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Se ‘embolata’ la reforma al sistema de contratación estatal

Se ‘embolata’ la reforma al sistema de contratación estatal

Primero fue el proyecto de la Reelección, después el Estatuto de Justicia y Paz, luego la Ley de Garantías. A pesar de las polémicas, el Congreso terminó aprobando los proyectos políticos pero los de carácter económico siguen enredados.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
28 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Ya van dos años y la reforma a la Ley 80, vital para agilizar la contratación estatal y hacerla más transparente nada que arranca. Lo peor es que la iniciativa, a pesar de ser de origen gubernamental, se está quedando huérfana pues no tiene quién la defienda.

La reforma a la Ley 80 de 1993 es una pieza clave para darles claridad a los negocios entre los particulares y el Estado y contribuirá a que el sistema de contratación pública, que equivale al 16 por ciento del PIB, deje de ser un monstruo de mil cabezas.

Y es más importante si se tiene en cuenta que el año entrante el Gobierno hará contrataciones públicas por 45 billones de pesos, casi la mitad de todo lo que tiene presupuestado gastar en el 2006.

Las mayores contrataciones, según la Contraloría, estarán concentradas en obras públicas, el plan 2.500 para la construcción de vías, la concesión del aeropuerto Eldorado y el contrato de la Registraduría para la expedición de las nuevas cédulas, entre otras.

Aunque la Contraloría ejerce control sobre el tema a través del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice) es necesario contar con una nueva ley que disminuya los riesgos de corrupción.

En sala de espera La nueva ponencia, la cual presentó el coordinador de ponentes, Germán Vargas Lleras el 20 de septiembre, se encuentra en ‘sala de espera’ para ser discutida en primer debate en la comisión primera del Senado desde hace varias semanas.

Gustavo Morales, vicepresidente jurídico de Fasecolda, expresó su extrañeza por la falta de liderazgo e interés del alto gobierno en relación con este importante proyecto de ley.

“En las cuatro sesiones que la comisión primera le ha dedicado al tema, no se ha visto la presencia de ningún ministro, ni la del director de Planeación Nacional. Los diligentes funcionarios de nivel medio que acuden a los debates, si bien son expertos en el tema, no tienen la vocería constitucional y política para defender el proyecto”.

La iniciativa lleva las firmas de los ministros del Interior, Sabas Pretelt, y de Transporte, Andrés Uriel Gallego, pero el vicepresidente de la República, Francisco Santos, sostuvo que no ha habido falta de liderazgo.

“No hay tema más difícil que la reforma a la Ley 80”, dijo durante el Congreso Nacional de la Infraestructura.

Lo paradójico es que, a diferencia de ponencias anteriores, que no alcanzaron a ser discutidas en la comisión primera de Cámara, en la del Senado cuenta con amplio respaldo.

El senador Germán Vargas Lleras indicó que no había sido fácil poner de acuerdo a siete senadores ponentes de tan distintas tendencias como Antonio Navarro, Andrés González, o Ciro Ramírez.

“Rendida la ponencia se han convocado cinco audiencias públicas que han retardado la aprobación y el próximo martes se hará una nueva audiencia pública. Escasamente esperamos que haga tránsito este semestre y nos daríamos por bien servidos que se le diera una votación”.

Fasecolda, así como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) destacaron que el proyecto, si bien no es la panacea para la solución a todos los problemas de contratación estatal, es un importante avance.

“Lo que se debe haber es una política consistente en materia de contratación que permee a todos los funcionarios públicos y que vaya más allá de la Ley”, sostuvo Francisco Suárez, vicepresidente jurídico de la CCI.

Los expertos admiten que a pesar de las múltiples reformas que se le hagan a la contratación estatal, siempre que exista corrupción van a haber problemas en los procesos, ya sea para comprar una resma de papel o para construir una gran obra.

Abreviar procesos La reforma está encaminada a abreviar las compras de los insumos que requiere el estado, pues para contratar la compra de esferos se deben seguir casi los mismos trámites que para hacer un túnel.

No obstante, hay otros elementos que van a ayudar a destrabar la ejecución de obras públicas. El proyecto flexibiliza las garantías únicas, pues si hoy se va a construir una doble calzada, el contratista debe sacar una póliza que garantice toda la construcción y el problema es que después de los atentados del 11 de septiembre, las aseguradoras no expiden garantías tan amplias, sino solo a cinco años.

La reforma permitirá que se expidan pólizas acordes a cada fase de los proyectos.

Ahora preocupa que la demora sea aprovechada para incluir artículos polémicos como el de no permitir al Gobierno hacer prórrogas automáticas de las concesiones entregadas a terceros para la explotación de servicios públicos, la construcción de vías y la operación de puertos.

LO QUE PROPONE LA LEY Selección abreviada de los contratistas: Este sistema se aplicará para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes (papelería, computadores, artículos para oficina, etc). Para hacer uso del sistema las entidades estatales podrán hacer uso de subastas o compras por catálogo.

Contratación de menor cuantía: se tendrá la posibilidad de establecer cuantías diferenciales en razón al objeto de la contratación o a nivel administrativo al que pertenezca la entidad.

Nueva concepción de contratación electrónica: Se integrará con los que hay en la actualidad como el Sice y con el registro único empresarial de las Cámaras de Comercio.

Distribución de los riesgos: En las licitaciones públicas los pliegos de condiciones se deberán revisar los riesgos para establecer su distribución definitiva entre las partes.

Audiencia pública de adjudicación: la adjudicación de los procesos de licitación se hará de forma obligatoria en audiencia pública. Selección objetiva: el proyecto impide que se utilicen requisitos excesivos para direccionar contratos.

EL ESTADO VA A LA BOLSA A COMPRAR COMIDA Entidades como el Inpec, el Icbf o el Seguro Social ya pueden adquirir los alimentos que requieren para atender la alimentación de sus cárceles, hogares infantiles y hospitales a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA).

Se calcula que anualmente las entidades del Estado compran al menos 1 billón de pesos en productos perecederos, de los cuales 500.000 millones corresponden al Icbf.

Usualmente para esta clase de adquisiciones muchas entidades estatales acudían a la licitación pública, la cual además de ser un proceso que dura de cuatro a seis meses, implicaba un sobrecosto del 20 por ciento por las demoras en el pago final o porque en los pliegos se exigían mantener unos precios determinados.

Pero, con el nuevo sistema, la adquisición tarda máximo dos semanas. Según Andrés Jurado, abogado consultor de Planeación Nacional, las compras a través de la Bolsa buscan darle transparencia y eficiencia a esta clase de operaciones.

Así funciona La norma permite a las entidades tipificar si necesitan productos como pan, maíz, papa o yuca, o si lo que requiere es un servicio de alimentación (desayuno, almuerzo o comida) para lo cual deben estandarizar el pedido.

El siguiente paso consiste en seleccionar a un corredor. Para ello se realizará una rueda en la cual mediante puja sobre el valor de la comisión se realizará la escogencia del comisionista, quien deberá constituir a favor de la entidad estatal la garantía única que respalda el pago.

Posteriormente la Bolsa anuncia la fecha y hora en la cual se realizará la rueda correspondiente, informando sobre la identidad del organismo estatal y los productos que éste desea adquirir.

PROYECTOS ECONÓMICOS A PASO LENTO.

1- Normalización de cartera: este es el proyecto económico más avanzado en el Congreso, pues solo le falta un último debate en plenaria de Senado. Entre otras cosas, prohíbe a los municipios privatizar el cobro de impuestos. Con esto se busca evitar situaciones como las de cuatro ciudades del país, que en sólo seis meses de este año, le pagaron a privados 10.950 millones de pesos por los contratos de gestión y recaudo tributario, que podían hacer sus Secretarías de Hacienda.

2- Reforma de la Ley 100: Este proyecto, que busca modificar la parte de salud de la Ley 100, ya fue aprobado en Senado, pero en Cámara está quieto y esto se debe a que Congresistas y Gobierno están realizando foros en varias ciudades del país, con el objetivo de socializarlo. En el Ministerio de Protección consideran que si les va bien, este año alcanzan a realizar el primer debate en la Comisión Séptima, pero no les afana, pues dicen tener hasta el 20 de junio del 2006 para aprobarla.

3- Habeas Data: esta iniciativa pretende regular el tiempo de permanencia en las bases de datos, en especial las crediticias. Se radicaron dos proyectos, uno gubernamental y otro parlamentario, pero no pudieron ser debatidos, dado que la mayoría de los congresistas se declararon impedidos por estar ‘reportados’. El Consejo de Estado ya declaró nulo ese impedimento, pero de todas maneras ambos proyectos serán retirados para buscar uno por consenso.

4- Reforma del régimen de zonas francas: la importacia de este proyecto es que se convertirá en la primera entrega de la próxima reforma tributaria del gobierno Uribe, pues en él se incluirá una reducción del impuesto de renta.

Aunque tiene mensaje de urgencia, lo que implica que solo requiere de dos debates, aún no ha tenido el primero y ni siquiera se ha radicado la ponencia. Congresistas como Cesar Negret, esperan que también se incluya la eliminación de exenciones.

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16 % del Producto Interno Bruto es el peso económico de las compras estatales

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