El problema es la libertad de empresa

El problema es la libertad de empresa

(EDICIÓN BOGOTÁ) (OPINIÓN 1-19)

06 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

Los precandidatos a la Presidencia de la República, en los meses que llevan de campaña, no habían tenido más de una hora de exposición radial cuando el presidente Uribe, un día después de haber hecho pública su voluntad de ser candidato, tuvo una entrevista de una hora y 23 minutos en un programa radial de cobertura nacional.

El asunto habría pasado inadvertido, de no ser por la inesperada reacción del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, ante la extensa entrevista, se declaró “anonadado” y anunció una investigación “para determinar si en efecto procedía solicitarle al medio de comunicación el restablecimiento del equilibrio informativo”.

Era evidente que la entrevista no solo había sido excesiva, sino que por sus contenidos (como la defensa de las políticas gubernamentales que asumió Uribe y la necesidad de darle continuidad) le dieron una clara connotación política y electoral. Sin embargo, la reacción del presidente del CNE fue interpretada como una inaceptable intromisión que le abría las puertas al “monstruo de la censura de prensa”.

Para los medios, el monstruo entra por el artículo 25 de la Ley, que les exige “garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral”. Los obliga a presentar un informe semanal al CNE “de los tiempos o espacios otorgados a las actividades de campaña presidencial de cada candidato”. Y faculta al CNE para que, si considera que no hubo un “trato equitativo en la información de las actividades políticas de los candidatos presidenciales”, acuerde las medidas correctivas con el respectivo medio y la Comisión de Televisión o el Ministerio de Comunicaciones, según el caso.

Para la Corte, con ponencia del magistrado Monroy Cabra, “la obligación de informar al CNE y permitirle que pueda controlar la distribución equitativa de los mismos es una manera de garantizar el pluralismo informativo que el Estado está llamado a preservar, por orden expresa del artículo 75 de la Constitución Política”.

No obstante, en su reacción, los medios han reducido la garantía del equilibrio informativo a una exigencia de “milimetría electoral”. Unas veces cuestionando las facultades conferidas al CNE por su origen político (como si pudiera actuar a discreción) y otras con la desafiante pregunta “¿De cuándo acá la Corte Constitucional o el Consejo de Estado o el Congreso de la República les pueden decir a los medios de comunicación cuánto dura una entrevista?” (como si la norma así lo estableciera).

Lo curioso está en que, para Asomedios (gremio de los medios) la amenaza a la libertad de prensa no estaba en el artículo 25, sino en el 22 de la Ley.

En su demanda de inexequibilidad (del Art. 22), sostiene que, cuando la ley determina que durante un mes el Estado usará espacios de los concesionarios y operadores privados de radio y televisión, para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno, no sólo está limitando la autonomía de los medios para definir su programación. También “al no referirse a ninguna compensación por el uso del espacio se estaría ante una expropiación de la concesión”.

Aquí, el problema está en la libertad de empresa y no en la libertad de prensa.

El riesgo está en que, con esta discusión, se esté comprobando que “en nuestra democracia, en lugar de libertad de prensa hay libertad de empresa”, como en su momento lo analizaba Sergio Murillo para Brasil.

Hay que precisar los términos. Las luchas de los periodistas por la libertad de prensa siempre están relacionadas con la democratización de la información (cada vez más en manos del poder autárquico de grupos económicos y unas grandísimas empresas familiares) y no con la libertad de las empresas para mantener sus utilidades

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