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PROCESOS / HAN SIDO RESUELTAS MÁS DE 25 DEMANDA S CONTRA LA NACIÓN Condenas por el holocau

PROCESOS / HAN SIDO RESUELTAS MÁS DE 25 DEMANDA S CONTRA LA NACIÓN Condenas por el holocau

El 20 de agosto de 1994 el Consejo de Estado abrió la primera puerta para que a través de unas 25 demandas, la Nación pagara millonarias indemnizaciones a los familiares de los civiles muertos en el Palacio de Justicia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
06 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Esa es la única manera en que el Estado le ha respondido a los afectados por ese hecho, porque en el campo penal y disciplinario la Justicia, en 20 años, no ha podido condenar ni a ex guerrilleros, ni a agentes del orden involucrados en la contratoma de la edificación, en la que murieron 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En promedio cada condena osciló entre los 500 y 1.000 millones de pesos. Los familiares de los otros fallecidos también demandaron y ganaron, pero sobre ellos no hay certeza de cuánto recibieron.

En ese sentido, algunos juristas consideran que las condenas superarían los 10 mil millones.

El indulto al M-19 Unos millones más, unos millones menos, lo cierto es que los principales responsables fueron perdonados en favor de la paz.

El proceso penal contra miembros del M-19, que se encaminaba a una condena, terminó porque fueron indultados en un proceso que empezó en el gobierno Barco.

En esa época, julio de 1990, el M-19 pidió públicamente que los militares que participaron en la operación de rescate fueran perdonados. “Asumimos nuestra parte de responsabilidad en los hechos”, dijo entonces Antonio Navarro Wolf, hoy senador y candidato presidencial.

La primera condena favoreció a los familiares del magistrado Carlos Medellín, y entonces la Justicia dijo que el Estado incurrió en evidentes fallas del servicio que, en primer lugar, permitieron la toma de la edificación y, en segundo término, originaron errores en el operativo de recuperación del sitio.

En esa oportunidad, el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar a los familiares del inmolado más de 335 millones de pesos.

“Pero esa fue una de las más baratas. De ahí en adelante hubo condenas de 800 y 1.000 millones en especial a las familias de aquellos magistrados que tenían hijos pequeños”, contó el ex ministro Carlos Medellín, hijo de uno de los juristas inmolados.

Luego de dos décadas, la Corte Suprema creó esta semana una comisión de la verdad para establecer los detalles de la toma. Su reto es resolver las preguntas que aún no tienen respuestas.

EL ALUMNO QUE LOS SECUESTRÓ Al frente del comando del M-19 que ejecutó la toma al Palacio de Justicia se encontraba Andrés Almarales, un curtido combatiente guerrillero y exalumno de varios de los magistrados inmolados.

Junto con él integraban el grupo Luis Otero, Alfonso Jacquin, Luis Elvencio Ruiz y Ariel Sánchez, junto con otros 35 combatientes.

Almarales murió, al parecer, dentro de la edificación el día de la toma.

Pero su esposa, María Rodríguez, y el senador Gustavo Petro sostienen que hay testigos que lo vieron salir vivo y haciendo con una de sus manos la ‘V’ de victoria.

Los mismos testigos aseguran que después de salir las autoridades lo montaron en una ambulancia. Terminada la retoma, el cadáver de Almarales apareció en el palacio con un tiro que le atravesó la cabeza a nivel de la sien.

Su esposa sugiere que fue asesinado, toda vez que, según ella, en un estado de confusión como el de la retoma era imposible que un disparo fuera tan preciso. Un periodista que debió exiliarse por amenazas aseguró que lo mataron en la ambulancia y regresaron su cuerpo al palacio.

GENERAL (R) ARIAS FUE RESTITUIDO A finales de 1990, la Procuraduría destituyó al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13, por la operación de contratoma del Palacio de Justicia.

El fallo señaló que el oficial violó el derecho de gentes cuando comandó esa operación. Esa fue la única decisión disciplinaria que tomó la justicia colombiana.

Once años después, en el 2001, el Tribunal de Cundinamarca anuló la sanción porque consideró que cuando se inició la investigación ya había transcurrido el plazo estipulado por la ley para realizarla.

En el 2003 el Consejo de Estado ratificó la decisión que no solo tumbó el fallo sancionatorio, sino el decreto del gobierno que destituyó nominalmente a Arias Cabrales de su cargo.

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