Orígenes y efectos de la crisis social y política

Orígenes y efectos de la crisis social y política

El trasfondo de la crisis que enfrenta Ecuador es que la mayoría de grupos parlamentarios se opone a la posibilidad de que se instaure en el país una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y que tenga la atribución, eventualmente, de disolver la Cámara y al propio Ejecutivo.

07 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

El presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, ha asegurado que pondrá su cargo a disposición de la Asamblea si ésta se lo pide, con el único objetivo de que se produzcan los cambios fundamentales que el país necesita.

Por ello, el Gobierno "no puede claudicar", porque la consulta popular y la Constituyente es una "exigencia del pueblo", aseguró el secretario de Comunicación de la Presidencia, José Toledo.

"No descartamos en cualquiera de estos días" llevar a cabo alguna acción para insistir en la convocatoria al referendo, añadió Toledo, después de reiterar que el Ejecutivo espera que "el pueblo reaccione en favor de la Constituyente y de la consulta popular".

Sin embargo, las principales organizaciones sociales sospechan que todo es una confabulación, "organizada o accidental", del Legislativo y Ejecutivo para desbaratar la Asamblea Constituyente.

Humberto Cholango, alto dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la organización social más importante de Ecuador, dijo que el desenlace del referendo era "una historia ya anunciada".

"El Gobierno es también responsable de esta situación porque se ha alineado con los poderosos de siempre", comentó Cholango, quien anunció que "lo único que le queda al pueblo es salir a las calles para exigir que se vayan todos" los políticos del poder.

Napoleón Saltos, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CSM), coincidió en que puede haber en el país una "explosión social" y calificó al Gobierno de "débil, vacilante, con un presidente que se somete al chantaje" de los políticos.

Insinuó que el Congreso podría chantajear a Palacio con un juicio político en la Cámara por un caso de supuesta falsificación de firmas del propio jefe del Estado para tramitar cargos en la administración pública, que ha salpicado al gobernante y a varios de sus colaboradores y familiares. Efe

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