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Un sindicalismo olvidadizo

Un sindicalismo olvidadizo

Con ocasión de la visita tripartita de alto nivel de la OIT, en una columna, el lunes (‘La legalidad internacional’), el subdirector de la Comisión Colombiana de Juristas, Carlos Rodríguez Mejía, propuso una controvertible tesis acerca de los derechos sindicales en Colombia. Según él, el Gobierno, por incumplir convenios internacionales de tipo laboral, pierde credibilidad y legitimidad.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
05 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Habilidosamente, sostuvo que cuando en junio el Consejo de Administración de la OIT acogió las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en relación con el sindicato de Ecopetrol y su huelga del 2004, estaba ratificando su reiterado reproche respecto del desconocimiento de los derechos sindicales por parte de este y otros gobiernos.

Presentó la adopción de la recomendación como una condena al Estado colombiano equiparable a una decisión judicial internacional, olvidando que varios expertos consideran que las recomendaciones de los órganos de control de la OIT no son vinculantes para los Estados. Al consultar los orígenes mismos del Comité de Libertad Sindical no se evidencia que a este se le hubiese otorgado el mandato de adoptar ‘resoluciones’ con ese carácter.

Olvida que algo dista la realidad de Cundinamarca de la de Dinamarca y audazmente propone como modelo para Colombia adoptar la noción europea restringida de servicio público esencial, conforme a la cual nuestros legisladores, jueces y autoridades administrativas deberían acoger sin reservas la legalidad de las huelgas de controladores aéreos, educadores, transporte urbano, de producción y de distribución de hidrocarburos, entre otros.

En nuestro país se encuentra plenamente garantizado el derecho de asociación y de negociación colectiva, elevados a rango constitucional en 1991.

Trabajadores y sindicatos cuentan con mecanismos para desarrollar la actividad sindical y el instrumento de la huelga tiene definido un claro ámbito constitucional y legal. Ahora bien, como en todo Estado Social de Derecho, los derechos de los sindicatos encuentran límites establecidos por la Constitución y la Ley con el propósito de hacer efectivos derechos e intereses generales de la comunidad frente a pretensiones y presiones de minoritarios y privilegiados grupos sindicales con enorme capacidad de afectar a la mayoría en defensa de sus muy particulares intereses.

El autor olvida que la Corte Constitucional determinó que las actividades de explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados resultan básicas para otras actividades esenciales, como transporte o generación de energía, para asegurar a la comunidad el disfrute de derechos fundamentales, por lo que constituyen un servicio público esencial.

Importa resaltar que son la realidad y las condiciones propias de cada país los elementos determinantes para considerar una actividad como servicio público esencial a efecto de restringir el ejercicio del derecho de huelga, situación que en definitiva es la que atiende nuestra legislación nacional, ha desarrollado nuestra Corte Constitucional y aplica el Ministerio de la Protección Social en casos concretos como la huelga en Ecopetrol.

Pregunta el columnista: ¿cuándo el Gobierno va a cumplir y a revocar la resolución que declaró la ilegalidad de la huelga de la USO del 2004? ¿Cuándo la empresa va a reintegrar a todos los trabajadores despedidos y cesar de perseguir a los que ejercieron el legítimo derecho de huelga? ¿A qué “legalidad” se refiere, si respecto del asunto de esa huelga hay más de dos decisiones legales en firme? ¿Qué reintegros pretende? Los que ordenó el Tribunal convenido entre empresa y sindicato ya se dieron y los que no se hicieron corresponden a los que el propio Tribunal consideró despidos legítimos ajustados a derecho.

* Consultor laboral Ecopetrol

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