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El embrollo legislativo

El embrollo legislativo

He estado analizando un documento del Cede -Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes- sobre la situación de los ingresos por impuestos municipales en Colombia. He quedado asombrado por el embrollo legislativo que se ha acumulado sobre esta materia.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
03 de noviembre 2005 , 12:00 a. m.

Varios colombianos destacados han clamado por austeridad legislativa.

Recuerdo entre ellos a Juan Camilo Restrepo que hace varios años solicitaba reducir la fertilidad normativa. Pero esto ha sido inútil. Sigue la catarata desbordada, a diario se producen normas de todos los orígenes, leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos.

¡Pobres funcionarios públicos! Compadezco en primer término a los alcaldes.

Aun con la ayuda de muchos asesores nunca podrán saber cuáles son las normas que deben regir cada una de sus funciones. Estas empezaron a fijarse en artículos de la Constitución del 91, luego en la Ley 60 de 1993 por la cual se dictaron "normas orgánicas sobre la distribución de competencias", y otras leyes como la 715 de 2001, la 115, 136 y 142 del 94, y la importante 715 del 2001.

Los alcaldes tienen que ocuparse de áreas tan variadas como los serviciospúblicos, el sector agropecuario, el transporte, vías públicas, instalaciones portuarias, problemas ambientales, obras de descontaminación de corrientes o depósitos de agua, irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra inundaciones, adecuación y manejo de cuencas hidrográficas, centros de reclusión, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, atención a grupos vulnerables y muchísimas más que no menciono por falta de espacio. Con razón el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo ha dicho, que creía que su trabajo iba a ser difícil, pero no tanto. Está agobiado. Tema caótico por excelencia es el de las transferencias.

El Art. 357 de la C. del 91, adicionado por el Acto Legislativo 01 ordenó que: "Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la nación.

La ley a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje de la participación. Los recursos provenientes de la participación se distribuirán: el 60 por ciento en proporción a los habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y administrativa, asignando un porcentaje a los municipios menores de 50.000 habitantes. La ley dispondrá que un porcentaje de esos ingresos se invierta en zonas rurales. Cada 5 años, la ley podrá revisar estos porcentajes. Luego se encuentra el enredado parágrafo que reza; "La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación se incrementará, año por año, del 14 por ciento de 1933 hasta alcanzar el 22 por ciento, como mínimo en el 2001. La ley fijará el aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades de inversión de los municipios. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente aplicación de recursos y, en caso de mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley". El parágrafo excluye de la participación a los nuevos impuestos cuando el Congreso lo ordene y dice que los municipios de categorías 4ª. a 6ª., podrán destinar libremente hasta un 15 por ciento de los recursos que perciban por esta participación. Siguen dos parágrafos que detallan las distribuciones crecientes de la participación hasta en un 85 por ciento en 1999, como para enloquecernos.

Para confundir más a todos los Apolinares el Acto Legislativo 1 del 2001 ordena transitoriamente que: "Durante los años comprendidos entre 2002 y 2008 el monto del Sistema General de Participaciones crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que aumentará en forma escalonada así: Para los años 2002, 03, 04 y 05 el incremento será de 2 por ciento; para los años 2006, 07 y 08 el incremento será del 2,55 y siguen más enredos y otras recetas de cocina, como para hacer perder la cabeza al más paciente de todos los funcionarios.

El documento del Cede prueba que los legisladores no ceden en su empeño y de seguir enredando la pita.

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