El populismo de Angelino

El populismo de Angelino

(EDICIÓN BOGOTÁ) (EDITORIAL DIARIO) (PÁGINA 1-22)

07 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

La Corte Constitucional podría despejar hoy la incertidumbre generada alrededor de uno de los contratos de concesión de obras públicas más conflictivos en la historia reciente del país: el que la Gobernación del Valle firmó hace 10 años con Conciviles, después cedido a Concesiones de Infraestructura (Cisa), para la rehabilitación y construcción de la vía Cali-Candelaria-Florida.

Pero lo que decida la Corte no se limitará a poner fin a un cuantioso litigio. Debe dejar en claro ante el país –y ante los inversionistas– hasta dónde son válidas en Colombia las decisiones de los tribunales de arbitramento, mecanismos consagrados en la ley y reconocidos en todo el mundo como instrumento alternativo para resolver los conflictos derivados de las relaciones contractuales.

La concesión de la carretera ha sufrido toda suerte de vaivenes jurídicos desde cuando la obra se debió dejar a medio camino en 1999 (con un 36 por ciento de avance y una inversión de 15.000 millones de pesos), por la resistencia que el cobro de peajes suscitó entre los vecinos y la falta de acuerdo entre la Gobernación y el concesionario para proceder a su liquidación. Tras la convocatoria del tribunal de arbitramento y un intento de liquidación unilateral por parte del departamento, varias demandas surtidas en favor del concesionario en el Consejo de Estado, la justicia civil y el Tribunal Superior de Cali dieron pie a los árbitros para ordenar a la Gobernación, en el 2003, el reembolso de la inversión realizada con intereses. Pero el gobernador Angelino Garzón instauró una tutela el año pasado para impedir el pago y logró que la Corte anulara el fallo de arbitramento hace siete meses. El concesionario, apoyado por el Consejo de Estado, presentó entonces un incidente de nulidad, recurso sobre el cual deberá decidir hoy la Corte.

Este no pasaría de ser un complicado proceso más en un país de litigantes como el nuestro, si no fuera por el dramatismo que el gobernador Garzón le imprimió al caso con su anuncio de ‘ayuno indefinido’ hasta que la Corte falle. Comportamiento que sienta un funesto precedente sobre la forma de dirimir los conflictos ante la justicia, a la que le corresponde resolver el delicado asunto en derecho, y solo en derecho. No por obra de la presión indebida, de actos populistas o de la desinformación que abunda en estos episodios.

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