JUECES DEVUELVEN $ 23.000 MILLONES

JUECES DEVUELVEN $ 23.000 MILLONES

Los esfuerzos oficiales por confiscar las fortunas de los traficantes de drogas enfrentan nuevos reveses. A falta de evidencias, 34 745.416 dólares (23.400 millones de pesos) han retornado a sus arcas originales.

07 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

Esta cifra representa cerca del 40 por ciento del total que el Estado retuvo en divisas estadounidenses durante la operación antinarcóticos de octubre de 1989.

La Nación logró el decomiso de 31 558.535 dólares en títulos valores (pagarés, cheques, etc.) y 46 880.184 dólares en efectivo.

Los jueces han devuelto 30 942.795 dólares del total, representados en títulos valores, y 3 802.621 dólares, en efectivo.

Las devoluciones en pesos no son menos indicativas del retorno de los bienes. La justicia ha ordenado el reintegro de 48 millones de pesos del total que había sido decomisado: 82 494.242 pesos.

Las estadísticas forman parte del último balance de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que opera como secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Estupefacientes.

El informe evidencia que las devoluciones de predios bordean el 25 por ciento, y que casi el cincuenta por ciento de las aeronaves ya fue devuelto a sus propietarios.

Las devoluciones obedecen a dos factores: uno legal y otro operativo.

En el primer caso, está el Decreto 2790 de 1989, a través del cual se estructuró una sola jurisdicción contra el narcotráfico y el terrorismo: los jueces sin rostro.

El Decreto conminó a los jueces especializados hasta entonces responsables de las investigaciones por narcotráfico y enriquecimiento ilícito a adoptar una decisión en torno a los bienes retenidos.

Así, entre el de 20 noviembre de 1989 y el 14 de enero de 1990, los jueces debían dictar un auto inhibitorio o abrir investigación formal. El Decreto obvió la consulta de las decisiones de los jueces ante el Tribunal Especial de Orden Público. Al final, centenares de bienes volvieron a sus dueños. El factor operativo Este está estrechamente relacionado con la fragilidad de investigaciones policiales sobre narcotráfico.

En ese sentido, varias acusaciones hechas por oficiales de Policía contra reconocidos narcotraficantes se han desmoronado en los estrados judiciales e, implícitamente, han sido declaradas sin fundamento.

La Dirección Nacional de Estupefacientes por ejemplo ha sido notificada de siete decisiones judiciales que ordenan la devolución de bienes de propiedad de Juan Camilo Zapata, que, según los organigramas de la Policía, es el jefe del Cartel de Bogotá .

Los jueces decidieron devolver el Castillo Marroquín, una oficina en la calle 63, un vehículo Mercedes Benz y tres residencias en el norte de la capital. Otros bienes aún están sujetos a procesos judiciales.

Zapata y sus abogados y así lo indican las sentencias referidas han demostrado que los cargos por enriquecimiento ilícito y narcotráfico carecen de fundamento y que las acusaciones lanzadas en su contra no se sustentan en evidencias.

Los expertos no se atreven a hacer proyecciones sobre cómo concluirá este proceso.

Hasta ayer no se había producido una sola sentencia en contra del cuarenta por ciento devuelto en materia de divisas y el 25 por ciento en lo que hace a propiedades que ordenara el decomiso definitivo de algún bien a favor de la Nación.

Mientras tanto, esperan a la Nación treinta demandas que exigen indemnización por los perjuicios ocasionados a los propietarios de bienes ocupados.

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