad, de manera que los asuntos de trascendencia que los jueces administrativos conocerán serán siempre susceptibles de revisión, por vía de los recursos ordinarios, por parte de los tribunales administrativos.

Acuciosos abogados y miembros de la judicatura en general, con genuina preocupación por el buen suceso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo una vez entren en funcionamiento los juzgados administrativos, han señalado con precisión un aspecto en el cual coincido, que puede constituir un defecto grave de diseño y que, por lo mismo, es preciso atender inmediatamente: no existe un mecanismo de unificación de la jurisprudencia en cabeza del Consejo de Estado, y esa es la función principal que una Alta Corte está llamada a cumplir dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, como herramienta insustituible de seguridad jurídica.

El Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en un proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que provea ese mecanismo, y para ello naturalmente buscará y obtendrá el apoyo del Consejo de Estado, y luego el del Gobierno Nacional y el Congreso de la República para, en lo posible, lograr sacar adelante la reforma al tiempo en que los juzgados administrativos entren a funcionar a mediados de este año.

Al respecto y para terminar, les puedo adelantar que si se logra construir el consenso y concretar el proyecto, la idea de la Presidencia del Consejo Superior consistiría en un mecanismo similar al de la revisión que en materia de tutela existe para la Corte Constitucional.

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