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Una ley para resucitar muertos

Una ley para resucitar muertos

Los computadores convirtieron en mercancía nuestra intimidad: bienes, sueldos, enfermedades, notas académicas, deudas y acreencias, hijos legítimos y naturales, matrimonios y divorcios, infracciones de tránsito y de las otras, empleos, viajes, gastos, lecturas... Más de 30 grandes centrales de información controlan cada detalle de los colombianos. La mayoría son estatales, pero de las privadas depende la estabilidad de la economía familiar. Muchas comparten datos. Otras los venden al exterior. A veces difunden errores o se prestan para abusos. Las Farc, por ejemplo, tecnificaron sus secuestros gracias a algunos de estos depósitos informáticos. En cuanto a los archivos oficiales, una orden de detención jamás corregida representó para un antioqueño 20 detenciones arbitrarias en cuatro años. (1-13 EDICIÓN BOGOTÁ)

Son igualmente perjudiciales las actuaciones de las centrales privadas que pueden decretar la muerte civil de 8 millones de colombianos. Nutren a estos leviatanes todas las entidades financieras, y en ocasiones lo hacen sin consideración con sus clientes y atropellando derechos elementales. En la última semana, tras un Cambalache sobre este tema, recibí numerosas quejas de ciudadanos perjudicados por errada información crediticia, principalmente de Datacrédito y el Citibank. Datacrédito alega que ella “no otorga ni niega créditos” pues “cada entidad financiera tiene su propia política de aprobación de préstamos”, y un funcionario suyo señala que son los computadores los que ofrecen datos de manera imparcial. Pero quien asume la responsabilidad de difundir información privada debe tomar medidas para procurar que ella sea veraz y cumpla requisitos mínimos. En lo tocante a la excusa de los computadores, igual podrían alegar un asesino ante el juez: él no mató, mató el revólver.

Como resultaría de mal gusto encarcelar computadores y revólveres sin sancionar a quienes los empuñan mal, lo más aconsejable es aprobar una ley que desarrolle el artículo 15 de la Constitución, donde se consagra el derecho del ciudadano a conocer y corregir los datos almacenados sobre él (hábeas data). Cuantas veces cursó un proyecto de ley sobre esta materia, acabó hundido. El más reciente naufragio significó un alivio para los parroquianos, pues estaba claramente tramado a favor de los poseedores de información. Ahora empieza su curso otro que concilia diversas propuestas y cuenta con el aval del congresista que más se ha preocupado por el tema, el representante Luis Fernando Velasco. Este proyecto conserva durante cinco años la historia comercial (positiva y negativa) del ciudadano; elimina el dato negativo cuando el moroso pague; aumenta las sanciones a las entidades irresponsables; agiliza los mecanismos de queja y, algo fundamental, prohíbe suministrar informes a la central de riesgo sin notificación previa al ciudadano y tiempo prudencial para remediar el problema. Era lo menos que podía pedirse: una tarjeta amarilla antes de la muerte civil, de la que pocos consiguen resucitar sin cicatrices.

El proyecto es mejorable. Tres puntos concretos: no son equiparables todas las deudas (un atraso de un día y uno de seis meses, un impago de 2.000 pesos y uno de 20 millones, un moroso consuetudinario y uno accidental); hay que prohibir la renuncia a la intimidad bajo presión; y convendría crear un veedor especial, más ágil, duro y eficaz que la Superbancaria. Pero, sobre todo, es importante que el Gobierno y sus mayorías apoyen el proyecto, para liquidar así un limbo jurídico que castiga injustamente a miles de ciudadanos.

ESQUIRLAS. 1) Ya que, por encomiable decisión del Cirujano Mayor, la Ley Forestal pasa al quirófano parlamentario, tal vez lo más aconsejable sería que, en lugar de la esperable cirugía cosmética, recibiese una piadosa eutanasia. 2) El triunfo de la socialista Michelle Bachelet en Chile representa la feliz inauguración política del 2006. Que vengan más resultados como este.

cambalache@mail.ddnet.es

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