CÁRCEL A CIUDADANOS TEMERARIOS

CÁRCEL A CIUDADANOS TEMERARIOS

El riesgo de un ejercicio arbitrario del recurso de tutela por parte de los ciudadanos, obligó a la Comisión Legislativa a diseñar un mínimo de severos controles. Así, la interposición simultánea de recursos de tutela, por un mismo hecho, ante varios jueces, conllevará la negación de la solicitud y podrá derivar incluso en penas de prisión hasta de cinco años.

03 de noviembre 1991 , 12:00 a. m.

El contol se ejercerá desde el comienzo. En el instante de interponer el recurso, el ciudadano afectado por la violación de un derecho o quien lo represente, tendrá que declarar bajo juramento que la instancia no ha sido utilizada ante otras autoridades.

La verificación de que el ciudadano ha mentido podría configurar falso testimonio, fraude procesal u otras conductas sancionadas por el Codigo Penal.

A la vez, la interposición temeraria de la acción de tutela esto es, cuando el ciudadano actúe de mala fe precipitará condena en costas contra quien interpuso el recurso.

Imagien un arrendatario que una orden de lanzamiento, alega ser propietario del inmueble y, en consecuencia, violación del derecho a la propiedad, y obtiene la tutela del derecho, el juez podrá condenarlo a indemnizar el verdadero propietario cuando se pruebe el falso testimonio.

En el caso de los abogados, el Estado suspenderá la tarjeta profesional por dos años y, en el evento de reincidencia, el profesional dejará de ser tal.

La razón de esas sanciones radica en el excepcional poder que, en adelante, a partir de la acción de tuteta, tendrá el ciudadano común y corriente.

Y es que frente a la eventual violación de un derecho y a través de un telegrama o una comunicación telefónica, el ciudadano puede lograr que cualquier juez suspenda la ejecución de una orden emanada de un alcalde o un gobernador o proceda a poner en entredicho una sentencia judicial arbitraria proferida por su inferior jerárquico.

El Congresito entró ayer en la segunda sesión de discusiones sobre el proyecto de Ley que reglamenta la Acción de Tutela, y otra vez las sentencias judiciales volvieron al primer punto del orden del día.

La idea de que la Corte Constitucional entre a revisar las sentencias en que pueda existir violación de un derecho fundamental tiene aún severas resistencias.

En concreto, los comisionados Rodrigo Llorente (conservador independiente) y Aníbal Fernández de Soto, del Partido Social Conservador (PSC), virtualmente anunciaron voto su voto en contra.

Los comisionados se inclinan a pensar que por vía de la acción de tutela y en nombre de la defensa de los derechos constitucionales, la Corte Constitucional podría convertirse en la práctica en una tercera instancia.

En particular, cuando el nuevo tribunal entre a revisar, en nombre de la violación de un derecho, las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o los tribunales superiores y contencioso administrativos.

Con todo, en palabras del comisionado del Movimiento de Salvación Nacional (MSN), Guillermo Nieto la comisión debe buscar la forma de que el recurso de tutela proceda respecto de sentencias judiciales .

En concepto de Nieto existe siempre la posibilidad de que los jueces puedan culminar produciendo decisiones arbitrarias y frente a esa posibilidad debe existir una instancia de control.

El comisionado liberal, Germán Sarmiento Palacio, fue más directo: La Corte Constitucional es la máxima instancia en la salvaguarda de la Carta y los derechos constitucionales que esta contiene .

En ese sentido, cuando una sentencia puede afectar un derecho fundamental, es obvio que exista revisión de la misma por parte de la Corte Constitucional . Factor operativo La otra arista de controverisa se situó en el terreno de la operatividad práctica que tendrá el recurso de tutela.

Apoyado en un estudio del comisionado Juan Manuel Charry (MSN), el conservador Hernán Vallejo Mejía, intentó demostrar que el recuso de tutela podría encontrar severos obstáculos. En particular, en virtud de la congestión actual de los despachos judiciales.

Solo en España y México los tribunales han recibido 34.734 solicitudes de amparo de derechos ciudadanos y solo se han fallado, en promedio, seis mil cada año , dijo Valllejo.

Nieto abordó otro tópico: la real operatividad de la acción de tutela por fuera de los horario judiciales, días festivos o períodos de vacancia judicial.

Lo mínimo que puede hacer el Gobierno dijo es comprometerse a reglamentar el servicio y garantizar que el ciudadano pueda contar con un juez en cualquier momento .

El debate se realizó ayer en jornada continua ante la presión que confronta la Comisión Legislativa.

El Congresito tiene que evacuar en menos de 27 días medio centenar de proyectos de Ley, que involucran desde expropiación sin indemnización en el caso de Cusiana, hasta el Código de Procedimiento Penal y la organización de la Fiscalía General de la Nación. Recurso contra los particulares La Acción de Tutela procederá también frente a acciones u omisiones de particulares.

El proyecto prevé que la acción se podrá interponer cuando el particular esté a cargo de servicios públicos como educación y salud.

Así, el rechazo de un alumno potencial en razón de raza, ideología, etc, se considerará violatorio del derecho a la igualdad y otorgará derecho a recurrir en tutela y obtener el ingreso del estudiante originalmente marginado.

A la vez, la acción será viable cuando el particular esté cumpliendo funciones públicas. Por ejemplo, el caso de un ciudadano convocado a actuar como jurado de votación que, en uso de esa atribución, impide sufragar a un ciudadano.

El afectado podrá obtener el inmediato restablecimiento de su derecho al voto por parte de los jueces.

Finalmente, cuando el particular esté a cargo de servicios públicos domiciliarios, recolección privada de basuras o servicios de telecomuniciones, agua y luz, el afectado por la falta o deficiencia del servicio podrá interponer la tutela argumentando, por ejemplo, amenaza al derecho a la salud por falta de agua o mal procesamiento de ésta.

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