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Un reto inmenso para la Fiscalía Hay riesgo de impunidad y peligra la integridad de funci

(EDICIÓN BOGOTÁ) (PÁGINA 1-12)

ALIRIO CALDERÓN*
El nuevo sistema penal acusatorio empieza a implementarse en el resto del
país, lo que implica poner a prueba su capacidad de operabilidad en las
zonas de conflicto, cuya compleja realidad no se consultó.
El nuevo sistema establece que para imponer una medida asegurativa
(detención), el fiscal debe sustentarla ante el juez de garantías. Va a ser
imposible conseguir evidencias probatorias en zonas de conflicto. ¿Cómo
puede un funcionario judicial ir a realizar un levantamiento a lugares donde
no se atreve a entrar la Fuerza Pública? ¿Cómo cuidar la escena del delito
para recoger evidencias que le permitan por lo menos iniciar un proceso
investigativo serio? ¿Cómo podrá la Fiscalía conseguir siquiera un testigo
serio y, de conseguirlo, cómo protegerlo, si en estas zonas la pena de
muerte existe y colaborar con la justicia es quizás la primera causa para su
merecimiento? El programa de protección de testigos es una utopía; si poco
funciona en condiciones diferentes, mucho menos en estas zonas.
Con el nuevo sistema, los términos son mucho menores que el anterior, lo que
llevará a una impunidad rampante. Luego de iniciada una investigación, el
fiscal solo tiene dos meses para llevar a juicio al presunto responsable;
pero en estas zonas, donde el correo para una notificación puede durar dicho
lapso de tiempo, o donde la extrema pobreza no les permite abandonar sus
labores cotidianas, o donde el traslado para una diligencia judicial cuesta
más de un salario mínimo mensual, impide que alguien pueda asistir en dicho
periodo a diligencia judicial alguna.
En esas apartadas regiones, la Fiscalía carece de todo. Donde hay fiscal,
este no tiene auxiliar y no hay miembros del CTI que ejerzan funciones de
policía judicial, por lo que esta labor debe ser hecha por la Policía
Nacional, cuyos miembros, por ser zonas de conflicto, no saben de una cadena
de custodia o de una minuciosa revisión de la escena del delito. Tampoco
tienen medios de transporte seguros; carecen de recursos para la adquisición
de la tecnología que el nuevo sistema requiere; no copan las vacantes y las
suspenden o recortan (sin contar la mediocridad de muchos, nombrados por
presión de jefes políticos); no existen laboratorios criminalísticos; muchos
funcionarios judiciales y abogados litigantes no conocen el nuevo sistema.
Sin contar que la Defensoría pública, tan necesaria en la implementación del
sistema, tiene tan solo 18 defensores públicos para Caquetá, Meta, Putumayo
y Guaviare.
El panorama para implementar el sistema acusatorio en las zonas de conflicto
es un reto inmensamente grande para el nuevo Fiscal General. Tal como están
las cosas, lo que se avecina en estas zonas es una matazón de funcionarios
judiciales y testigos, quienes, inermes y desprotegidos, tendrán que exponer
sus vidas para cumplir con las tan de moda metas estadísticas.
* Ex Alcalde de Puerto Rico (Caquetá)
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