Le ‘clonaron’ el taxi y lo dejaron

Le ‘clonaron’ el taxi y lo dejaron

En los 12 años que lleva como vigilante, a Úber Téllez lo han asaltado dos veces. “La primera vez –dice– fue en un local de un conjunto residencial de Banderas. La otra, en una construcción de Patio Bonito”. En ambas ocasiones los delincuentes le apuntaron con un arma de fuego y le impidieron reaccionar.

10 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

Pero hay un tercer episodio donde, según Úber, también fue víctima de un robo. Solo que esta vez no estaba prestando vigilancia. Tampoco lo intimidaron con un revólver.

Tiene que ver con la inmovilización de su taxi, de placas SGG 093, que él compró en julio del 2004 por 15 millones de pesos y que luego afilió a Radio Taxi Internacional.

La historia empezó el 8 de septiembre. Ese día, la persona que le manejaba el carro a Úber fue requerida por un agente de tránsito en un retén instalado en la avenida Ciudad de Cali. El uniformado, al revisar los documentos del taxi, le comunicó al conductor que se llevaría el carro para los patios de Tránsito.

Se destapó la historia Según explicó el uniformado, en los registros del SETT (Servicios Especializados de Tránsito y Transporte) aparece que el carro de Úber fue chatarrizado a finales del 2004 para darle el cupo a un taxi nuevo, de placas VDM 170.

Uno de los soportes es un contrato de la Automotora Mayorga, donde el comprador Adonai Mayorga certifica que el carro se lo vendió Úber el 3 de diciembre del año pasado.

Lo que aún no se explica este vigilante es por qué dos meses y medio después de que su carro estuviera supuestamente desintegrado, la Secretaría de Tránsito le expidió la tarjeta de operación 853212, que vence el 26 de febrero del 2006. .

Úber afirma que él no ha vendido ni chatarrizado el carro. Para comprobar que así es, se ha dedicado en las últimas semanas a recopilar documentos. Y ya encontró los primeros hechos sospechosos.

En el citado contrato con la automotora, aparece que su número de cédula es de Bogotá, cuando es de Suaita (Santander). Además, en el espacio para la firma del vendedor, es decir Úber, no hay ninguna rúbrica.

Otros datos que no concuerdan son algunos de los reportados en el formulario diligenciado para la cancelación de la matrícula del taxi. “La dirección y el teléfono que aparecen allí como de mi casa, no son”, agrega Úber.

Sobre la firma, asegura que se la falsificaron como también habría ocurrido con la autorización por escrito que supuestamente dio a un particular para cancelar la tarjeta de operación de su taxi.

EL TIEMPO llamó a la automotora que expidió la certificación. Adonai Mayorga, al preguntársele sobre si conocía a Úber, respondió: “Aquí viene tanta gente que uno no sabe quién es quién”.

El vigilante denunció al caso ante la Fiscalía. Tanto el SETT como la Secretaría de Tránsito dicen que el tema debe resolverlo un juez (ver nota anexa).

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¿QUÉ RESPONDEN LAS AUTORIDADES? La Secretaría de Tránsito y Transporte (STT) le dijo a EL TIEMPO que efectivamente la matrícula del taxi SGG 093 se canceló el 10 de diciembre del 2004, “en atención a la solicitud firmada por el propietario con firmas y huellas autenticadas en la notaría, presentando además los documentos exigidos por la Ley”.

En dichos papeles, ha dicho Úber Téllez, le falsificaron la firma y datos personales.

Tránsito agrega: “Si la persona que presenta la queja considera que sus derechos han sido violados, que no fue ella quien efectuó el trámite de cancelación de matrícula ante el SETT, y que los documentos presentados son presuntamente falsos, debe dirigirse ante la autoridad competente (Fiscalía General de la Nación) y entablar la correspondiente denuncia penal”.

De todas formas, la STT anunció que adelantará una investigación administrativa “para establecer la veracidad de los hechos” denunciados por Téllez. Y que los resultados de esas averiguaciones serán entregados al fiscal que estudia el caso.

El SETT le informó a este diario que su posición ya fue expuesta en una carta que el pasado 2 de noviembre le envió a Téllez.

En la misiva, la coordinadora de la Unidad de Apoyo Legal, Amparo Alvis Pedreros, afirma que debe existir una orden de un fiscal o un juez para revocar los trámites de cancelación de matrícula y chatarrización del taxi de Úber

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