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La mamá de Tarzán

La mamá de Tarzán

Las lentitud de los magistrados es ya morosidad consuetudinaria, sin que el Consejo Nacional de la Judicatura se arriesgue a intervenir para sancionarlos -como lo hacen con jueces perezosos de menor rango- por temor a que lo ‘desconstitucionalicen’.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
25 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Como no conocen el Estado sino desde el balcón de los códigos, muchos integrantes de la Corte ignoran cómo funciona. Sólo así se explica que detengan la ejecución del presupuesto desde el 28 de noviembre (seis meses antes de las elecciones).

Quien haya tenido responsabilidades como ordenador del gasto sabe que diciembre es el mes de la contratación, cuando hay que disponer del saldo de las partidas asignadas por el Congreso para programas esenciales, si bien que, a veces, de estudio tardío.

En aras de una supuesta imparcialidad, la Corte deja saber -por la vía de un escueto comunicado de prensa- que considera improcedente que el Gobierno disponga ágilmente de los recursos que ya otorgó el Legislativo.

La medida es de dudosa eficacia para efectos frente a maniobras proselitistas, pero amarra funcionarios leales que, sin pensar en elecciones, velan lealmente por la educación, la salud y el bienestar de los colombianos más necesitados.

En cambio, los magistrados, demostrando torpe desconocimiento del rodaje gubernamental, dejan los recursos de crédito por fuera del control prematuro. Si lo que pretenden es tapar supuestas fugas con propósito electoral, han dejado abierta la exclusa madre.

En el fondo, todo proviene de considerarse la mamá de Tarzán en vez de falibles colaboradores en la tarea de gobierno. Abarcan mucho y aprietan poco. Tienden a saber de lo que no saben -como se ha observado de manera protuberante en algunas sentencias con contenido económico. Los jueces son abogados, y como ilustres juristas ascienden a las altas cortes. Su oficio es interpretar textos, no inventárselos.

Pero cuando llegan a la Corte Constitucional, les entra la rasquiña por exceder su mandato. Legislan, y poco falta para que gobiernen por la vía de amenazar con desacato. Charles de Secondat, barón de Montesquieu da vueltas en su tumba.

Se les eleva a la alta investidura para vigilar desde una atalaya que los otros poderes cumplan su deber dentro de estrictos cánones constitucionales, pero cuando entran en sala reciben, como los apóstoles, la sabiduría del Espíritu Santo. Quitan, añaden y maquinan. Los colombianos están convencidos, afortunadamente, de la majestad de la ley. Ese es quizá uno de los pilares de la nacionalidad, que aglutina un país culturalmente muy disperso.

La Constitución le da forma corpórea a la aspiración colectiva de regirse por textos ante los que todos se inclinen. Eso es estar de acuerdo sobre lo fundamental, como cuando la ‘Chiqui’ del M-19, durante la toma de la embajada de la República Dominicana, consultaba una copia de la Constitución para cerciorarse de que era constitucionalmente lícita la entrega del millón de dólares que el M iba a robarse por liberar los rehenes.

Incomoda el que magistrados en el pináculo de la arquitectura jurídica, en los que los colombianos han depositado su confianza, pongan la Constitución a decir lo que se les da la gana, y lo que es igualmente pernicioso, sólo a la hora que se les da la gana.

Don Sancho, mientras arengaba sus bisoñas milicias contra los piratas franceses que asediaban el fuerte de San Luis de Bocachica en 1697, invocaba a Dios y a su rey. No le cabía duda que toda cédula real contenía la bendición del derecho divino a reinar y, por lo tanto, había que acatarla, aunque no siempre obedecerla.

Le hubiese dado un ‘patatús’ afrontando las incertidumbres jurídicas del Nuevo Reino de Granada en el siglo XXI. ¡Oidores de la Audiencia de Santa Fe suplantando la autoridad legislativa de su Carlos II, tarado, pero rey! ¡Válgame Dios! .

Rodolfo Segovia Ex ministro. Historiador

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