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Estado ‘de hecho’

Estado ‘de hecho’

No deja de ser paradójica la forma en que ciertos temas entran de golpe en la agenda del debate público en Colombia. En el curso de pocos días, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha decidido, por distintos motivos y justificaciones, despojar de la licencia o amenazar con hacerlo a tres personajes o empresas que manejan grupos de seguridad privada. Pero lo principal no son esos casos específicos, sino el fenómeno que representan.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
17 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Paradójico es, por ejemplo, amenazar al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza –como lo hizo el viernes la Superintendencia–, con retirar la licencia de sus 677 hombres armados si a 31 de diciembre no han prestado “apoyo real” para controlar los explosivos que se compran para las minas (nueve cajas se ‘perdieron’ misteriosamente en estos días) y erradicar 5.000 hectáreas de coca sembradas en su zona de influencia. Es cierto que los esmeralderos controlan su región, pero no deja de ser curioso el caso: si hubiese pruebas de su participación en el narcotráfico, lo que habría que hacer no es desarmarlos, sino meterlos a la cárcel. Pero, mientras no las haya –gusten o no Carranza y sus métodos–,es insólito condicionar sus salvoconductos a que hagan lo que el Estado debería estar haciendo: limpiar de coca a Boyacá.

No sobra recordar la cruenta guerra que, a finales de los 80, libraron esmeralderos y coqueros cuando uno de los grandes capos de entonces, Gonzalo Rodríguez Gacha, el tristemente célebre ‘Mexicano’, quiso entrar a sangre y fuego en la zona esmeraldífera.

Al ultimátum dado a los esmeralderos se sumó la suspensión de licencias de dos grupos de seguridad privada. Uno está compuesto por 132 escoltas y 150 armas de cuatro empresas en las que tiene intereses Enilse López, la ‘Gata’, la conocida empresaria del chance en la Costa. El otro lo constituyen 20 escoltas de la familia Dávila Armenta, en el Magdalena, dos de cuyos miembros están procesados por narcotráfico. Y vienen más cancelaciones.

Más allá de las razones que asisten a la Superintendencia para lanzar este tipo de medidas –al parecer justificadas por irregularidades en el caso de las empresas de la ‘Gata’; más polémicas en el de los esmeralderos–, lo que ponen en primer plano es la existencia en el país de un fenómeno que trasciende la seguridad privada ‘normal’. Una cosa son los departamentos de seguridad de las empresas, o compañías y cooperativas de vigilancia privada que prestan celadores al sector residencial o empresarial, y otra muy distinta, organismos armados que, con la etiqueta de departamentos de seguridad, son, de hecho –y de derecho, porque cuentan con licencias–, verdaderos ejércitos al servicio de particulares.

Si el paramilitarismo ha sido la expresión ilegal (con poderosos respaldos bajo la mesa) de la privatización de la seguridad en Colombia, ejércitos como el de Carranza o la ‘Gata’ son la cara legal del fenómeno. En total, en Colombia hay unas 2.000 compañías y cooperativas de seguridad privada, que emplean a 200.000 personas, y 1.200 departamentos de seguridad que tienen licencia de la Superintendencia, con 10.000 hombres y 12.000 armas amparados. Oficialmente. Porque es preocupante la ilegalidad que ronda al sector, el cual se presta para todo tipo de trampas. De febrero del 2003 a hoy, la Superintendencia ha cancelado o dejado de otorgar 656 licencias a empresas y departamentos de seguridad y a carros blindados.

La cuestión es, pues, de fondo. Semejante profusión de grupos armados privados legales es una prueba más de lo lejos que ha llegado en Colombia la pérdida del monopolio que todo Estado que se respete debe tener de la fuerza y de las armas. La amenaza que se hizo a Carranza es, en últimas, muestra de la debilidad del Estado en Boyacá. Más que discutir si se lo obliga a erradicar coca so pena de dejar a sus guardias sin licencia, lo que urge son medidas para acabar con esos ejércitos particulares. Decisión elemental para pasar del Estado ‘de hecho’ al de Derecho

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