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Una ley en el limbo

Una ley en el limbo

(EDICIÓN BOGOTÁ) (EDITORIAL DIARIO 1-22) La Corte Constitucional ya decidió sobre la constitucionalidad de la Ley de Garantías electorales, dándola por buena en lo esencial. Pero no se conocen el texto de la decisión ni el contenido real de la sentencia. Se sabe apenas lo que su presidente comentó en rueda de prensa, y los asuntos fundamentales del fallo son aún un misterio para el Gobierno, para las autoridades electorales y para quienes se dedican al oficio de la política.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
24 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Las consecuencias de la mala costumbre de la Corte de comunicar sus fallos y solo varias semanas después redactar las sentencias son muy negativas. Nadie tiene claro, por ejemplo, cómo será la financiación de las campañas y el alcance de las restricciones, si habrá o no anticipos y si tendrán derecho a los mismos los precandidatos o solamente los candidatos definitivos de cada partido, o cómo se hará la reposición monetaria por cada voto emitido. O si son posibles las coaliciones de diferentes movimientos y partidos sin que ello suponga la pérdida de las personerías jurídicas de quienes se coaliguen. O cuáles fueron las razones de la insólita prohibición según la cual solo las personas naturales pueden aportar a las campañas, pero no pueden hacerlo las empresas y otras personas jurídicas. O qué ocurrirá después del 28 de noviembre en materia de nombramiento de funcionarios públicos.

Hay quienes dicen que el “congelamiento” de la nómina que ordenó la Corte se extiende a los cargos de libre nombramiento y remoción, de manera que para esa fecha tendrían que haber renunciado todos los que aspiren a puestos públicos o a hacer parte de la campaña del Presidente (que, además, según lo que se sabe, no podrá empezar sino dentro de dos meses), porque de otra manera no podrán llenarse las vacantes dejadas por ellos hasta cuando la elección esté decidida.

Hay otros que sostienen que eso sería absurdo y tendría como consecuencia la pérdida real de gobernabilidad. Parecen asuntos meramente técnicos, pero tienen efectos políticos y prácticos de enorme magnitud en unas elecciones que se estrenarán en materia de reforma política y reelección presidencial.

Las preocupaciones se extienden a la información y cobertura periodística.

¿Cuál es el alcance, por ejemplo, de la decisión de darles el mismo espacio en los medios electrónicos a todos los precandidatos y al Presidente de la República? ¿Significa que hay que cubrirlos a todos y por igual, aunque sus propuestas sean irrelevantes o nulo su peso político? ¿Cuál sería la sanción si algún medio no cumple? ¿Y cómo y quién definirá el incumplimiento? ¿Cómo operará el famoso “derecho de réplica”? ¿Quiere esto decir que cualquiera que se sienta aludido por una declaración presidencial puede pedirla? ¿Podrá hacerlo el Presidente, si fuera él el ofendido? ¿Metió la Corte la censura por la puerta de atrás al prohibir la publicación de encuestas en la semana previas a las elecciones? Son todas preguntas hoy sin respuesta, por cuenta de la ‘mañita’ de la corporación de no redactar sus sentencias sino después de hacerlas públicas.

No conocer los textos de los fallos no era problema cuando la Corte se limitaba a declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de alguna norma. El asunto era un poco más difícil, pero superable, cuando se aplicaba la técnica de “modulación” y el tribunal decidía, frente a varias interpretaciones posibles de la norma, cuál era la que se ajustaba a la Constitución. Entonces bastaba con que aclarara cuál era la plausible. Pero ahora la Corte ha extendido aún más sus competencias, al hacer normas legales cuando cree que hay un vacío normativo o que la norma expedida por el Congreso es insuficiente. Fue lo que pasó con ocasión de de su fallo sobre la Ley de Garantías.

No se trata de pronunciarnos aquí sobre la juridicidad, conveniencia o inconveniencia de esta extensión de competencias. Esa es tarea para otras tribunas. Pero sí resulta lógico pedirle a la Corte que, si ha decidido caminar por esos senderos, asuma sus consecuencias plenamente y con responsabilidad. Es difícil entender que ahora legisle y, por cuenta de su silencio, los ciudadanos no conozcamos de inmediato la naturaleza y alcance de nuestras obligaciones legales. Sobre todo en una coyuntura política y electoral tan crítica como la presente.

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