DESACELERAR LA APERTURA

DESACELERAR LA APERTURA

La Comisión Legislativa Congresito le recomendó ayer al Gobierno volver a subir los aranceles y la sobretasa a las importaciones por el alto costo fiscal que representa la aceleración de su disminución, adoptada en agosto pasado. En la ponencia del proyecto de presupuesto, aprobada en forma unánime por los 17 miembros de la Subcomisión de Presupuesto del Congresito, los comisionados advierten al Gobierno de un déficit presupuestal de $890.000 millones, por lo que se debe dar prioridad a los gastos urgentes. Volver a la apertura gradual: Congresito

07 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

La Comisión Legislativa Especial (Congresito) le ha dicho al Gobierno nacional que aunque no se puede cuestionar la apertura o internacionalización económica, su adopción en forma sorpresiva y abrupta , puede implicar un alto costo social representado en desempleo y ruina de empresas que no están preparadas para afrontar una abierta competencia.

Pero adicionalmente, la aceleración de la liberación arancelaria, implica un alto costo social , porque el Gobierno tiene que renunciar a una parte importante de los ingresos obtenidos sobre la tributación externa.

Las afirmaciones están contenidas en la ponencia elaborada por la Subcomisión de Presupuesto del Congresito, la cual fue aprobada por sus 17 miembros y entragada ayer al Ministro de Hacienda, Rudolf Hommes.

La Subcomisión es coordinada por los ex ministros Hernando Agudelo Villa y Rodrigo Llorente Martínez, e integrada además por Aníbal Fernández de Soto, Carlos Fernando Giraldo Angel, Luís Guillerno Nieto Roa, Jorge Herrera Barona, Luis Norberto Guerra Vélez, Eduardo Verano de la Rosa, Hernán Vallejo Mejía, Luís Emiro Valencia, Otilia Dueñas, Manuel Muñoz Uribe, Ramiro Vieira Arango, Guillermo Asprilla Coronado, Jorge Munévar Mora, Aida Abello Esquivel y Carlos Alonso Lucio.

Para los miembros de la Subcomisión, el Gobierno ha reconocido un déficit en el proyecto de presupuesto para 1992 de 400.000 millones de pesos, pero si a ese monto se agrega el reajuste que debe hacerse para mantener el gasto público global en términos reales, de manera que el gasto de 1992 sea igual al de 1991 con todas las adiciones, hay que hacer un ajuste de 490.000 millones, para un total de 890.000 millones.

Estas cifras nos permiten concluir que el monto total del déficit del presupuesto del año entrante ascenderá aproximadamente a 890.000 millones de pesos. No implica esta cifra que obligatoriamente deban hacerse apropiaciones, por igual monto. Es conveniente cubrir sólo los faltantes que tengan una comprobada justificación y evitar que se obre con ligereza y aplicar un severo criterio de austeridad fiscal , advierte la ponencia del Congresito. Ajuste y apertura Los comisionados fueron especialmente analíticos en dos temas: el ajuste económico y el proceso de apertura económica.

En estos momentos aplicamos el segundo programa de ajuste, después del de 1985 como preámbulo al de la apertura, y están saliendo a flote de manera ostensible las graves consecuencias que ha traído consigo la obstinada aplicación de la política comentada .

Según la opinión de la Subcomisión, después de algunos repuntes en la tasa de crecimiento, durante el pasado quinquenio y luego de tasas negativas durante varios años, la actividad productiva ha caído en una severa recesión. Se calcula que el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) no pasará de 1.5 por ciento en este año.

Consideran que el proceso recesivo está teniendo un alto costo social que agudiza la mala distribución del ingreso imperante en el país, debido principalmente al desempleo y a la reducción real de los salarios.

Sobre el segundo tema, advierten que la forma súbita como se llevó a cabo la apertura va a impedir a las industrias prepararse debidamente, mediante una mayor capitalización o su reconversión, para que la producción nacional pueda ser eficiente y competitiva no solo para conquistar mercados externos, sino para hacer frente a los productos importados. Se está corriendo el riesgo de pagar un alto costo social, representado en desempleo y la ruina de empresas que no están en condiciones de afrontar una abierta competencia . Cual inversión social? Tomando cifras de la Contraloría General de la República, la Subcomisión de Presupuesto del Congresito, considera que no hay un impulso significativo a los programas de inversión social, como lo planteado el Gobierno.

En cuanto a la inversión con carácter social (vivienda, salud, educación y cultura) se aprecia para 1992 una continuidad en la participación que las mismas presentan en 1991. La educación pierde nueve puntos porcentuales, los cuales son ganados por el sector agrícola. La infraestructura se recupera respecto a 1991, pero no alcanza el nivel presentado en 1990.

- La adminitración del estado como planeación global y desarrollo socieconómico, la información y procesamiento de datos, los servicios geográficos y catastrales, las relaciones exteriores y la infraestructura y equipamento recibirán en 1992 el 2.8 por ciento, frente a 2.2 en 1991.

- Los sectores de defensa, seguridad, justicia, registrarán una porción menor, puesto que de 10.5 por ciento en 1990, bajó a 7.7 en 1991 y 2.6 en 1992.

- La inversión en investigación y divulgación tecnológica experimenta un ligero aumento al llegar a 1 por ciento frente a 0.9 en 1991.

- La integración y desarrollo de comunidades baja de 2.9 a 2 por ciento en el período. Los programas de vivienda mantienen una participación del 3.4 por ciento.

- Los programas relacionados con la salud (servicios públicos urbanos y rurales, atención al medio, atención a las personas, infraestructura fisica en salubridad y atención integral al menor y a la familia) recibirán el 3.4 por ciento del total de la inversión en 1992. En 1991 recibieron el 4.8 por ciento.

- También cae la inversión en educación y cultura. Solo avanza un punto la destinada a la capacitación y crédito educativo.

- Los 11 programas que conforman las inversiones planeadas para el sector agrícola (incluido el DRI) recibirán el 10.6, en tanto que en 1991 recibieron el 11.3 por ciento.

- La investigación tecnológica y la normalización del sector industrial, el desarrollo del comercio exterior, las zonas francas, turismo, desarrollo geológico-minero, fiscalización y control de minas e hidrocarburos y el fomento minero recibirán el 11.3 por ciento frente a 14 en 1991 y 15.1 por ciento en 1990.

- Para la inversión en construcción, reconstrucción, conservación, mejoramiento de carreteras nacionales, caminos vecinales, transporte férreo, navegación fluvial y obras hidráulicas, y transporte aéreo 13.3 por ciento, frente a 14.9 en 1990 y 12.9 por ciento en 1991. Volver a la gradualidad La Comisión de Presupuesto del Congresito, formuló una serie de recomendaciones al Gobierno nacional, las cuales fueron aprobadas por unanimidad: Estudiar el posible restablecimiento de la incidencia del arancel de aduanas y la sobretasa a las importaciones vigentes, cuando fue presentado el presupuesto en agosto pasado. Considera que ante el profundo desequilibrio fiscal que se espera, el Estado no puede abandonar esa fuente de ingresos. Restablecer una política de gradual apertura de la economía, más acorde con una adecuada protección a las empresas y al trabajo nacional. Además la desgravación arancelaria no puede ser unilateral ni gratuita, sino a base de negociaciones internacionales. Aprovechar la situación cambiaria para pagar compromisos de deuda, para lo cual se puede emitir bonos de deuda interna del Estado y de obligatoria absorción por parte de entidades públicas y entidades privadas con altas rentas, con el fín de captar recursos en moneda nacional para que el Gobierno pueda adquirir divisas y con ellas negociar deuda. El boom de las reservas internacionales no puede pasar sin que el país disminuya su deuda externa. Suspender o reducir en forma drástica las operaciones de mercado abierto (OMAs), cuyo elevado costo (420.000 millones de pesos), podría liberar el año entrante importantes recursos para atender el déficit de 1992 y disponer de recursos para comprar deuda externa. Dar particular importancia a los problemas del sector cafetero. El endeudamiento del Fondo Nacional del Café puede representar un factor que complique la política antiinflacionaria. Además, el país debe esforzarse para que el mercado cafetero internacional esté regulado por un Pacto Cafetero. Revisar la estructura tributaria que se viene implantando en el país, a fín de mantener la tributación directa como instrumento para una mejor distribución de ingreso e impedir que siga acentuándose la regresividad de impuestos indirectos, que gravan inequitativamente a los grupos de ingresos inferiores. La eliminación del impuesto de patrimonio fue inconveniente e injusta. Fortalecer la Comisión de Reforma Administrativa, encargada de poner al Estado en consonancia con las disposiciones de la Constitución y en especial, con la distribución de competencias y recursos que ella establece. Crear mecanismos legales eficientes para hacer operantes las normas de la Constitución que establecen la obligación del Estado de luchar contra los monopolios internos, tales como el fortalecimiento de las organizaciones solidarias, control al abuso por parte de empresas o de prácticas que obstruyan la libertad económica. Cuantificar apropiadamente el monto de las transferencias y de que las entidades beneficadas se hagan cargo de las obligaciones específicas en materia de prestación de servicios, principalmente en las áreas de salud, obras sanitarias y la educación. El equilibrio fiscal del país en los años futuros va a depender del grado de manejo de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales. Incluir un Presupuesto de Paz, como mecanismo que permita la culminación exitosa del proceso de paz iniciado con los grupos guerrilleros. Desestimular drásticamente el ingreso de divisas por servicios no financieros y transferencias, hoy alentado por la amnistía tributaria y por la inexistencia de requisitos de control de su origen. Igualmente, deben haber controles estrictos sobre las exportaciones ficticias. Además debe estudiarse si las condiciones actuales son propicias para establecer una parcial liberación de cambios, la cual está generando problemas a la política antiinflacionaria y fomentando la especulación. LAS EXIGENCIAS El Gobierno debe presentar a la Comisión, a la mayor brevedad posible, el Plan Financiero que servirá de base para lograr el equilibrio del presupuesto, como lo establece la Constitución, con la indicación clara de cómo se financiará el déficit fiscal. Sin ese plan, la Comisión no aprobará el presupuesto. La Comisión considera indispensable que se mantenga, al menos, el valor constante del gasto público de la vigencia fiscal de 1991. Si no se adopta ese criterio, sería imposible financiar debidamente el funcionamiento del Estado, principalmente en relación con la inversión social, que constitucionalmente debe ser prioritaria. Los ajustes que se requieran en las apropiaciones, deben ser convenidad entre el Gobierno y los representantes de la Comisión. La Comisión tiene conocimiento de graves fallas en las apropiaciones hechas en el proyecto del Gobierno, al no tener en cuenta el incremento de acuerdo con el incremento real de los precios al consumidor. Los faltantes en el monto de las apropiaciones se presentan principalmente en los renglones de la educación superior, la salud, la justicia y las remuneraciones de los funcionarios públicos.

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