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Ordenan indemnizar daños por huecos y malas condiciones en la vía pública

Ordenan indemnizar daños por huecos y malas condiciones en la vía pública

El Consejo de Estado dictó la primera sentencia que obliga a las autoridades a pagar por los daños derivados de la existencia de huecos, la falta de señales de tránsito y las malas condiciones en las vías públicas colombianas.

La providencia se produjo al fallar a favor de un ciudadano que demandó al Ministerio del Transporte para que le respondiera por los perjuicios causados tras estrellar un vehículo contra la baranda de un puente en una carretera del Valle del Cauca.

El episodio sirvió al Consejo de Estado para dejar en claro que impondrá las más altas condenas económicas a fin de reparar a quienes resulten lesionados en accidentes originados por deficiencias en la malla vial del país.

Es más, los consejeros de Estado no permitirán que, en los debates realizados en los estrados, las autoridades eludan su responsabilidad ante los ciudadanos perjudicados con argumentaciones -repletas de citas de incisos y artículos- que sólo buscan, en el fondo, evitar asumir los costos de los accidentes de tránsito.

Precisamente, en la primera semana de 2006, según los reportes de la Policía de Carreteras, se produjeron en Colombia más de 14 percances de esta naturaleza con un saldo que sobrepasó los 15 muertos y 35 heridos. En el 2004 se contabilizaron 1.042 tragedias automovilísticas y en el 2005, esta última cifra se redujo en un 20 por ciento y arrojó 797 víctimas.

En la práctica, la sentencia del Consejo de Estado subraya la gravedad de la ocurrencia de un accidente no sólo por las secuelas que deja para el afectado y su familia, sino porque puede incluso destruir la vida laboral de quien resulte herido.

Por eso, en la providencia, el Consejo de Estado abre la opción para que una persona lesionada en vía pública, por acción u omisión de las autoridades, pueda ser indemnizada no sólo por los daños materiales y morales derivados del siniestro.

Esto es, por ejemplo, desde el pago de la grúa para llevar el carro estrellado al taller, el costo de pasajes de su propietario al no disponer del automotor, la atención médica hasta las sensaciones de dolor, depresión, angustia y zozobra padecidas a raíz de la tragedia.

Es más, los consejeros de Estado advirtieron que el afectado también podrá recibir, como reparación de los daños, una suma de dinero -calculada hacia el futuro- sobre el período restante por su vida probable, según la pérdida de su capacidad laboral. Todo depende de las pruebas que reflejen con detalle las circunstancias de modo, tiempo y lugar del episodio.

En este tema de las reparaciones, a su vez, la providencia advierte que ya no existe una suma tope para indemnizar los perjuicios morales.

En el pasado, los ciudadanos sometidos a daños antijurídicos por actuaciones estatales sólo podían pedir como resarcimiento hasta 100 salarios mínimos legales mensuales.

"La imposición de condenas -dijo la corporación- por perjuicio moral en un máximo de 100 salarios mínimos legales, no significa que no pueda ser mayor cuando se solicita una indemnización más alta, y se alega y demuestra más intensidad en el padecimiento del daño moral".

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