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El Estado que tenía 'Cuco' Vanoy

El Estado que tenía 'Cuco' Vanoy

Rosmery Misas no acudía al Sisbén para que le operaran a su niño hermafrodita. No dudaba en “arrimarse”, al ‘señor Cuco’ Vanoy para que le hicieran gratis la cirugía que necesitaba.

Tampoco Clementina Valencia iba a la Alcaldía de su municipio para que le repararan el ancianato de su vereda. Siempre acudía a 'don Cuco' como se le conoce en Tarazá a este jefe paramilitar (desmovilizado el viernes y pedido en extradición por E.U), para que le diera los 70 millones que requería.

Otros pedían y recibían computadores para sus escuelas, eran atendidos en la clínica de las autodefensas y todo a plena luz y vista de las autoridades por cerca de 10 años.

Así se hizo evidente luego de la desmovilización el viernes de 2.790 hombres donde quedó demostrado que en gran parte del Bajo Cauca los paramilitares funcionaban al estilo de una alcaldía paralela con programas sociales y 'Vanoy' era una especie de alcalde'.

La llegada de más de 100 buses repletos de beneficiarios de sus programas, las pancartas de gratitud y hasta el temor de algunos empresarios porque se fuera de la zona eran más que suficientes para entender quién es Ramiro Vanoy para ellos.

Los programas Y es que la lista de proyectos de las autodefensas es larga así como el conocimiento que las autoridades tenían de ellos.

Comienza con Tarazá sin Hambre, un programa que perfectamente parecería de una alcaldía municipal y que entregó parcelas a cerca de 300 familias campesinas para que cultivaran hortalizas, plátano o cachama sin que tuvieran que regresar dinero a cambio.

De ese se beneficiaba Lenys, una mujer que ahora teme que se acabe su trabajo y que se le generen dificultades legales por haberse beneficiado de los paramilitares.

“Somos 40 parceleros a los que ‘don Cuco’ nos regalaba un cuarterón de tierra para que la trabajáramos; pero ahora tenemos temor porque estamos en tierra de él y no sabemos las represalias o masacres que pueda haber”, dijo la mujer.

Además de los cultivos, también tenían 32 estanques y un aprisco, un ancianato y asociaciones de mujeres.

El alcalde de Tarazá Reinaldo Ángel Posso reconoció sí conocía que ellos trabajaban sus proyectos productivos paralelos a los de la Alcaldía.

“Ellos los venían desarrollando, pero nosotros tenemos los propios a través de la Umata. Ahora que el Gobierno Nacional acoja a los proyectos productivos de las Auc nada tiene de raro que nos unamos”, dijo Un video entregado por los paramilitares, como su ‘balance social’ mostraba otros proyectos como la Asociación de Caucheros que revelaban la cantidad de tierras donadas por él, además de las empresas privadas en las que hicieron inversiones. Se trataba de avícolas, porcícolas, hoteles y hasta una clínica de tercer nivel construida en pleno casco urbano de Tarazá.

Arnaldo Rodríguez, gerente de la clínica y miembro de la comisión ciudadana de verificación, negó la última inversión y dijo que en el video hubo una mala asociación. “Yo estaba hablando de que gracias a la seguridad latente los empresarios teníamos posibilidad de invertir en la región pero lo relacionaron con otro tema”, dijo.

Sergio Caramagna, jefe de la Misión de la Organización de Estados Americanos reconoció el fuerte control del bloque en la región. “Verificaremos su desmonte total”, dijo.

La pregunta ahora es qué pasará con esos proyectos y las tierras y cómo el Estado asumirá responsabilidades de empleo, alimentación y salud que terminaron en manos de ese grupo armado.

Además si estos muebles e inmuebles son o no ilícitos y por tanto sujetos de extinción de domimio por parte de la Fiscalía.

Para el Asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, esos proyectos sociales deben ser asumidos por el Estado.

SE DUPLICÓ EL NÚMERO Conocedores del proceso del bloque Minero indicaron que su comandante pretendía desmovilizar la mayoría de los habitantes de los pueblos donde operaba.

Se entregaron además de combatientes, tenderos, cocineras y hasta informantes.

Hace 15 días el asesor político del bloque, Luis Francisco Aponte, dijo que eran 1.700 hombres.

El miércoles pasado el propio Vanoy dijo que en total eran 2.560.

Pero ayer se desmovilizaron 2.790 personas.

Interpelado sobre ese número de desmovilizados, Sergio Caramagna, jefe de la Misión de la Oea dijo que eso no era lo importante.

Ahora se espera que se desarrollen proyectos productivos que cambien la cadena productiva de la coca con desmovilizados y campesinos.

Se espera que una vez terminen las erradicaciones manuales de coca en La Macarena (Meta), se hagan en el Bajo Cauca Antioqueño.

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