AL ARCHIVO, AVERIGUACIONES CONTRA QUINCE MAGISTRADOS

AL ARCHIVO, AVERIGUACIONES CONTRA QUINCE MAGISTRADOS

La Procuraduría no encontró méritos para proceder disciplinariamente contra diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cinco consejeros de Estado, contra quienes se venían adelantando averiguaciones por presunta mora en el cumplimiento de sus funciones. Entre los beneficiados con el archivo de las actuaciones, dispuesto por la Delegada para la Vigilancia Judicial, aparecen el actual ministro de Justicia, Jaime Giraldo Angel, y el presidente de la Corte, Pablo Julio Cáceres Corrales.

31 de enero 1991 , 12:00 a. m.

En un boletín, el Ministerio Público dijo que algunas de las investigaciones se encuentran para fallo definitivo y otras en práctica de pruebas para obtener su perfeccionamiento.

Aunque en principio se abstuvo de precisar el número de investigaciones y los nombres de los implicados, el máximo organismo fiscalizador anunció que los resultados serán dados a conocer oportunamente.

Al concluir los trámites procesales, Vigilancia Judicial dispuso archivar independientemente las actuaciones derivadas de visitas a los despachos de los consejeros de Estado Miguel González Rodríguez, Guillermo Chahín Lizcano, Julio César Uribe Acosta, Myriam Guerrero Villamizar y Pablo Cáceres. Este último se desempeñaba como miembro de ese alto tribunal.

El boletín informó que igual determinación se adoptó en relación con las diligencias iniciadas con base en la visita general practicada a la secretaría de la Sección Tercera de la misma corporación.

La Delegada consideró que tampoco había mérito para elevar formal acusación contra los magistrados Gustavo Gómez Velásquez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Duque Ruiz, Edgar Saavedra Rojas, Jorge Enrique Valencia, y Ricardo Calvete Rangel y Dídimo Páez Velandia, magistrados de la Sala de Casación Penal, como tampoco lo había contra Alberto Ospina Botero, de la Sala Civil de la Corte.

Las visitas fueron dispuestas en septiembre del año pasado por el despacho del Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la función de Vigilancia Judicial consagrada en el artículo 17 de la Ley 4 de 1990, el cual reestructuró las funciones del Ministerio Público.

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