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Garantías y galimatías

Garantías y galimatías

Siguen las reacciones al fallo de la Corte Constitucional -cuyo texto completo no se conoce aún- sobre el proyecto de ley estatutaria, que dentro del marco de la autorización de la reelección inmediata del Presidente, estableció las ‘garantías’ para los aspirantes a la primera magistratura, en plan de competir con el ‘Presidente-Candidato’. Como siempre, ha habido toda clase de declaraciones, atinadas unas, tontarronas otras, y una que otra altisonante. En la medida en que la Corte aumenta las limitaciones para el Presidente, otra vez se ha vuelto a hablar del ‘gobierno de los jueces’.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
16 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

El presidente del neo partido de la ‘U’, el fiel dirigente liberal Juan Manuel Santos ha salido a decir palabras más palabras menos que el Tribunal Constitucional se "salió de madre", y que está sustituyendo al Congreso en su función legislativa. Pienso que por la airada reacción de los uribistas -incluso cuando la Corte aprobó la reelección- a esta última, le puede pasar lo que le sucedió a la Corte Suprema en 1990. En esa ocasión por la ‘presión popular’, y con la mira puesta en la paz, autorizó la extraña manera de cambiar la Constitución a través de un decreto de Estado de sitio. Elegida la Asamblea Constitucional -que luego se autoproclamó constituyente- redujo sensiblemente las funciones y poderes de la Suprema Corte de Justicia. En un posible segundo gobierno de Uribe, los poderes de la actual Corte Constitucional pueden estar ya en la mira. Basta con leer o escuchar a Juan Manuel Santos, y a su ahora coequipero uribista Enrique Gómez Hurtado.

También se han planteado inquietudes sobre de dónde se sacaron las cifras sobre topes de campaña, reduciendo los que tienen que ver con el Presidente titular.

Lo mismo se ha dicho en relación con la financiación. Hay una cifra que se entrega previamente a los candidatos de los partidos, que según el acuerdo del ministro Sabas con Navarro y Petro, es de cuatro mil millones de pesos.

¿Cuando los partidos tienen ‘precandidatos’, también tienen derecho a esa cifra? Todo parece indicar que no, pues todavía no son candidatos oficiales de sus partidos. Y si se permitiera darles a los precandidatos, ¿no se multiplicaría su número, no sólo en el liberalismo, sino en las demás agrupaciones políticas? De otro lado, ¿será suficiente que se diga en el fallo que salvo el Presidente, los demás funcionarios públicos no pueden intervenir en política? ¿Cómo entender que si el jefe está de candidato, ministros y demás empleados que de él dependan, se porten en las elecciones como monjes de clausura? Igualmente resulta difícil establecer la distinción entre Presidente y candidato, cuando se trata del uso de bienes oficiales o de cubrimiento por parte de los medios. ¿Cuándo el avión presidencial transporta al candidato, y cuándo al Jefe del Estado? De la misma manera, ¿si los medios cubren un evento en que participa el Presidente, ¿lo están impulsando como candidato? En un régimen tan marcadamente presidencial como el nuestro, la persona y los actos del Presidente siempre son y serán noticia. Si el Jefe del Estado asiste al sacrificio de una vaca en Córdoba, o al nacimiento de una gata en Bolívar, eso será un hecho noticioso que los medios no pueden ignorar. No sería lo mismo si en los dos casos quien asiste es un candidato no ungido de la investidura presidencial.

Por eso el debate de ahora es relativamente intrascendente. Pueden ponerse todas las barreras. La gran ruptura histórica e institucional se produjo cuando sin querer queriendo, y luego con el beneplácito del Congreso primero y de la Corte después, se autorizó a un presidente para que a mitad de camino cambiara la Constitución en su propio beneficio. El resto es literatura. Y no de la buena

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