OTRO PROYECTO DEL GOBIERNO PRO APERTURA SIN LÍMITES, LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LOS BANCOS

OTRO PROYECTO DEL GOBIERNO PRO APERTURA SIN LÍMITES, LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LOS BANCOS

El Gobierno propuso ayer al Congreso novedosos cambios al sistema financiero colombiano, que incluyen la despenalización de delitos por la captación ilegal de dinero y la ampliación de la inversión extranjera hasta el ciento por ciento en bancos y corporaciones. La acción penal no se contemplaría si quien capte dinero del público en forma habitual y masiva repara integralmente todos los daños y perjuicios que eventualmente genere.

06 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

Se acabaría con la fórmula de nacionalización hacia el futuro prevista en el Decreto 2920 de 1982, a través de la cual el Estado asume, con altos costos sociales, las obligaciones y re cuperación de entidades financieras que entren en crisis.

En cambio, se fortalecería el proceso de oficialización para eventuales casos de quiebra, con lo cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se convierte en socio de la entidad en dificultades, suscribiendo acciones.

También, el Gobierno abrió las puertas para acabar con el seudomonopolio que ejercen determinadas instituciones del sector, a través de mercados cautivos, dada su especialización.

Es decir, no habrá en el sistema las segmentaciones que se acostumbran actualmente: banca para agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales. Todos competirán.

Igualmente, los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial podrán extender sus actividades a servicios de leasing (arrendamiento de maquinaria y equipos), administración de fondos de pensiones y cesantías, fiducia, depósito de mercancías e intermediación en las bolsas de valores.

Para operar en estos renglones, cada institución deberá crear sociedades filiales que cumplan cada uno de estos objetivos sociales.

Se establecen medidas para permitir la fusión y cesión de bancos o corporaciones y mayores facilidades para reprivatizar aquellas entidades que cayeron en manos del Estado, durante los inicios de la anterior década.

El proyecto, que fue presentado por el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, a la Secretaría General de la Cámara de Representantes, es parcial y complementa las acciones del Gobierno contempladas en el proceso de apertura económica.

La iniciativa reforma sustancialmente el régimen actual del sector asegurador, al darle cuerpo legal a la modernización del mismo. Se procurará la libre competencia y la innovación.

En este sentido, el Estado reconocerá la autonomía de gestión del empresario, buscando que sea él quien diseñe sus productos, pólizas y tarifas, sin requerir la previa autorización gubernamental.

Sinembargo, el Ministro indicó que el asegurador deberá observar la ley y los principios técnicos connaturales a esta actividad, todo lo cual revertirá en mejores condiciones económicas y de cobertura para la población usuaria .

Este tipo de firmas deberán, sinembargo, ceñirse a estrictas medidas de cumplimiento para con el asegurado, pues de lo contrario tendrán que reconocer altos cotos.

El superintendente bancario, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue uno de los gestores de la iniciativa, dijo que en caso de que el asegurador no cumpla con los pagos de pólizas dentro de los períodos establecidos, deberá reconocer al usuario un interés hasta el doble bancario máximo legal .

El seguro de responsabilidad civil también es objeto de distintas variaciones estructuradas con la perspectiva de que su régimen sea de protección al usuario para facilitar el pago de las indemnizaciones a las víctimas.

Según reza la exposición de motivos, de esta forma se otorga la posibilidad de hacer recaer directamente en el asegurador la responsabilidad civil y no sobre quien causó el daño.

Así, se enmienda la situación actual por la cual, no obstante la existencia de un seguro de responsabilidad civil, el damnificado debe intentar el reconocimiento de los respectivos daños frente a quienes los generó y no respecto del asegurador .

A nivel general, el proyecto establece una serie de normas claras para evitar que las distintas instituciones financieras aumenten el cobro de intereses, al utilizar interpretaciones disímiles de las normas.

Los revisores fiscales deberán acreditar ante la Superintendencia Bancaria idoneidad profesional, y no se permitirá la concentración de créditos, con el fin de diversificar los riesgos.

La Junta Monetaria, como entidad encargada de diseñar la política crediticia, tendrá la responsabilidad de fijar límites para las operaciones de crédito y puede establecer restricciones en función de una sola persona o de grupos o categorías de personas.

Tanto el Ministro como el Superintendente Bancario manifestaron que la intención del Gobierno es modernizar el sistema financiero, ponerlo a tono con los avances internacionales y fortalecerlo para que forme parte del proceso de apertura económica.

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