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Se caen demandas regionales contra tabacaleras en E.U.
Miembros de la Comunidad Europea y varios departamentos de Colombia habían
gestionado la reactivación de procesos judiciales contra fabricantes de
cigarrillos, entre ellos R.J. Reynolds Tobacco Co. y Philip Morris Inc. Los
gobiernos extranjeros acusan a las tabacaleras de vender cigarrillos a
contrabandistas y alegan que esas actividades estarían vinculadas al
terrorismo y lavado de dinero.
Los demandantes colombianos sostienen que el contrabando de cigarrillos ha
alentado el narcotráfico y el crimen organizado con perjuicio de la economía del país.
La Corte de Apelaciones del 2do. Circuito Federal reafirmó la decisión de un
juez de anular los casos, que se basó a su vez en una antigua doctrina legal
vigente que alienta a los tribunales de E.U. a mantenerse fuera de los
reclamos de gobiernos extranjeros en asuntos tributarios. Abogados de las
tabacaleras habían exhortado a los jueces a rechazar la apelación llevada
ante la Corte Suprema afirmando que esas disputas deberían ser dirimidas por
el presidente o el Congreso.
Opinaron que permitir ese tipo de demandas a los gobiernos extranjeros puede
implicar una forma de circunvalar tratados con el gobierno de E.U. Esta no
es la primera vez que el máximo tribunal del país rehusa atender una
apelación de esa naturaleza. En noviembre de 2004 ocurrió lo mismo con una
petición del gobierno canadiense de convalidar su demanda a R.J. Reynolds
por 1.000 millones de dólares por facilitar un presunto contrabando. Canadá
gastó unos 17 millones de dólares en abogados y otros gastos para llevar su
caso a cada nivel judicial posible. Ap.
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