Fallo de juez salvó del despido a 572 empleados de la Fiscalía

Fallo de juez salvó del despido a 572 empleados de la Fiscalía

La llamativa decisión de un juez de tutela, en la que él mismo se pregunta si tiene sentido darle la espalda a un posible colapso del sistema acusatorio, frenó en seco las cartas de despido que estaban listas para ser entregadas a las 6 de la tarde de ayer a 572 funcionarios de la Fiscalía.

30 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

Jairo Hurtado, juez 19 municipal de Cali, concedió una tutela instaurada por Esperanza Delgado, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), y ordenó suspender el recorte de empleados, previsto en la Ley 938 del 2004, que reestructura la planta de cargos en la Fiscalía General de la Nación.

Aunque el juez señala que la suspensión es transitoria, mientras el Congreso de la República le da trámite a un proyecto de ley que busca suspender ese recorte, la verdad es que el fallo podría salvar definitivamente a los 572 funcionarios teniendo en cuenta que existe buen ambiente en el parlamento para aprobar la iniciativa el próximo año.

La buena acogida al proyecto se debe a que el fiscal general, Mario Iguarán, el mismo que ya tenía preparado los despidos tal como lo ordena la ley, es el crítico más fuerte del recorte.

Iguarán, que se enteró de la noticia ayer durante una visita a Cali, dijo: “Entendemos que se ha proferido una tutela que suspende esa supresión y estamos esperando la notificación para revisar el contenido y el resuelve del fallo”.

La pregunta es si se presentarán recursos contra esta decisión teniendo en cuenta que contiene elementos para el debate. Algunos creen que para este caso colectivo se debió acudir a una acción popular y no a una tutela que protege los derechos de un individuo. La tutelante pidió proteger los derechos al trabajo, el mínimo vital y la armonía y unidad familiar.

En su providencia el juez dice: “Si miramos el panorama vigente diríamos que tal acción no procede por cuanto, los derechos fundamentales que se dicen violados no existen en el momento, que son etéreos (...). Pero a renglón seguido, dice que si se presenta el recorte “habría un caos total en la administración de justicia, hasta el punto de que quedaría Colombia al borde de un colapso en el sistema recién implantado como lo es el acusatorio”.

Y más adelante señala que “alguien debe detener la tragedia judicial que se avecina”. Así las cosas, la decisión final está en manos del Congreso.

5.000 Es la cifra de funcionarios de la Fiscalía General que, de acuerdo con la ley 938 del 2004, deben ser sacados de la entidad entre el 2006 y el 2008 para reestructurar la planta de personal

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