Consejo de la Judicatura precisó alcances de los votos de pobreza

Consejo de la Judicatura precisó alcances de los votos de pobreza

Un fallo del Consejo de la Judicatura sentó una importante doctrina sobre los votos de pobreza de los sacerdotes, uno de los cánones más importantes de la Iglesia Católica.

03 de diciembre 2005 , 12:00 a. m.

El pronunciamiento lo hizo al resolver una acción de tutela interpuesta por el fraile Álvaro Galvis Ramírez, ex rector de la Universidad Santo Tomás, contra las directivas de ese centro educativo que se negaban a pagarle salarios y prestaciones tras su retiro.

A juicio de la Sala Disciplinaria, los votos de pobreza a los que se somete un sacerdote católico no significan que cuando trabaje para la propia iglesia o para entidades que pertenezcan a comunidades religiosas estas no le paguen sus salarios.

El fallo La sentencia del magistrado Jorge Alonso Flechas señala que el sacerdote debe recibir la paga por los servicios que presta como trabajador y, si él quiere, en cumplimiento del voto de pobreza puede entregar los recursos a la iglesia. Pero, dice el fallo, eso no quiere decir que las entidades en las que trabaja el sacerdote le paguen directamente a la iglesia o a la comunidad sin tener en cuenta al religioso.

El proceso que sirvió de base para que la Judicatura tomara esta decisión se relaciona con la comunidad religiosa Orden de Predicadores de la Provincia de San Luis Beltrán de Colombia.

Durante años, Galvis Ramírez prestó sus servicios de profesor y rector de la Universidad San Tomás, propiedad de dicha congregación. En 1995 fue despedido y de ahí se inició un litigio para reclamar prestaciones y salarios que dejó de percibir.

El caso llegó a la Corte Suprema, que negó las peticiones del religioso argumentando que no tenía contrato de trabajo y que se había acogido a los votos de pobreza (ver recuadro). Galvis apeló a la tutela y la Judicatura reconoció sus derechos.

¿QUÉ SE CAYÓ? El 18 de diciembre del año pasado, la Sala Laboral de la Corte Suprema tumbó una sentencia del Tribunal de Bogotá que había ordenado a la Universidad Santo Tomás pagarle más de 400 millones de pesos al sacerdote Álvaro Galvis.

El alto tribunal le dio la razón a la universidad y determinó que el centro educativo no tenía que pagarle ese dinero.

Según la decisión, el fraile ejerció una actividad de obediencia religiosa y la retribución no constituye una remuneración laboral porque no había contrato de trabajo. Además, que el religioso había profesado en su favor el voto de pobreza.

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