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Un reto inmenso para la Fiscalía Hay riesgo de impunidad y peligra la integridad de funci

Un reto inmenso para la Fiscalía Hay riesgo de impunidad y peligra la integridad de funci

(EDICIÓN BOGOTÁ) (PÁGINA 1-12)

El nuevo sistema penal acusatorio empieza a implementarse en el resto del país, lo que implica poner a prueba su capacidad de operabilidad en las zonas de conflicto, cuya compleja realidad no se consultó.

El nuevo sistema establece que para imponer una medida asegurativa (detención), el fiscal debe sustentarla ante el juez de garantías. Va a ser imposible conseguir evidencias probatorias en zonas de conflicto. ¿Cómo puede un funcionario judicial ir a realizar un levantamiento a lugares donde no se atreve a entrar la Fuerza Pública? ¿Cómo cuidar la escena del delito para recoger evidencias que le permitan por lo menos iniciar un proceso investigativo serio? ¿Cómo podrá la Fiscalía conseguir siquiera un testigo serio y, de conseguirlo, cómo protegerlo, si en estas zonas la pena de muerte existe y colaborar con la justicia es quizás la primera causa para su merecimiento? El programa de protección de testigos es una utopía; si poco funciona en condiciones diferentes, mucho menos en estas zonas.

Con el nuevo sistema, los términos son mucho menores que el anterior, lo que llevará a una impunidad rampante. Luego de iniciada una investigación, el fiscal solo tiene dos meses para llevar a juicio al presunto responsable; pero en estas zonas, donde el correo para una notificación puede durar dicho lapso de tiempo, o donde la extrema pobreza no les permite abandonar sus labores cotidianas, o donde el traslado para una diligencia judicial cuesta más de un salario mínimo mensual, impide que alguien pueda asistir en dicho periodo a diligencia judicial alguna.

En esas apartadas regiones, la Fiscalía carece de todo. Donde hay fiscal, este no tiene auxiliar y no hay miembros del CTI que ejerzan funciones de policía judicial, por lo que esta labor debe ser hecha por la Policía Nacional, cuyos miembros, por ser zonas de conflicto, no saben de una cadena de custodia o de una minuciosa revisión de la escena del delito. Tampoco tienen medios de transporte seguros; carecen de recursos para la adquisición de la tecnología que el nuevo sistema requiere; no copan las vacantes y las suspenden o recortan (sin contar la mediocridad de muchos, nombrados por presión de jefes políticos); no existen laboratorios criminalísticos; muchos funcionarios judiciales y abogados litigantes no conocen el nuevo sistema.

Sin contar que la Defensoría pública, tan necesaria en la implementación del sistema, tiene tan solo 18 defensores públicos para Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare.

El panorama para implementar el sistema acusatorio en las zonas de conflicto es un reto inmensamente grande para el nuevo Fiscal General. Tal como están las cosas, lo que se avecina en estas zonas es una matazón de funcionarios judiciales y testigos, quienes, inermes y desprotegidos, tendrán que exponer sus vidas para cumplir con las tan de moda metas estadísticas.

* Ex Alcalde de Puerto Rico (Caquetá)

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